La defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó en Popayán un balance sobre la situación de derechos humanos y la crisis humanitaria que enfrenta el Cauca.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La situación de derechos humanos en el Cauca sigue marcada por los enfrentamientos armados, los asesinatos y las restricciones a la movilidad de las comunidades. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, que presentó un nuevo balance de la crisis y pidió a las autoridades poner en marcha 52 recomendaciones para atender a la población afectada.
Durante una reunión realizada en Popayán con representantes de entidades públicas, autoridades y organizaciones sociales, la defensora del Pueblo, Iris Marín, dio a conocer cifras del informe Cauca: voces que resisten, documento que recoge los principales hechos de violencia registrados en el departamento desde 2024.
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Uno de los datos más preocupantes corresponde a las personas afectadas por el desplazamiento y el confinamiento. Entre enero de 2024 y junio de 2026, un total de 15.492 habitantes tuvieron que abandonar sus hogares en medio de desplazamientos masivos, mientras que otros 31.471 permanecieron confinados por las condiciones de inseguridad. De este último grupo, 14.306 pertenecían a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Homicidios, masacres y asesinatos de líderes sociales en Cauca
El informe también documentó 1.747 homicidios entre 2024 y mayo de 2026, además de 31 masacres que dejaron 134 víctimas y 359 casos de desaparición forzada.
A estas cifras se suman los asesinatos de 84 líderes sociales y 17 firmantes del Acuerdo de Paz, registrados entre 2024 y julio de este año. Para la Defensoría, estos hechos evidencian los riesgos que enfrentan quienes trabajan por sus comunidades y ejercen labores de defensa de los derechos humanos.
La entidad relacionó el deterioro de las condiciones de seguridad con las disputas por el control territorial entre grupos armados ilegales, su reconfiguración y el crecimiento de las economías ilícitas. Estas dinámicas han afectado especialmente a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
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El impacto no se limita a las víctimas directas de los ataques. Según el organismo, las restricciones para movilizarse y el abandono forzado de los hogares también han debilitado las relaciones comunitarias y puesto en riesgo la permanencia de varias poblaciones en sus territorios.
Las recomendaciones de la Defensoría para atender la crisis
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo informó que ha activado 20 Alertas Tempranas en el departamento y planteó 52 recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales y territoriales.
Entre las medidas propuestas están reforzar la protección de líderes sociales, prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y garantizar atención a las personas que han sufrido desplazamiento o confinamiento. También pidió impulsar el desarrollo rural y enfrentar los daños ambientales relacionados con las economías ilegales.
La entidad incluyó la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y una mayor articulación entre las instituciones como parte de las acciones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad.
En el encuentro en Popayán también se presentó la cartilla Cauca, entre esas, voces que resisten 2024-2025, elaborada para divulgar los hallazgos del informe y poner sus recomendaciones al alcance de las comunidades, las organizaciones sociales y las instituciones.
La Defensoría aseguró que mantendrá el seguimiento a la situación de derechos humanos en el Cauca e insistió en la necesidad de respuestas sostenidas que permitan proteger a la población civil.
