La administración evaluará resultados de una década y estudia ajustes en programas territoriales, justicia transicional y desarrollo rural.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una revisión de la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc. La evaluación incluye programas territoriales, sustitución de cultivos, reincorporación y reforma rural.
La discusión tendrá un escenario internacional el 12 de octubre, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analice nuevamente la situación colombiana, junto con el informe trimestral de la Misión de Verificación.
El Gobierno prepara una revisión con alcance político
La posición del Ejecutivo fue anticipada durante la Asamblea General de la ONU. El canciller Omar Bula comunicó al Reino Unido, país que lidera los asuntos de Colombia en el Consejo de Seguridad, que la administración busca “remoldear” el acuerdo según las prioridades presidenciales.
El embajador Mauricio Gaona defendió la revisión y sostuvo que el Gobierno aplicará la Constitución y respetará el derecho internacional.
La discusión también ha generado críticas de sectores políticos y organizaciones de víctimas. Entre los programas bajo revisión están los PDET, el PNIS y las entidades relacionadas con la reincorporación y la reforma rural.
Estos son los límites jurídicos para cambiar el acuerdo
El margen de maniobra no es absoluto. El Acto Legislativo 02 de 2017 incorporó a la Constitución disposiciones sobre la implementación del Acuerdo Final y estableció que las actuaciones estatales deben mantener coherencia con lo pactado y desarrollarse de buena fe.
El punto más sensible es la JEP. De la Espriella criticó esta jurisdicción durante la campaña, aunque posteriormente señaló que respetaría su lugar en el sistema judicial. En septiembre respaldó una propuesta para recortar $100.000 millones de su presupuesto y trasladar recursos a la justicia ordinaria.
Publicidad
Leonardo González, director de Indepaz, considera válida una revisión después de una década, pero advierte problemas de ejecución. Laura Bonilla, de la Fundación Pares, identifica la JEP como uno de los principales puntos de tensión y señala que modificarla podría abrir una disputa legislativa y jurídica.
El Gobierno sí tendría margen para reorganizar entidades y prioridades administrativas. La ONU mantiene la implementación del acuerdo como un asunto central para la consolidación de la paz en Colombia y el país.
