La defensora del Pueblo, Iris Marín, hace un balance de lo que ha significado para el país el acuerdo con las Farc.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Hace 10 años, una parte de los colombianos tenía la esperanza de haber puesto fin a varias décadas de conflicto con la firma del acuerdo de paz con las Farc. La aparente calma que se vivió entonces, sin embargo, no duró mucho y, una década después, el país enfrenta una nueva escalada de la violencia.
En entrevista con Colprensa, la defensora del Pueblo, Iris Marín, hace un balance de lo que ha significado para el país el acuerdo con las Farc. Dice que la razón de que no se haya podido superar la violencia tiene que ver con que no se enfrentaron los factores que la provocan, en especial las economías ilícitas.
Marín habla también sobre las preocupaciones que generan los recortes presupuestales para la implementación del acuerdo y advierte sobre los peligros de que no se siga avanzando en ella.
Finalmente, crítica la espectacularidad que este gobierno le ha dado a las operaciones policiales y militares.
Las Farc dejaron las armas, pero hoy hay disidencias en 372 municipios y otros grupos ilegales fortalecidos. ¿Qué falló?
La falla histórica de Colombia ha sido el desarrollo territorial y rural, y una política integral de seguridad; eso quiere decir desarrollo territorial, seguridad física para la gente y acceso a la justicia. Además de que no se han establecido las condiciones para evitar la persistencia del conflicto armado, no solo con las Farc, sino en muchos procesos. (El Clan del Golfo es el grupo armado más grande actualmente).
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Marín habla también sobre las preocupaciones que generan los recortes presupuestales para la implementación del acuerdo y advierte sobre los peligros de que no se siga avanzando en ella.
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Finalmente, crítica la espectacularidad que este gobierno le ha dado a las operaciones policiales y militares.
Las Farc dejaron las armas, pero hoy hay disidencias en 372 municipios y otros grupos ilegales fortalecidos. ¿Qué falló?
La falla histórica de Colombia ha sido el desarrollo territorial y rural, y una política integral de seguridad; eso quiere decir desarrollo territorial, seguridad física para la gente y acceso a la justicia. Además de que no se han establecido las condiciones para evitar la persistencia del conflicto armado, no solo con las FARC, sino en muchos procesos. (El Clan del Golfo es el grupo armado más grande actualmente).
No quiero sacar el Acuerdo de la discusión, pero sí encuadrarlo en un marco más general. La pregunta de por qué se rearmaron los que están en las disidencias es igualmente válida para el rearme de quienes se desmovilizaron entre 2005 y 2007 en los grupos paramilitares.
Hemos sido relativamente exitosos poniendo fin a la violencia armada mediante negociaciones o fuertes presiones militares. Lo que no hemos logrado, y ese debe ser nuestro enfoque, es enfrentar los factores de persistencia de la violencia, que hoy están asociados principalmente a las economías ilícitas y ya no a la violencia política.
¿Entonces es correcta la visión del Gobierno sobre la ley de sometimiento?
Hemos estado de acuerdo con el enfoque general de la ley de sometimiento. Tiene algo interesante y es que habla de la seguridad física mediante el despliegue de la fuerza pública, necesario porque son ejércitos armados que hacen daño fuerte a la población civil, pero también del fortalecimiento de la justicia penal y de la Fiscalía y de las intervenciones territoriales integrales. Es una mirada que tiende a ser integral.
El sometimiento no necesariamente negocia el fin de la violencia, pero abre una posibilidad de diálogo con acceso a rebajas de pena. La Defensoría no está para decir si se deben hacer negociaciones políticas o no. Valoramos que quede abierta la posibilidad de desmovilizaciones y desarmes individuales y colectivos que, con apoyo de la justicia, conduzcan al desmantelamiento. Nuestro mínimo es que haya justicia.
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Este es un Gobierno con una visión de seguridad distinta a la del anterior. Más que una sea más válida que la otra, lo importante es que sea eficiente y tenga límites en derechos humanos. Ellos eligieron la vía de la fuerza, pero dejaron abierta la posibilidad de desarmes acordados mediante el sometimiento.
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¿Está bien entonces dejar de lado los diálogos de paz?
Los diálogos de paz no son de por sí buenos o malos. La Constitución es de paz y prefiere que el uso de la fuerza no sea la forma de resolver los conflictos, que es la vía más humana. Pero no quisiera caer en el falso dilema entre paz y seguridad. Mientras se avanza en diálogos, se debe garantizar la justicia y mantener disponible la fuerza pública, que tiene el deber constitucional de proteger a la población. Pensar que al pasar a diálogos hay que dejar eso de lado fue tal vez un error en el enfoque del gobierno anterior.
La sentencia C-525 de la Corte Constitucional, que estudió la ley de Paz Total, dice dos cosas importantes. Primera, que las conversaciones políticas y el sometimiento son ambos intentos de paz. Yo no saco el sometimiento de las posibilidades de paz. Es más restrictivo y no tiene estatus político, lo cual me parece válido, pero es una opción de lograr que no sea por la guerra, sino por el sometimiento a la justicia, garantizando los derechos de las víctimas. Segunda, que ningún proceso de paz puede dejar de lado el deber del Estado de proteger a la población civil mediante la fuerza y la justicia.
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El modelo de paz total reconocía un carácter político, al menos a ciertos grupos, lo que hoy desaparece. El nuevo modelo plantea una negociación en el marco de la justicia penal: rebajas de pena y entrega de información para desmantelar estructuras. Ambas son válidas. El presidente, sea quien sea, decide el orden público dentro de un menú de opciones, y en un gobierno con una ideología primarán unas sobre otras. Lo importante es superar el falso dilema entre paz y seguridad.
Según su informe, 521 excombatientes de las FARC han sido asesinados. ¿Les falló el Estado?
Infortunada y tristemente, sí. Por eso es tan importante no olvidar a los 11.000 que siguen en el proceso de reincorporación. Les fallamos en garantías de seguridad y en garantías de reincorporación, y esperemos no fallarles en seguridad jurídica. El debate sobre la reforma al arreglo de justicia del Acuerdo puede darse, y puede haber ajustes que sean lo mejor para el proceso. Pero 11.000 personas dejaron las armas por un arreglo de justicia y unos beneficios, y cambiarlo puede afectar su reincorporación.
A los firmantes los matan porque los grupos armados los presionan para volver a las armas, porque los ven como informantes o porque los siguen viendo como FARC. Se necesita un marco de protección. También importa para futuros procesos y sometimientos, que se podrían activar con el nuevo Gobierno. Si el Estado se consolida como uno que no cumple con quienes firman para dejar las armas, ¿cómo vamos a convencer a 27.000 personas que siguen en armas? Esa cifra es discutible. Tampoco es factible pensar que la fuerza pública los va a reducir a todos. Por eso hay que mantener ambas vías.
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La Reforma Rural propuesta no se ha cumplido y ahora, por petición del Gobierno, fue eliminada como mandato de la Misión de Verificación al Acuerdo de Paz. ¿Cómo afecta esa decisión al país?
Es muy delicado. La brecha entre lo urbano y lo rural sigue siendo enorme. Los grandes motores de la violencia hoy son los cultivos de uso ilícito, el narcotráfico y la minería ilegal. Las economías rurales de las zonas más vulnerables y marginales giran en torno a las economías ilícitas. La desigualdad es un factor de persistencia de la guerra. Cuando los campesinos cultivan coca en vez de otros cultivos menos rentables, es por falta de desarrollo rural. Cuando los jóvenes piensan que su mejor futuro es unirse a los grupos armados, es porque no les ofrecemos un futuro dentro de la legalidad.
Entonces, el tema de que se haya bajado el presupuesto para todo el tema rural, sumado al retiro del mecanismo de supervisión internacional, hace que quede muy vulnerable. Objetivamente, no hay una obligación de que exista un mecanismo internacional. Esta no es una deuda con Naciones Unidas, es una deuda con la gente del territorio y entonces ahí la Defensoría tiene que fortalecer su monitoreo y supervisión, y los jueces también pueden hacerlo y lo han hecho. La Corte Constitucional emitió una sentencia sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito y dijo que se les incumplió a los campesinos que hicieron acuerdos colectivos.
Es muy importante que el Gobierno entienda esto para tener una política de seguridad sostenible. No sigamos dejando el desarrollo rural de último en el orden del día. La paz es de la gente, no de Timochenko, ni de Santos, ni de Petro. La Defensoría del Pueblo piensa en la gente independientemente de quién sea el presidente de la República y de cómo llame a su política de seguridad.
¿Qué retroceso podría generar el cierre de la Unidad de Implementación?
El presidente tiene la facultad de reorganizar la Presidencia. Los tres gobiernos que han tenido la obligación de cumplir el acuerdo han tenido modelos administrativos distintos: Santos tuvo el posconflicto, Duque la Consejería para la Estabilización y Petro la Unidad de Implementación. Eso es válido, para eso son los gobiernos. La preocupación no es que se quite una institución, sino que se la quite sin establecer un mecanismo que permita cumplir la obligación constitucional de cumplir el Acuerdo de Paz.
Lo que no puede pasar es que no quede ningún modelo de implementación liderado desde el alto gobierno. Porque si sumamos quitar la supervisión internacional, bajar el presupuesto y acabar la institucionalidad, la obligación del Gobierno frente a la paz quedará en el papel. Eso será malo para el acuerdo, para el propio Gobierno porque será malo para la seguridad, y para la gente en los territorios que sigue esperando que le cumplan los planes sectoriales de la reforma rural y muchos otros temas.
¿Y con el recorte de la JEP?
Como toda institución, tiene la obligación de rendir cuentas, y hay temas de debate sobre sus resultados. Pero no se está dando el debate de fondo. Por eso mi invitación es discutir los resultados de la JEP teniendo en cuenta la complejidad de la justicia transicional, centrados en los derechos de las víctimas, y ver qué reformas se necesitan para mejorar el resultado para el país, las víctimas y la reconciliación.
Lo que veo en el Congreso son proyectos de reforma constitucional que no abordan estas discusiones. Si dicen que en año y medio todos los casos pasen a la Fiscalía, ¿eso resuelve el problema? ¿Cuál es el estudio? ¿Dónde están los fiscales y los jueces para los macrocasos, o se traslada solo para acabar con una burocracia que nos parece excesiva? No debemos defender la JEP por la JEP, por la burocracia o por la cantidad de magistrados. Ese debate se pierde en medio de una politización del Acuerdo de Paz de la que el país no logra salir y que solo hace daño a las víctimas.
¿Qué riesgos para los derechos humanos tiene la actitud del presidente de confrontar delincuentes y mediatizar operaciones militares?
Es algo impopular, pero es una regla básica del Estado de derecho: los derechos humanos son de todas las personas, y los criminales los tienen. Eso no quiere decir que no se los pueda meter a la cárcel; se los puede procesar, juzgar y sancionar con debido proceso y abogado. Tampoco que no se los pueda combatir militarmente. Se los puede y se los debe combatir para proteger a la población civil, pero el derecho internacional humanitario establece que hasta la guerra tiene límites. Lo que pedimos es que todos los procesamientos y el despliegue militar respeten la prevalencia de la vida.
Cuando muere una persona, así sea el peor criminal y así muera en combate, algo de humanidad debe quedarnos para saber que eso no es bueno, que eso nos tocó quizás, pero no alegrarnos. Ahí la figura del presidente termina pareciéndose a la de tantos criminales que se vanaglorian de la crueldad que tienen.
El presidente es mucho más que un combatiente, y lo digo con respeto por los miembros de la fuerza pública que sí les toca ir a la guerra de verdad. Es mucho más que sencillamente alguien que hace un show y muestra una guerra. Es el jefe de Estado, nos representa a todos y fue elegido democráticamente. Su autoridad civil consiste en estar por encima del poder de las armas, no en ser una persona armada. Ese es el principio de prevalencia del poder civil sobre el militar, y desde los principios del Estado de derecho toda esta simbología es muy problemática.
Tomado de El Colombiano.
