La investigación documentó dos patrones de violencia y recogió los relatos de 733 víctimas de los antiguos bloques guerrilleros.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una decisión judicial que involucra a dos de los antiguos máximos dirigentes de las Farc-EP y a otros nueve excomandantes de esa guerrilla. La determinación está relacionada con graves hechos de violencia cometidos durante el conflicto armado en distintas regiones del norte y nororiente de Colombia.
Los señalados son Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias ‘Pastor Alape’, quienes integraron el último Secretariado de las Farc. La imputación fue emitida por la Sala de Reconocimiento de Verdad en el marco del Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables que no habían sido abordados en otros procesos de la jurisdicción.
En total, los 11 comparecientes fueron considerados máximos responsables de conductas que afectaron a comunidades campesinas, líderes sociales y población civil durante décadas.
Los delitos que deberán responder ante la justicia transicional
La investigación, bajo la correlatoría de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, identificó responsabilidades por crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado, ataques intencionales contra civiles y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, tortura, violación y violencia sexual.
La imputación también comprende crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos.
🔴#ATENCION: La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco excomandantes de las Farc por violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidas en norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 21, 2026
“Las niñas y mujeres reclutadas fueron sometidas a la… pic.twitter.com/bubfCrS1H2
La JEP precisó que, por la gravedad de estas conductas, no pueden recibir perdón judicial. La decisión responde a los relatos y acreditaciones de 733 víctimas, entre ellas campesinos, docentes, líderes sociales, comunidades religiosas, autoridades indígenas y afrodescendientes e integrantes de la fuerza pública.
Masacres y ataques contra civiles marcaron el conflicto
La Sala identificó dos patrones sistemáticos de violencia. El primero estuvo relacionado con el control social y territorial, mediante amenazas, persecuciones y castigos contra quienes eran señalados de colaborar con el enemigo o incumplir las normas impuestas por la guerrilla.
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En ese contexto fueron perseguidas comunidades de fe, docentes y organizaciones campesinas como las Juntas de Acción Comunal, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC).
Uno de los hechos más graves ocurrió en 2004 en la finca La Duquesa, en Tibú, Norte de Santander. Integrantes del Frente 33 asesinaron a 34 campesinos, entre ellos dos menores de 15 y 17 años. La investigación también estableció que la violencia sexual fue utilizada como mecanismo de castigo, intimidación y control.
El segundo patrón correspondió a hechos cometidos durante las hostilidades. Entre ellos figura la toma de Chalán, Sucre, en 1996, cuando el Frente 35 detonó un ‘burro bomba’ con 50 kilogramos de explosivos. El ataque destruyó parte del casco urbano, causó la muerte de 11 policías y provocó el desplazamiento masivo de sus habitantes, por lo que el municipio llegó a ser conocido como ‘el pueblo candado’.
También se documentaron el atentado con carro bomba frente a Caracol Radio, en Bogotá, en 2010, y el ataque en Barranquilla, en 2002, contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, mediante un carro de helados cargado con explosivos.
La investigación incluyó, además, los sabotajes contra la infraestructura energética y petrolera, que ocasionaron graves afectaciones ambientales en fuentes hídricas como el río Catatumbo.
El alcance de la decisión también refleja las dificultades históricas para investigar estos delitos. Según las cifras de la JEP, más del 95 % de los procesos por estas conductas nunca llegaron a juicio y más del 72 % permanecían en indagación preliminar. En el Caribe y el Magdalena Medio, la impunidad frente al desplazamiento y la desaparición forzada alcanzó el 100 %.
