La decisión se conoce tras la condena del exsecretario de la institución, quien también reconoció su responsabilidad ante la justicia.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La investigación por los títulos universitarios obtenidos por Juliana Guerrero en la Fundación Universitaria San José dio este miércoles 9 de septiembre un nuevo giro. La joven de 24 años reapareció en una audiencia virtual en la que la Fiscalía General de la Nación formalizó el preacuerdo alcanzado con su defensa dentro del proceso penal que se adelanta por las presuntas irregularidades relacionadas con sus estudios y la expedición de dos diplomas.
La diligencia permitió conocer que Guerrero reconoció su participación en los hechos investigados y aceptó responsabilidad frente a dos delitos que le fueron atribuidos por el ente acusador. El acuerdo fue presentado formalmente durante la audiencia, luego de las conversaciones adelantadas entre la Fiscalía y la defensa de la joven.
El caso está relacionado con los títulos de Contaduría Pública y de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que Guerrero obtuvo en julio de 2025 y que posteriormente fueron anulados por la Fundación Universitaria San José.
Los documentos que pusieron la investigación bajo la lupa
De acuerdo con el expediente, Guerrero habría presentado ante el Departamento Administrativo de la Función Pública diferentes versiones de su hoja de vida durante 2025. Posteriormente apareció una nueva versión en la que figuraban los títulos universitarios que le permitían acreditar los requisitos académicos necesarios para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
Sin embargo, la investigación estableció que existían serias inconsistencias alrededor de esos estudios. Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía, Guerrero no habría asistido a clases, presentado exámenes ni realizado la Prueba Saber Pro, requisito relacionado con la obtención de títulos de educación superior.
Los hechos llevaron a que fuera investigada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
La historia del caso ya había sido documentada por SEMANA, que reveló en julio detalles del escrito de acusación y de la manera en que se habrían gestionado los documentos dentro de la institución educativa.
Publicidad
El papel del exsecretario de la Fundación San José
En esta investigación también fue vinculado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien ocupaba el cargo de secretario general de la Fundación Universitaria San José cuando fueron expedidos los documentos.
La Fiscalía sostuvo que Gutiérrez Martínez utilizó sus facultades dentro del sistema de la institución para autorizar la expedición de los diplomas y las respectivas actas de grado, pese a que no se habrían cumplido los requisitos académicos correspondientes.
El exfuncionario reconoció su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía. El 7 de septiembre de 2026, un juez avaló esa negociación y lo condenó a tres años de prisión por falsedad ideológica en documento público en calidad de cómplice, además de imponerle una inhabilidad para ejercer cargos y funciones públicas.
La Fundación Universitaria San José también tomó medidas frente al caso. Gutiérrez Martínez fue destituido en septiembre de 2025, mientras que posteriormente la institución anuló los títulos atribuidos a Guerrero al determinar que no había estado matriculada en los programas correspondientes ni había cumplido con las actividades académicas exigidas.
La Fiscalía cuestionó la validez de los títulos entregados
Durante la investigación, el ente acusador señaló que en los documentos se dejó constancia de que Guerrero había cumplido los requisitos académicos y legales para recibir los títulos, pese a que las pruebas recopiladas indicaban lo contrario.
En el caso de Gutiérrez Martínez, la Fiscalía sostuvo que el exsecretario hizo constar hechos que no correspondían con la realidad y que avaló documentos auténticos que contenían información falsa.
Publicidad
El caso adquirió especial relevancia porque los títulos fueron utilizados para acreditar la formación académica de Guerrero en medio del proceso para ocupar un cargo en el Ministerio de la Igualdad. Las irregularidades terminaron frustrando esa posibilidad y dieron paso a la investigación penal.
