Colombia
Sábado 21 de noviembre de 2026 - 12:01 PM

Acuerdo de Paz con las Farc cumple diez años con una deuda que Colombia no ha podido saldar

La FIP advierte sobre las dificultades para garantizar la seguridad de los reincorporados, transformar los territorios y reparar a las víctimas.

Acuerdo de Paz con las Farc cumple diez años con una deuda que Colombia no ha podido saldar. | Foto: Colprensa.
Acuerdo de Paz con las Farc cumple diez años con una deuda que Colombia no ha podido saldar. | Foto: Colprensa.

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Publicado por: Redacción Vanguardia

El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP, luego de un plebiscito que, con 50,21% de los votos le dijo NO al texto inicial presentado por el Gobierno de Juan Manuel Santos, después de cuatro años de negociaciones en la Habana con la extinta guerrilla.

Hoy, a solo unos días de que se cumplan diez años de la firma, “la paz no logró unir a la sociedad colombiana”, y esa, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), es hasta ahora, la gran deuda del Acuerdo.

Sin embargo, para Miguel Suárez, director de Construcción de Paz de la Fundación, y quien ha acompañado procesos de reintegración y fortalecimiento comunitario en cerca de 15 departamentos, el pacto sigue siendo vigente y cuenta con las herramientas para responder a los problemas del país, aun cuando dichos problemas se han venido transformando a pasos acelerados.

“Yo creo que uno puede tener un balance que termina siendo mixto, pero no necesariamente es pesimista. El Acuerdo logró algo que parecía muy difícil y es que cerca de 13.000 personas dejaran las armas y hoy al menos el 85% de esas personas siguen comprometidas con su proceso y en la legalidad”, explicó.

La seguridad también depende de lo que ocurra con quienes dejaron las armas

Según cifras de la Defensoría del Pueblo con corte a noviembre de 2026, por lo menos 521 firmantes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo. Esto quiere decir que la brecha en la seguridad de los reincorporados es enorme y parece acentuarse conforme pasan los años, aun cuando, según Suárez, preservar la vida de quienes dejaron las armas “debería ser una prioridad de cualquier política de seguridad”.

Acuerdo de Paz con las Farc cumple diez años con una deuda que Colombia no ha podido saldar. | Foto: Colprensa.
Acuerdo de Paz con las Farc cumple diez años con una deuda que Colombia no ha podido saldar. | Foto: Colprensa.

A estas cifras de muerte física que ya son alarmantes, hay que sumar la muerte simbólica que han enfrentado los excombatientes casi de manera cotidiana durante esa última década. Una encuesta del estudio ‘Luces y sombras de la implementación del Acuerdo, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia durante 2019 encontró que, de 12.000 personas encuestadas en los 170 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cerca del 70% no se sentía cómoda con tener a un exintegrante de las Farc como vecino.

Cuatro años después, la encuesta ‘Escuchar la paz’ de 2023 citada por la FIP encontró prácticamente el mismo escenario, pues “solo el 25,6% de las personas en las subregiones PDET se sentiría cómoda teniendo como vecinos a exintegrantes de las Farc”.

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El conflicto que enfrenta hoy Colombia ya no es el mismo de 2016

La salida de las Farc modificó las relaciones de poder en numerosos territorios y abrió espacios que fueron ocupados por otros grupos, con intereses y formas de organización diferentes. De acuerdo con lo que expone Suárez, las estructuras actuales concentran buena parte de sus esfuerzos en controlar economías ilegales y legales, asegurar fuentes de financiación y ejercer influencia sobre las comunidades.

“Hoy lo más importante ya no es si van a llegar al poder o no, sino quién controla economías como la de la coca, pero también la del oro, la tala, cómo rentan de crímenes como la extorsión y cómo ejercen control sobre esas regiones. Eso cambia definitivamente la dinámica sobre la cual el Estado colombiano debería entender ese fenómeno”, explicó.

Acuerdo de Paz con las Farc cumple diez años con una deuda que Colombia no ha podido saldar. | Foto: Colprensa.
Acuerdo de Paz con las Farc cumple diez años con una deuda que Colombia no ha podido saldar. | Foto: Colprensa.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, para julio de 2026 el número de integrantes de grupos armados organizados ya llegaba a 29.062, más del doble de los registrados en 2018. Además, según datos recogidos por la FIP, las zonas de confrontación pasaron de siete en 2022 a 13 en 2026, expandiéndose a territorios en los que la falta de oportunidades económicas se ha sumado a la debilidad y la poca inversión por parte del Estado.

“Cada gobierno llega con su propia visión de transformar el territorio y terminamos priorizando los mismos municipios. Si ya sabemos dónde está el desafío mayor, usemos lo que tenemos. Los PDET concentran geográficamente los mayores desafíos y cuentan con un ejercicio participativo inédito para el país, más de 200.000 personas involucradas en la priorización de iniciativas.”, sostuvo Suárez.

La FIP calcula que en estos municipios PDET se han invertido cerca de 40 billones de pesos y que sus indicadores de pobreza han mejorado en diez puntos porcentuales frente a los registros de hace una década. Sin embargo, Suárez advierte que el 98% de ellos tiene presencia de grupos armados y concentra buena parte de los cultivos de uso ilícito y de las brechas socioeconómicas más profundas.

“De nada sirve llegar siempre con fuerza pública, que será necesario seguramente, si eso no viene acompañado de presencia de oferta pública que busque la transformación en el largo plazo”, afirmó.

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Acuerdo de Paz con las Farc cumple diez años con una deuda que Colombia no ha podido saldar. | Foto: Colprensa.
Acuerdo de Paz con las Farc cumple diez años con una deuda que Colombia no ha podido saldar. | Foto: Colprensa.

La sustitución de cultivos sigue dependiendo de las oportunidades que lleguen al campo

El Acuerdo contempló la sustitución voluntaria como una alternativa para las familias campesinas vinculadas a esas economías, con compromisos estatales de asistencia, proyectos productivos y transformación de las condiciones rurales.

Sin embargo, la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) se concentró principalmente en los apoyos entregados a las familias, mientras que las iniciativas comunitarias y territoriales avanzaron con mayores dificultades. La FIP advierte que los retrasos en los proyectos productivos y en las obras previstas redujeron la capacidad del programa para ofrecer alternativas sostenibles.

Suárez considera que las familias necesitan poder reemplazar los ingresos que obtienen de los cultivos ilícitos y contar con condiciones para comercializar sus productos. Si esas posibilidades no aparecen, la presión económica y el control de los grupos armados pueden llevarlas nuevamente a depender de esas actividades.

“No es solo entregar tierra, sino formalizarlas (…) El Acuerdo ya tenía instrumentos para la formalización de la tierra y para promover alternativas económicas. Si uno transforma regiones, fortalece la gobernanza y la participación local, y provee mejores servicios, puede empezar a cambiar las condiciones que mantienen a las comunidades vinculadas a esas economías”, explicó.

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La división política terminó afectando la continuidad de lo pactado

La implementación, inevitable y lamentablemente, ha estado condicionada por las diferencias ideológicas y políticas entre los tres, (ahora cuatro) gobiernos que han tenido a su cargo el desarrollo del Acuerdo. Tal como lo expone Suárez, cada administración ha definido prioridades y ritmos propios, lo que ha dificultado la articulación de los programas que fueron concebidos para funcionar de manera conjunta e ininterrumpida.

Dicha fragmentación está relacionada con la forma en que el país asumió políticamente la firma, pues el plebiscito dejó en evidencia que existían sectores con reservas frente a los contenidos del pacto y que esas diferencias no desaparecieron después de la renegociación y la refrendación en el Congreso.

“La gran deuda del Acuerdo ha sido que no logró convocar a todo el país alrededor de la idea de paz. Y eso es lo que lamentablemente nos hizo profundizar las divisiones. No podemos insistir en explicar a la otra mitad del país desde la ignorancia, la desinformación o la mala fe. Hay que entender que existen razones que para esa parte de la sociedad son legítimas”, afirmó el Director.

Esa profunda fractura moral, social y política se tradujo en serias dificultades del Estado para sostener una estrategia de largo plazo. Los cambios de administración han implicado nuevas prioridades y ajustes que, en ocasiones, han dejado compromisos anteriores sin continuidad.

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“En vez de estarnos inventando nuevas soluciones para viejos problemas, concentrémonos en la implementación del Acuerdo. Sigue teniendo herramientas y podemos aprovechar ese capital, incluso si se articula con los planes del Gobierno actual”, agregó.

Se hundió en el Senado el proyecto que buscaba acabar con la JEP en marzo de 2028. | Foto: JEP en X.
Se hundió en el Senado el proyecto que buscaba acabar con la JEP en marzo de 2028. | Foto: JEP en X.

Las víctimas necesitan que la justicia se traduzca en mejores condiciones de vida

El Acuerdo creó un sistema institucional para esclarecer lo ocurrido durante el conflicto, investigar responsabilidades, buscar a las personas desaparecidas y avanzar en medidas de reparación. La JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad abrieron caminos que antes no existían dentro de la justicia ordinaria para atender esas demandas.

Aunque todo el sistema fue creado para atender la deuda del conflicto y del Estado con las víctimas, Suárez reconoce que enfrenta profundas dificultades y que la JEP ha tenido problemas para explicar sus procedimientos y los tiempos que requieren sus investigaciones, principalmente porque no se ha hecho un trabajo más profundo de pedagogía.

“Hay que tener la capacidad de traducir al cristiano qué significa todo eso. Esto no terminó siendo un capricho de gente que se dedicó ocho años a mirar al techo, sino que hay un trabajo intenso que requiere unos tiempos. También es cierto que hay que tener una conversación honesta sobre si la jurisdicción trató de sobrepasar el alcance para el cual fue diseñada inicialmente”, señaló.

Pero más allá de la mora judicial de la JEP, o de la capacidad del país para entender cómo funciona una justicia transicional que no es punitiva y atiende a sus propios tiempos, Suárez considera que el país debe revisar cómo se articulan las medidas de justicia y reparación con las necesidades económicas y sociales de quienes sufrieron el conflicto. La verdad y el reconocimiento de responsabilidad son fundamentales, pero las víctimas también requieren acceso a oportunidades, servicios y condiciones que les permitan reconstruir sus proyectos de vida.

“Hay que volver a traer a las víctimas al centro de la conversación, mirar qué ha venido pasando con ellas en materia de desarrollo, de oportunidades y de acceso a la oferta. También tenemos que preguntarnos qué es lo mínimo deseable y qué es lo posible, sin desconocer que la reparación y las garantías de no repetición son indispensables”, planteó.

Tomado de Colprensa.

Publicado por: Redacción Vanguardia

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