Demoras en beneficios legales y limitadas oportunidades de formación agravan la situación dentro del establecimiento.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La crisis del sistema penitenciario colombiano sigue lejos de resolverse. Así lo constató la Corte Constitucional durante una visita al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad El Barne, en Cómbita (Boyacá), donde encontró un hacinamiento del 40,1 % y serias dificultades en el acceso al agua para las personas privadas de la libertad.
La inspección hace parte del seguimiento al denominado “estado de cosas inconstitucional” en las cárceles del país, una figura jurídica que reconoce la existencia de violaciones masivas y estructurales de derechos fundamentales que el Estado aún no ha logrado superar.
La visita fue liderada por las magistradas Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, y Lina Escobar. También participó Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Sala Especial encargada de hacer seguimiento a esta problemática.
Falta de agua y hacinamiento siguen preocupando
Durante la jornada, los magistrados recorrieron ocho pabellones de alta seguridad y 12 de mediana seguridad. Además, sostuvieron encuentros con directivos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidades responsables de la vigilancia y la infraestructura del sistema.
La Corte también escuchó al personal médico y a los internos con el fin de contrastar la información oficial con las condiciones reales dentro del establecimiento.
Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la dificultad para acceder al agua potable. En el área de alta seguridad, los reclusos denunciaron que el suministro está limitado a determinados horarios del día, situación que los obliga a almacenar agua en recipientes improvisados durante varias horas para intentar cubrir sus necesidades básicas.
Según advirtió el alto tribunal, esta situación afecta directamente las condiciones mínimas de dignidad y supervivencia dentro del centro penitenciario.
🟣 Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional inspeccionó el establecimiento penitenciario del Barne, Cómbita, para verificar las condiciones de las personas privadas de la libertad
— Corte Constitucional (@CConstitucional) May 29, 2026
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A este panorama se suma la sobrepoblación. De acuerdo con la información entregada a la Sala Especial, actualmente El Barne alberga a 4.132 personas privadas de la libertad. Para la Corte, esta cifra evidencia que el hacinamiento continúa siendo un problema grave y que las medidas adoptadas para reducir la ocupación no han generado los resultados esperados.
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Demoras judiciales y resocialización en deuda
La Corte también identificó factores que van más allá de la infraestructura carcelaria. Durante la visita recibió múltiples quejas relacionadas con las demoras en los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.
Estos despachos tienen la responsabilidad de estudiar y conceder beneficios administrativos o subrogados penales. Sin embargo, según las denuncias conocidas por los magistrados, la lentitud en estos procesos mantiene en prisión a personas que ya cumplen con los requisitos legales para acceder a dichos beneficios, lo que contribuye a agravar la congestión en los establecimientos penitenciarios.
Otro aspecto que generó preocupación fue la limitada oferta de programas de educación, trabajo y formación superior para los internos. El tribunal advirtió que la falta de estas oportunidades pone en riesgo el propósito de resocialización que debe cumplir el sistema penitenciario y reduce las posibilidades de reintegración una vez recuperen la libertad.
Tras concluir la inspección, la Sala Especial formuló una serie de requerimientos a las entidades competentes para que adopten medidas orientadas a garantizar el acceso al agua, fortalecer la atención en salud y mejorar las estrategias de resocialización dentro del penal.
La visita dejó en evidencia que, pese a los esfuerzos institucionales anunciados en los últimos años, las dificultades estructurales que afectan a las cárceles colombianas continúan impactando las condiciones de vida de miles de personas privadas de la libertad.
