El canciller Omar Bula explicó por qué el Congreso debe autorizar estas acciones y expertos alertaron sobre posibles daños humanitarios.

Publicado por: Redacción Vanguardia
La posibilidad de que militares de Colombia y Estados Unidos desarrollen operaciones conjuntas contra grupos armados ilegales volvió al centro del debate tras la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, a Bogotá. Aunque Washington ofreció ampliar su cooperación en inteligencia, logística y apoyo aéreo, la eventual participación de tropas extranjeras en territorio colombiano genera inquietudes sobre la soberanía nacional y las consecuencias humanitarias.
El tema tomó fuerza el pasado miércoles, cuando Hegseth llegó al Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), donde fue recibido por el ministro de Defensa, Jorge Mora, y la Cúpula Militar. Durante el encuentro se abordaron las dificultades de las Fuerzas Militares para enfrentar a las organizaciones criminales, especialmente por el uso de nuevas tecnologías, como drones con explosivos.
El funcionario estadounidense manifestó que su país está dispuesto a respaldar a Colombia con inteligencia, aeronaves, helicópteros y transporte aéreo para fortalecer las operaciones contra los carteles.
El Congreso tendría la última palabra
La discusión sobre operaciones conjuntas no es nueva. El 12 de agosto, en Ciudad de Panamá, Hegseth aseguró que Colombia ya había solicitado y autorizado este tipo de acciones. Sin embargo, tras la reunión en Bogotá, el canciller Omar Bula insistió en que cualquier decisión debe respetar la soberanía nacional. Puede leer: ¿Hubo un atentado contra el alcalde de Ocaña? Emiro Cañizares aclaró los rumores
El funcionario explicó que el Congreso de la República es la instancia encargada de autorizar estas operaciones y que el Ejecutivo deberá presentar la solicitud correspondiente. Hasta ahora, el Gobierno no ha anunciado oficialmente que vaya a hacerlo.
El antecedente genera especial atención. En 2010, la Corte Constitucional tumbó el acuerdo que permitía la presencia de militares estadounidenses en siete bases colombianas, debido a que no había sido sometido a consideración del Congreso.

Analistas advierten posibles consecuencias
Aunque los expertos reconocen la importancia de Estados Unidos como aliado en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, advierten que una intervención militar conjunta requiere condiciones claras.
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Jorge Mantilla, analista y exdirector de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, cuestionó que la estrategia se concentre en el uso de la fuerza sin atender las transformaciones territoriales ni las estructuras criminales.
Su principal preocupación está relacionada con los bombardeos, que podrían generar daños colaterales, aumentar el desplazamiento forzado y afectar a las comunidades.

Por su parte, Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, señaló que la cooperación internacional debe respetar la autonomía colombiana y contar con reglas claras. También advirtió que ningún otro país debe terminar definiendo la estrategia militar nacional.
Las preocupaciones tienen un antecedente en Ecuador. Human Rights Watch documentó una operación calificada por Washington como conjunta, en la que soldados ecuatorianos habrían torturado a cuatro trabajadores colombianos y bombardeado una finca lechera en San Martín, Sucumbíos.
Además, días después fue encontrada una bomba MK-82 sin detonar cerca de una de las propiedades. Para los analistas, este caso evidencia los riesgos de no establecer con claridad quién toma las decisiones militares y quién responde por sus consecuencias.
















