El Consejo de Estado suspendió el concurso para elegir 329 notarios en Colombia mientras evalúa de fondo las alertas de la Procuraduría y la Contraloría.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el concurso público para asignar 329 notarías del país. El alto tribunal expidió una medida cautelar contra el acuerdo que fijaba las reglas de la convocatoria de los notarios, que se reanudaría el próximo 26 de junio. La notificación judicial se conoció durante una sesión del Consejo Superior de la Carrera Notarial.
El Consejo Superior de la Carrera Notarial lo integran cinco miembros: el ministro de Justicia, quien lo preside de manera permanente; los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; el procurador general de la Nación, y dos notarios públicos elegidos en representación del gremio. Además, el superintendente de Notariado y Registro asiste a las sesiones con derecho a voz, sin voto.
Además del limbo jurídico por la falta de transparencia documental, la Universidad Libre, operador del contrato de $8.127 millones, solicitó terminar su vinculación por la inestabilidad del cronograma.
La suspensión del Acuerdo 01 del 15 de agosto de 2025, mediante el cual se convocó al concurso, fue ordenada por el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves. Esta medida cautelar regirá mientras el alto tribunal resuelve de fondo las irregularidades que la Procuraduría y la Contraloría detectaron en el proceso. El Consejo Superior de la Carrera Notarial sesionará el próximo 2 de junio.
Además, se conoció que la Universidad Libre, institución encargada de ejecutar el concurso, solicitó la terminación del vínculo comercial de forma anticipada. En su petición formal, el contratista señaló que las alteraciones a las fechas originales afectaron las condiciones de ejecución, por lo que explicó que la ampliación introdujo “un escenario de ejecución que desborda de manera sustancial el marco de riesgos previsibles” asumidos, un hecho que configura una situación onerosa sobreviniente que rompe el equilibrio financiero y vuelve “jurídicamente inadmisible la continuación de su ejecución en las condiciones inicialmente pactadas”.
Investigaciones de la Procuraduría y la Contraloría
El cuestionado proceso para elegir a los notarios en propiedad, que no se realizaba desde hace una década, fue suspendido el pasado 9 de septiembre por orden del Ministerio de Justicia, días después de un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, que identificó posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad en este proceso de elección de notarios.
Al respecto, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública detectó una posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso para quienes están inscritos dentro del concurso, teniendo en cuenta que se les niega la posibilidad de interponer recursos tras las decisiones que se adopten en este.
Lo que también generó preocupación en la Procuraduría General de la Nación hace referencia a la presunta indebida convocatoria de las sesiones del Consejo Superior de la Carrera Notarial. Según advirtió el Ministerio Público, estas se habrían realizado por fuera de los términos establecidos en el acuerdo que las regula y, además, sin incluir el respectivo orden del día. A ello se suma que el cronograma que sustenta la inscripción de los participantes y que posteriormente da lugar a la conformación de la lista de elegibles habría sido elaborado con base en un acuerdo ya derogado por una norma expedida en 2025. “Esto podría afectar la legalidad del proceso”, advirtió en su momento la Procuraduría.
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La elección de 329 notarios en el país quedó suspendida luego de que el Consejo de Estado decretara una medida cautelar contra el acuerdo que reglamentó la convocatoria nacional adelantada por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.
Además, la Procuraduría hizo saber al entonces superintendente de Notariado, Roosevelt Rodríguez, que toda la documentación que debe soportar el proceso no se encuentra en el SECOP II. Esta es la plataforma transaccional obligatoria donde debe gestionarse toda la contratación pública. Al no encontrarse allí la información, se viola el principio legal de publicidad y se afecta la transparencia del proceso.
Por su parte, la Contraloría General de la República, el pasado 23 de abril, le comunicó al superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, graves inconsistencias halladas durante una auditoría al contrato de prestación de servicios Nº 2189 de 2025 con la Universidad Libre para realizar y ejecutar el concurso de notarios. Este contrato fue pactado a 13 meses, sin superar el 31 de diciembre de 2026, por $8.127 millones.
El informe de auditoría advirtió que “se evidenciaron deficiencias administrativas y disciplinarias en la gestión, supervisión, seguimiento y soporte de este contrato. La situación observada no se limita a retrasos aislados o a simples ajustes operativos, sino que muestra un conjunto de hechos recurrentes relacionados con la planeación insuficiente, inestabilidad del cronograma, indefinición de decisiones esenciales por parte del órgano rector del concurso, falencias en la supervisión, ausencia de trazabilidad de los entregables y debilidades relevantes en la organización, conservación y entrega de la información contractual y administrativa”.
Además, la Contraloría detectó una serie de graves fallas en la gestión documental y la pérdida de soportes documentales clave. Por ejemplo, se detectó la “ausencia de acta formal de entrega” y la inexistencia de documentos, actas y anexos que figuraban como supuestamente cargados en el sistema SECOP II, pero que no aparecen en la plataforma.
Para frenar el impacto de esta pérdida de información vital, se activó un requerimiento urgente al contratista y una revisión a los correos electrónicos de la anterior supervisora, en un intento por recuperar el rastro de los compromisos y decisiones que hoy se encontrarían en el limbo jurídico.
¿Cuántos notarios se elegirán?
En el país operan 920 notarías, organizadas en “círculos notariales” y distribuidas en primera, segunda y tercera categoría. Esta división, que no altera sus funciones de dar fe pública, responde a criterios administrativos, de volumen de trabajo y características socioeconómicas del municipio o círculo notarial donde se ubiquen.
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En la actualidad, 591 notarías tienen un titular seleccionado en propiedad. El actual proceso busca designar a 329 notarios. De ellos, 30 operan bajo la modalidad de encargo y 299 en interinidad. Cabe advertir que los notarios, al cumplir los 70 años, por norma deben abandonar su cargo.
Precisamente, según el artículo 131 de la Constitución Política y la Ley 588 de 2000, los notarios deben ser elegidos por méritos. Cuando no se cuenta con una lista de elegibles, los nominadores, es decir, el presidente de la República y los gobernadores, tienen la obligación de nombrar libremente notarios para garantizar la continuidad del servicio ante una vacante.
Un experto en temas notariales aseguró que el 60 %, aproximadamente, de las notarías en el país son subsidiadas por el 40 % restante para poder brindar un servicio con cobertura nacional. “De las 920 notarías, el 60 % de los notarios gana igual o menos que un juez municipal y el 40 % restante, que se encuentra en las ciudades capitales y más representativas de cada departamento, puede tener ingresos comparables a un juez de circuito o, en el mejor de los casos, a un magistrado. Solo cerca de 20 a 25 notarías en Colombia tienen ingresos por encima del promedio”.
