La operación comercial sigue activa mientras avanzan mesas de trabajo con el Gobierno.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La operación de las marcas Lili Pink y Yoi atraviesa uno de sus momentos más complejos desde que el Estado tomó el control de Fast Moda S.A.S., la empresa detrás de ambas cadenas comerciales.
Aunque las tiendas siguen funcionando, la incertidumbre comenzó a sentirse con fuerza entre centros comerciales, proveedores y aliados comerciales, que ahora buscan poner fin a sus contratos con la compañía mientras avanza el proceso judicial por presunto lavado de activos y contrabando.
La alerta más reciente la encendió la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que actualmente administra la operación de Fast Moda. Según los reportes oficiales, ya se presentaron 87 solicitudes formales para terminar de manera unilateral los contratos de arrendamiento de locales donde funcionan las tiendas de ambas marcas.
La preocupación crece por el impacto laboral
El temor principal del Gobierno es el efecto que una salida masiva de locales pueda tener sobre los trabajadores de la compañía.
La SAE advirtió que el cierre de establecimientos podría dejar sin empleo a cerca de 260 personas vinculadas directamente a la operación. La mayoría de ellas, según la entidad, son mujeres cabeza de hogar y madres de familia.
Además de los contratos de arrendamiento, varios proveedores también comenzaron a suspender servicios financieros, jurídicos y operativos relacionados con la empresa. Paralelamente, el Estado recibió 23 requerimientos de empresarios y operadores comerciales que solicitan aclaraciones sobre el proceso de extinción de dominio que enfrenta Fast Moda S.A.S.
Frente a este panorama, el Gobierno instaló mesas de trabajo permanentes con delegados del Ministerio del Trabajo para intentar garantizar la estabilidad laboral y evitar despidos masivos.
Desde la SAE insistieron en que los establecimientos continúan funcionando bajo parámetros de legalidad, transparencia y cumplimiento normativo.
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El desafío de mantener viva la operación
Actualmente, Fast Moda está bajo administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), mientras avanza el proceso judicial.
El Gobierno designó recientemente a Hernán Sebastián Ulchur como representante legal y administrador encargado de mantener operativa la compañía. Según se conoció, el funcionario adelanta un diagnóstico financiero, contable y operativo para determinar el estado real de la empresa y evaluar cómo sostener el negocio sin afectar a empleados y proveedores.
La intervención estatal comenzó después de los operativos adelantados por la Fiscalía y la SAE en más de 300 tiendas a nivel nacional, dentro de una investigación relacionada con presuntos delitos de lavado de activos y contrabando.
Mientras el proceso avanza, el principal reto para el Estado será mantener funcionando una de las cadenas más reconocidas del sector textil colombiano, en medio de la desconfianza que ya empezó a crecer entre arrendadores, entidades financieras y aliados comerciales.
