Las actuaciones relacionadas con las interceptaciones ya han terminado en condenas contra integrantes de la Policía.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El caso que involucra a Laura Sarabia y a su exniñera Marelbys Meza podría entrar en una nueva etapa judicial. La Fiscalía General de la Nación estaría preparando la imputación de cargos contra la exembajadora por los hechos relacionados con el polígrafo al que fue sometida Meza en 2023.
La decisión, que todavía no se ha materializado, contemplaría tres delitos: abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal.
Mario Iguarán, abogado de Sarabia y exfiscal general, confirmó que hasta ahora la defensa no ha recibido una comunicación oficial de la Fiscalía sobre una eventual imputación.
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El jurista indicó que se encuentra revisando el expediente y que este lunes 31 de agosto irá personalmente a la Fiscalía para conocer los detalles del caso y determinar si el proceso avanzará en ese sentido.
Mientras se conoce el rumbo que tomará la investigación, Sarabia se refirió públicamente a la situación y dejó en manos de sus abogados cualquier explicación relacionada con las decisiones jurídicas.
“Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas”, escribió la exembajadora.
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En el mismo mensaje manifestó que respeta a las autoridades y confía en las determinaciones que adopten.
Sarabia también mencionó a Marelbys Meza. “Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo”, afirmó.
La investigación se originó a comienzos de 2023, después de que se reportara la desaparición de dinero en la vivienda de Sarabia y su esposo, Andrés Fernando Parra. La suma estaba entre los 4.000 y 7.000 dólares.
Meza, quien se desempeñaba como niñera del hijo de Sarabia, quedó bajo sospecha y posteriormente fue llevada a una instalación de inteligencia ubicada frente a la Casa de Nariño. Allí le practicaron una prueba de polígrafo.
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Con el avance de las investigaciones aparecieron otros hechos: las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de Meza y de Fabiola Perea, otra empleada de Sarabia.
En este punto tomó relevancia el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, quien suscribió un principio de oportunidad con la Fiscalía y se comprometió a colaborar con la justicia.
Las actuaciones relacionadas con las interceptaciones ya han terminado en condenas contra integrantes de la Policía.
En septiembre de 2024, Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales recibieron una condena de 10 años de prisión domiciliaria por las interceptaciones ilegales.
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Luego, en octubre de 2025, fueron condenados el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredy Morales por actuaciones relacionadas con esas interceptaciones.
