La situación financiera de Acuasan sigue generando preocupación en San Gil. Durante el debate de control político, concejales, directivos y sindicato expusieron versiones distintas sobre el estado real de la empresa, lo que abrió paso a la propuesta de una auditoría forense independiente.
Publicado por: Jorge Rios
Con pocos compromisos concretos y más dudas que certezas sobre el futuro de Acuasan quedaron los concejales de San Gil y la comunidad en general tras el esperado debate de control político realizado en el Concejo Municipal. En la sesión volvieron a quedar sobre la mesa las delicadas cifras financieras que ha registrado la empresa de servicios públicos durante los últimos dos años.
El debate sirvió para ratificar los resultados contables que ya habían sido revelados previamente por este medio y que muestran que la compañía cerró 2025 con pérdidas por $1.326 millones, después de haber registrado en 2024 un resultado negativo de $2.623 millones, tras un proceso de reexpresión contable. Esta última cifra corresponde al peor resultado financiero de su historia reciente.
Sin embargo, la sesión dejó abierta una nueva controversia. Mientras las directivas de la empresa defendieron los estados financieros oficiales, el sindicato Sintraemsdes presentó un análisis propio que llega a conclusiones diferentes y sostiene que Acuasan no estaría en déficit, sino en superávit.
Una auditoría para conocer la verdad
Ante la existencia de dos interpretaciones opuestas sobre la situación financiera de Acuasan, varios concejales coincidieron en que una auditoría forense contable y financiera independiente podría ayudar a aclarar la realidad de la empresa.
Al finalizar su intervención en el recinto municipal, en la que hizo lectura de su análisis económico, Ángela López Gámez, vocera regional de Sintraemsdes, sostuvo que lo más conveniente para la empresa sería realizar una auditoría forense a las cifras de la entidad de servicios públicos sangileña.
La iniciativa también fue respaldada por el presidente del Concejo, Juan José Muñoz Duarte, y por otros concejales.
“Esa fue una petición que le hicimos a la gerente y ella manifestó que es una posibilidad que se ha contemplado. Esperamos que se haga, porque es importante para despejar todas las dudas que hoy existen”, señaló el corporado.
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Además, el Concejo aprobó la creación de una comisión accidental que tendrá la tarea de hacer seguimiento a la situación financiera y administrativa de la empresa.
La pérdida de usuarios sigue golpeando las finanzas
Durante su intervención, la gerente de Acuasan, Diana Patricia Rojas Porras, reconoció que la empresa atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años, principalmente por la pérdida de usuarios del servicio de aseo.
Según explicó, actualmente la empresa factura a 13.965 usuarios de aseo, dentro de un universo cercano a los 25.000 usuarios existentes en el municipio.
“El usuario tiene derecho a decidir y muchos han escogido la otra empresa. Eso nos hace perder ingresos, mientras los costos de operación siguen siendo prácticamente los mismos”, explicó.
La situación podría agravarse en los próximos meses. De acuerdo con las proyecciones presentadas durante el debate, Acuasan podría quedar con apenas 11.477 usuarios de aseo una vez se materialicen nuevos traslados hacia la empresa privada.
La gerente indicó que entre 2023 y 2025 la empresa ha dejado de percibir cerca de $2.000 millones como consecuencia de la salida de usuarios.
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Un futuro aún incierto
Frente a las críticas, la gerente aseguró que la empresa viene adelantando diferentes estrategias para recuperar clientes, alcanzar el equilibrio financiero y le restó validez al informe sindical.
Entre las acciones para recuperar clientes, Rojas mencionó campañas de fidelización, visitas puerta a puerta, participación en actividades comunitarias y acuerdos operativos con la empresa competidora para optimizar rutas de recolección y barrido.
También reconoció que será necesario seguir revisando costos operativos y evaluar posibles ajustes para garantizar la sostenibilidad de la entidad.
No obstante, al finalizar la sesión quedó claro que las explicaciones entregadas no lograron despejar todas las inquietudes, sobre todo porque las quejas por la falta de acciones concretas en los últimos dos años, las multas y algunos contratos que se ejecutaron sobre los que persisten las dudas.
