La Comisión de Acusación reclama los expedientes contra Uribe al considerar que la investigación contempla hechos cuando el exmandatario ya ejercía como presidente de la República.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Las investigaciones que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por las masacres de El Aro y La Granja, seguirán, por ahora, en manos del ente acusador mientras la Corte Constitucional adopta una decisión definitiva sobre la competencia para conocer esos procesos.
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema decidió mantener en su despacho los expedientes, luego de que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes reclamara competencia sobre el proceso y solicitara el traslado de las actuaciones.
La solicitud fue presentada formalmente por el congresista Carlos Cuenca Chaux ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
El representante a la Cámara, presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pidió que la Fiscalía remitiera el expediente relacionado con el exmandatario bajo el argumento de que los hechos investigados podrían estar cobijados por el fuero presidencial y, por tanto, correspondería a la Comisión de Acusación adelantar la investigación.
La controversia, entonces, se centra en la competencia para investigar a Uribe por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia, y en la hipótesis investigativa que ha manejado la Fiscalía sobre una presunta relación del entonces dirigente con estructuras paramilitares.
En su solicitud, Cuenca sostuvo que la investigación está relacionada con la presunta participación de Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado por hechos vinculados con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue identificado como Bloque Metro.
De acuerdo con el planteamiento expuesto por el congresista, la hipótesis apunta a que Uribe habría facilitado y promovido, presuntamente, el accionar de esa organización.
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El punto que llevó la discusión a la Comisión de Acusación es que Uribe ejerció como presidente de la República entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010.
La fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía, ha dicho que el traslado solicitado por la Comisión de Acusación no resulta jurídicamente viable en este momento.
La funcionaria sostuvo que los hechos que dieron origen a la investigación contra Uribe no se habrían presentado durante su mandato presidencial.
Ese elemento, según la decisión, resulta determinante para establecer si la Comisión de Acusación tiene o no competencia para asumir el proceso.
En otras palabras, la discusión no se limita a establecer qué entidad debe continuar con la investigación, sino que implica determinar si los hechos que son objeto del proceso están relacionados con la condición de Uribe como jefe de Estado o si se trata de conductas que se habrían configurado antes de que llegara a la Casa de Nariño.
Ante esta disputa, la Fiscalía decidió llevar el conflicto de competencias a una instancia superior. La fiscal Abadía ordenó remitir la actuación original del proceso a la Corte Constitucional para que sea ese tribunal el que determine cuál es la autoridad competente para continuar con las investigaciones contra el expresidente.
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Así, mientras la Corte resuelve el conflicto, los expedientes permanecerán en la Fiscalía y continuarán bajo la dirección de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Las investigaciones a las que se refiere están relacionadas con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Aunque el nombre de Uribe ha sido mencionado en estos casos desde la época de los hechos, hasta ahora no ha existido una vinculación formal en su contra.
El expresidente sostiene que su nombre reaparece de manera recurrente en estos expedientes cada vez que el país atraviesa coyunturas electorales, como la actual.
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En ese contexto, su abogado defensor, Jaime Granados, elaboró un documento en el que afirma que no existen fundamentos jurídicos ni elementos probatorios nuevos que justifiquen la reapertura de investigaciones cerradas tras más de dos décadas de actuaciones judiciales.
