Aunque los casos disminuyeron un 7,5 % frente a 2024, la Fundación Plan Internacional advierte que persisten las barreras para detectar la violencia sexual contra niñas menores de 14 años.
Publicado por: Redacción Vanguardia
En Colombia se reportaron 3.179 embarazos en niñas menores de 14 años durante 2025, un promedio de nueve casos al día. Aunque la cifra representa una disminución del 7,5 % frente al año anterior, la magnitud del problema evidencia los desafíos que enfrenta el país para prevenir la violencia sexual contra la niñez.
Así lo señala el boletín Embarazo Infantil Forzado (EIF) en niñas de Colombia, cifras 2025, elaborado por la Fundación Plan Internacional a partir de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), publicados en septiembre de 2026, y analizados por el Observatorio Contando lo Invisible.
La organización advierte que el embarazo en niñas menores de 14 años debe abordarse como una situación asociada a la violencia sexual, que requiere medidas de prevención, protección y atención integral. Lea también: Investigan el atroz caso de violencia sexual y homicidio de una mujer de 72 años en Nariño
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“Cuando hablamos de embarazo en niñas menores de 14 años estamos hablando de embarazo infantil forzado y, por tanto, de una situación asociada a violencia sexual”, explicó Christian Medina López, vicepresidente programático de Fundación Plan Internacional.
Cifras
En el ámbito territorial, los casos se concentran en territorios como como Antioquia (369 casos), Bogotá (221), La Guajira (205), Bolívar (172), Valle del Cauca (172), Magdalena (169), Córdoba (166), Cesar (162) y Atlántico (130), Norte de Santander (125), Huila (119), Nariño (105), Cauca (102) y Meta (101).
Para la fundación, estas cifras hacen necesario examinar las condiciones particulares de cada territorio y las barreras que impiden identificar oportunamente las agresiones y activar las rutas de protección.
Medina López señala que uno de los principales obstáculos es la falta de un abordaje diferenciado. Según explica, las políticas públicas suelen tratar el tema dentro de categorías generales, como el embarazo adolescente o la maternidad temprana, sin reconocer suficientemente las particularidades del embarazo infantil forzado.
Esta distinción es fundamental porque no se trata únicamente de un asunto de salud pública, sino de una situación que exige examinar las relaciones de poder, las circunstancias de las agresiones y la responsabilidad de las instituciones en la protección de las niñas.
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Más de 25.000 casos entre 2020 y 2025
Las cifras recopiladas por la fundación muestran que entre 2020 y 2025 Colombia registró 25.081 embarazos infantiles forzados, de los cuales 23.426 terminaron en nacimientos vivos y 1.655 correspondieron a muertes fetales.
Solo en 2025 se contabilizaron 3.179 casos, frente a los cuales la organización advierte que la reducción sigue siendo insuficiente. En 2024, la disminución había sido del 17 % respecto a 2023, mientras que el año pasado fue del 7,5 %.
Entre los factores que contribuyen a la persistencia del fenómeno, Medina López menciona las normas sociales que pueden normalizar las relaciones entre niñas y hombres adultos, los silencios familiares y comunitarios, la dependencia económica y afectiva, las barreras para acceder a educación integral en sexualidad y las dificultades institucionales para detectar tempranamente las agresiones.
El informe también examina la edad de los presuntos agresores. Según los datos citados por la fundación, la edad promedio fue de 20 años y el 60 % tenía 18 años, un indicador que, de acuerdo con Medina, evidencia la importancia de reconocer las diferencias de edad, autonomía y poder presentes en estos casos. Le puede interesar: Bordar lo que no se oye: las mujeres que encontraron en el arte una forma de hacerse escuchar en Bucaramanga
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La mayoría de los casos de violencia sexual ocurrió en los hogares
La dificultad para detectar las agresiones antes de que tengan consecuencias también preocupa a la organización. Entre enero y junio de 2026 se registraron 7.307 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en Colombia. De estos, 5.413 ocurrieron en sus propios hogares, según las cifras citadas por la fundación.
“Es decir, tres de cada cuatro casos sucedieron en un espacio que debería ser protector. Esto representa un desafío enorme para la detección temprana, porque la mayoría de veces la persona que ejerce la violencia pertenece al entorno cotidiano de la víctima”, señaló Medina López.
Ante este panorama, el directivo subrayó la importancia de que las familias, las instituciones educativas, las comunidades y los servicios de salud cuenten con herramientas para identificar posibles señales de alerta.
Entre ellas mencionó cambios repentinos en el comportamiento o el estado de ánimo, como tristeza, ansiedad, llanto o agresividad; contactos o conversaciones con personas adultas que generen preocupación; regalos de origen desconocido, y modificaciones abruptas en las rutinas, las amistades o las actividades habituales.
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La fundación también advierte sobre la distancia entre los casos identificados y aquellos que llegan a las autoridades judiciales. De los 3.179 embarazos infantiles forzados registrados en 2025, solamente 467 fueron reportados ante la Fiscalía, equivalentes al 15 % del total.
“Como sociedad no podemos culpar a las niñas de las violencias que enfrentan. La protección de la niñez es responsabilidad de las personas adultas, quienes debemos reflexionar sobre nuestro rol en esta problemática”, afirmó Ángela Anzola De Toro, presidenta ejecutiva de Fundación Plan.
La prevención debe comenzar antes del embarazo
Aunque Colombia cuenta con rutas institucionales para atender la violencia sexual, la fundación advierte que la existencia de protocolos no garantiza por sí sola una atención integral ni evita que las agresiones continúen.
Medina López señala que una niña puede entrar en contacto con el sistema de salud, asistir a una institución educativa o ser identificada por una autoridad de protección y, aun así, permanecer expuesta a situaciones de violencia.
Entre las dificultades están la falta de articulación entre los sectores de salud, educación, protección y justicia, además de las limitaciones financieras, tecnológicas y de personal que afectan la capacidad de respuesta de las instituciones.
Por ello, la organización plantea fortalecer la educación integral en sexualidad, la formación de familias y comunidades, las herramientas para docentes y trabajadores de la salud, y los sistemas de alerta temprana que permitan actuar antes de que la violencia se manifieste mediante un embarazo.
La respuesta también debe garantizar que las niñas puedan permanecer o regresar a la escuela, recibir acompañamiento psicosocial y estar protegidas frente a la discriminación.
“El indicador de éxito no debería ser únicamente que disminuyan los embarazos en niñas. El verdadero objetivo es que disminuya la violencia sexual, que las instituciones, familias y comunidades puedan prevenirla y detectarla tempranamente y que cada niña tenga condiciones reales para crecer protegida, permanecer en la escuela y decidir sobre su propio proyecto de vida”, concluyó Medina López.
