El proyecto, que ya superó dos de sus cuatro debates, sigue en discusión en las plenarias de Senado y Cámara, que incluso llegaron a sesionar ayer festivo.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Si ya es casi un milagro que los congresistas sesionen un viernes, como lo hizo la plenaria del Senado, lo es más un lunes festivo, como ocurrió ayer en la Cámara. La premura tiene explicación: el proyecto avanza con mensaje de urgencia y el plazo para aprobarlo vence mañana. Ya solo le quedan dos de los cuatro debates en las respectivas plenarias.
En el Senado, el viernes la plenaria avanzó en la discusión de la ponencia positiva, aunque todavía no ha aprobado el articulado y hoy continuará el debate. Y ayer, en la Cámara, pasó algo similar.
“Veo una voluntad de contribución, de sectores inclusive diferentes a los cercanos al Gobierno”, dijo el senador Hernán Cadavid (Centro Democrático), uno de los coordinadores ponentes. Explicó que el proyecto es “la prórroga a la ley de orden público que desde 1997 se le ha ido entregando a cada Gobierno de acuerdo a su visión de la recuperación de la seguridad”.
Para el Gobierno, el proyecto es una prioridad. Tanto así que el ministro de Justicia y encargado del Interior, Iván Cancino, habría buscado, si no votos, al menos quórum dentro del Pacto Histórico el viernes.
Después, Isabel Zuleta dijo en la plenaria que respalda la ley porque “es una manera de encontrar salidas a las violencias que tenemos”, aunque pidió que no abra “el boquete de interpretación” para que la protesta social sea tratada como terrorismo. Entre las tareas que tendrá Ordóñez apenas llegue, estará radicar también el estatuto antiterrorista, la otra cara de la política de seguridad del Gobierno, que hasta ahora parece muy diferente a la de sus antecesores.
¿En qué consiste?
En lugar de mesas de negociación, el Estado plantea una “oferta unilateral” de sometimiento, con reglas fijadas de antemano.
El proceso tiene dos etapas. Primero, una a cargo del Gobierno en la que el grupo entrega la lista de sus integrantes. Para acceder a beneficios, la organización debe dejar las armas, liberar a secuestrados y niños reclutados, dar información sobre desaparecidos, entregar bienes, revelar sus finanzas y señalar dónde hay minas. Después viene la judicialización. Mientras tanto, no se suspenden órdenes de captura ni extradiciones.
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Sobre los beneficios a los que podrán acceder criminales que se acojan, los integrantes rasos tendrían una rebaja de hasta el 50 % de la pena y los mandos, del 30 %. Aun así, los mandos y quienes hayan reclutado menores pagarán mínimo 10 años de cárcel.
La libertad condicional llegaría al cumplir las 4/5 partes de la pena, o antes si se entrega información útil sobre desaparecidos o sobre la estructura. Además, por cada día de trabajo en programas restaurativos, erradicación manual o desminado se descontaría un día de pena. Ninguno de estos beneficios borra las inhabilidades para hacer política.
Los bienes incautados se destinarían prioritariamente a las víctimas. Ellas también tendrán voz: el juez debería tener en cuenta su concepto antes de conceder la libertad condicional, y escucharlas antes de aprobar los programas para descontar pena.
Décadas buscando negociar
Desde los tiempos del presidente Belisario Betancur (1982-86), cada presidente ha intentado un método diferente para conseguir la paz con una fórmula de negociación.
Luego de acercamientos y treguas temporales con las antiguas guerrillas, obtenidas por su antecesor, Virgilio Barco (1986-90) materializó un acuerdo de paz con el M-19, por medio de la Ley 77 de 1989, que le otorgó facultades para conceder indultos.
El presidente César Gaviria (1990-94) tuvo como marco legal la Constitución de 1991, que en su artículo 22 estipuló que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Con ese espíritu, y nuevas normas que le permitieron otorgar amnistías, negoció la paz con el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista y el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
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Con los carteles del narcotráfico y grupos paramilitares aplicó la Política de Sometimiento, que incluía rebajas de penas, garantía de no extradición y encarcelamientos con condiciones favorables.
En el gobierno de Ernesto Samper (1994-98) hubo acercamientos con los grupos insurgentes, pero el escándalo de corrupción del Proceso 8.000, por la financiación del narcotráfico a su campaña, le restó fuerza política para sacarlos adelante.
El presidente Andrés Pastrana (1998-2002) creó una Zona de Despeje de 42.000 km2 entre Caquetá y Meta, para concentrar y desmovilizar a las Farc, pero los guerrilleros solo la usaron para fortalecerse. Su fracaso facilitó el ascenso de Álvaro Uribe (2002- 10), con su política de Seguridad Democrática, que atacó a los subversivos por todos los frentes. Negoció la paz con las autodefensas paramilitares, mediante la Ley de Justicia y Paz, que les otorgó beneficios jurídicos a cambio de la desmovilización, como penas máximas de 8 años de prisión y un tribunal de justicia transicional para juzgarlos.
Políticas blandas y duras
Un punto de inflexión llegó con Juan Manuel Santos (2010-18) y el Acuerdo de La Habana, que logró el desarme de las antiguas Farc.
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Esta negociación tuvo un alto sacrificio en materia de justicia. Creó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), para juzgarlos con penas alternativas que no contemplan cárcel; les concedió curules por dos cuatrienios en el Congreso, para su partido político Comunes; frenó sus extradiciones y congeló sus condenas previas de la justicia ordinaria, entre otras ventajas.
El Acuerdo incluyó el parágrafo 3.4.13, titulado Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas (de crimen organizado y herederas del paramilitarismo), que dice: “En el marco de la justicia ordinaria y con el fin de contribuir a la lucha contra las organizaciones criminales, fortalecer la seguridad en los territorios y facilitar condiciones para la paz, el Gobierno en coordinación con la Rama Judicial, presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas (...)”.
Esta norma agrupaba a grupos distintos a las guerrillas, como el Clan del Golfo y otros sin origen político. Y aunque hubo acercamientos con el Clan, se acabó el mandato de Santos y la iniciativa se apagó. Además, surgieron las disidencias de las Farc, que pusieron en duda los verdaderos alcances del Acuerdo de La Habana.
El presidente Iván Duque (2018-22) regresó entonces a una política de mano dura. Bajo su gobierno se aprobó la Ley 1908 de 2018, “por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones”.
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Ningún grupo se sometió a la justicia de forma colectiva bajo esta norma, pues consideraron que les iba mejor negociando con la Fiscalía un principio de oportunidad individual.
El articulado incluía múltiples requisitos que desmotivaron a los grupos interesados, como entregar información detallada de sus finanzas, listado de funcionarios corruptos, sus abogados debían demostrar que el dinero de los honorarios era de origen lícito y el artículo 58 señalaba que “en ningún caso la sujeción a la justicia impedirá la extradición de los miembros de Grupos Armados Organizados”.
Con el arribo de Gustavo Petro al Palacio de Nariño (2022-26) se instauró la política de Paz Total, fundamentada en la Ley 2272 de 2022, que lo facultó para sostener diálogos con toda clase de grupo armado ilegal, desde guerrillas hasta bandas urbanas.
Se instalaron 12 mesas de conversación y en las más avanzadas se acordaron treguas y zonas de ubicación temporal de combatientes, como en el caso de los Comuneros del Sur, el Clan del Golfo, el Estado Mayor de los Bloques y Frente, y los Comandos de Fronteras; no obstante, ninguna llegó a feliz término.
Los grupos ilegales aprovecharon las gabelas para fortalecerse económica y territorialmente, y la violencia se incrementó en las áreas críticas.
La política de paz se destiñó cuando salieron a la luz pública supuestos acuerdos bajo la mesa para despedir a oficiales de la Fuerza Pública y bloquear las investigaciones judiciales a cambio de votos; además, se requería una ley de sometimiento de bandas nueva, que reglamentara la implementación de los futuros acuerdos, pero el primer y único proyecto presentado se hundió en el Congreso.
Tomado de El Colombiano.
