Así es el proyecto que pretende cambiar las funciones de la Contraloría y la Procuraduría

El Ministerio de Justicia publicó un borrador del Proyecto de Acto Legislativo que propone reformar cinco artículos de la Constitución Política y dos transitorios. Este proyecto será presentado ante el Congreso de la República en marzo de 2024.

Dentro de los cambios significativos destaca el del artículo 117 de la Constitución, que establece las facultades del Ministerio Público y la Contraloría General de la República como órganos de control. Este será modificado para que no tengan funciones jurisdiccionales ni limiten los derechos políticos de los ciudadanos elegidos popularmente.

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Este proyecto también reforma el artículo 118, que trata sobre los agentes encargados del Ministerio Público, limitando su representación ante las autoridades jurisdiccionales.

Para los numerales 8 y 17 del artículo 268, referentes a las atribuciones del Contralor General de la República, la reforma propone limitar la suspensión inmediata de funcionarios mientras se realizan investigaciones, procesos penales o disciplinarios.

El artículo 277 establece las funciones del Procurador General de la Nación y sufrirá una modificación en el numeral 6, para permitir la vigilancia y control sobre funcionarios públicos, pero prohibiendo la sanción con suspensión, destitución o inhabilidad a servidores públicos elegidos popularmente.

En el caso del artículo 278, numeral 1, también limita al Procurador para desvincular del cargo a funcionarios públicos elegidos popularmente, enfocándose en emitir conceptos en procesos disciplinarios contra funcionarios sometidos a fuero especial.

Estos últimos puntos atienden directamente a las controversias que han existido por la sanción a personajes como alcaldes o congresistas que han desencadenado en cruce de argumentos con el presidente Gustavo Petro, quien se apega a las sentencias de la CIDH.

De hecho, el pasado 16 de agosto escribió a través de su cuenta de X: “De nuevo el Consejo de Estado tumba destitución de la procuraduría a funcionario de elección popular. Mi presidencia respetará todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son parte de nuestro bloque de constitucionalidad y todas las sentencias de las cortes nacionales”.

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Además agregó: “La suspensión de funcionarios de elección popular debe ser tomada transitoriamente por la justicia contenciosa hasta que el congreso haga la reforma constitucional. El Consejo de Estado se pronunció en el mismo sentido al decir que no hay funciones para suspender de sus cargos a funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría”.