El encuentro tuvo lugar en el auditorio central de la Fiscalía, en Bogotá.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La revisión de la administración anterior ya tiene un nuevo documento sobre la mesa de la Fiscalía. Este martes 18 de agosto, el presidente Abelardo De la Espriella entregó a la fiscal general Luz Adriana Camargo el denominado ‘Libro Blanco’, que reúne más de 80 denuncias por presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro.
El encuentro tuvo lugar en el auditorio central de la Fiscalía, en Bogotá, y contó también con la presencia del procurador Gregorio Eljach y el contralor Jorge Eliécer Laverde.
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De acuerdo con el vicepresidente José Manuel Restrepo, los casos incluidos en el documento fueron recopilados como parte del llamado empalme anticorrupción y abarcan distintas entidades y sectores del Estado.
Entre los señalamientos expuestos aparece el manejo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según lo presentado por el Gobierno, la entidad habría realizado giros por $856.000 millones sin urgencia manifiesta y se habría perdido el rastro de $1,38 billones.
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El documento también recoge una denuncia sobre una supuesta nómina paralela de 900.000 contratos de prestación de servicios en el Ejecutivo. De la Espriella sostuvo que estas contrataciones representaron más de $5 billones para las finanzas públicas.
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A esto se suman cuestionamientos sobre las operaciones TES adelantadas por el Ministerio de Hacienda. La administración actual sostiene que estas operaciones habrían incrementado la deuda y reducido los plazos establecidos para su pago.
A esta hora llega el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, al búnker de la Fiscalía para entregar el ‘libro blanco’ a la fiscal Luz Adriana Camargo. El documento detallará los hallazgos de presunta corrupción que se habrían detectado durante el gobierno del… pic.twitter.com/MSlwIJ8Fiy
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 18, 2026
Los casos señalados también abarcan contratos del antiguo Ministerio de Igualdad, el programa Colombia Mayor y la Cancillería. Sobre esta última entidad, el Gobierno indicó que fueron suscritos 785 contratos por $83.000 millones antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. También señaló gastos por $8.500 millones destinados a sedes temporales.
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Ahora el documento queda en manos de la Fiscalía. Camargo explicó que el contenido será revisado mediante una valoración técnica y jurídica para establecer qué actuaciones corresponden y qué despachos deberán asumir cada caso.
La fiscal también recalcó que el análisis tendrá que hacerse con rigor probatorio y bajo el respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso.
De la Espriella, por su parte, sostuvo que su papel es trasladar la información a las autoridades competentes y que serán estas las que determinen si los hechos denunciados pueden constituir conductas delictivas.
