El organismo de control describió un escenario de “omisiones continuadas y progresivamente agravadas”.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La situación de Air-e durante el periodo en que estuvo bajo intervención estatal quedó bajo revisión de la Procuraduría General de la Nación. El organismo abrió una investigación disciplinaria contra cuatro funcionarios que tuvieron participación en ese proceso.
Entre los investigados está Edwin Palma, quien fue ministro de Minas y Energía durante el gobierno de Gustavo Petro y posteriormente ejerció como agente especial interventor de Air-e, empresa encargada de prestar el servicio de energía en la región Caribe.
La investigación también alcanza a los exagentes interventores Diana María Bustamante Rueda y Nelson Javier Vásquez Torres, además de Elmer Felipe Durán Carrón, quien se desempeñaba como superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios para la época de los hechos.
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La Procuraduría pretende determinar si las decisiones tomadas durante la intervención estuvieron relacionadas con posibles irregularidades administrativas y si pudieron incidir en el deterioro de las condiciones operativas de la empresa y en la prestación del servicio.
¿Qué encontró la Procuraduría durante la revisión?
El expediente surgió después de que una delegada de la Procuraduría elaborara un informe preventivo con fines disciplinarios sobre los diferentes periodos de intervención de Air-e.
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Al revisar ese proceso, el organismo de control describió un escenario de “omisiones continuadas y progresivamente agravadas” y señaló que, durante 16 meses, no se habría encontrado una solución empresarial para la compañía.
La situación financiera de Air-e también aparece entre los elementos que serán examinados. De acuerdo con el informe, la deuda pasó de $833.000 millones en febrero de 2025 a $2,23 billones en diciembre del mismo año.
El documento señala además que el índice de pérdidas aumentó del 29,37 % al 31,20 %. Durante la administración directa del Estado, el patrimonio neto de la empresa también pasó de positivo a negativo.
Estos aspectos hacen parte de los elementos que la Procuraduría deberá verificar dentro del proceso disciplinario.
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La revisión sobre los exagentes interventores contempla diferentes aspectos relacionados con el manejo de Air-e. Entre ellos están la ejecución del plan de inversiones, el índice de pérdidas, la gestión de contratos, los procesos judiciales, los pasivos ambientales y los reportes sobre algunos activos de la compañía.
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En el caso de Nelson Javier Vásquez Torres, el expediente registra una ejecución del plan de inversiones de apenas 5,4 %. También aparecen cuestionamientos relacionados con el índice de pérdidas, los contratos, los litigios, los pasivos ambientales y la información reportada ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
