Miembros de la alta cúpula de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa se reunieron este viernes en un consejo extrordinario de seguridad para analizar la situación en el Cauca.

Publicado por: Colprensa
Al término del consejo de seguridad en Cauca, el ministro de Defensa, Lorenzo Guillermo Botero, recalcó que las estructuras del narcotráfico “son la causa de las masacres y los asesinatos que han ocurrido en los últimos días” y añadió que en materia de investigación la tarea le corresponde a la Fiscalía.
El jefe de la cartera insistió en que la llegada de los 2.500 uniformados que integrarán la Fuerza de Despliegue Rápido No. 4, desde diciembre próximo, será un factor decisivo para la estabilización de orden público en el departamento.
“Vamos a atacar dos estructuras: la ‘Dagoberto Ramos’, en la cordillera central, y la ‘Jaime Martínez’, en la cordillera occidental. Pensamos que la Carlos Patiño (otro grupo armado), ya ha venido siendo desarticulada de manera significativa en el sur del departamento”, señaló Botero en rueda de prensa.
Sobre la propuesta de la ‘carpa blanca’ tan mentada por estos días, Botero Nieto dijo que, hasta donde se extienden las capacidades de la Fuerza Pública, han propiciado esta iniciativa, aunque confesó que no han conversado del tema con los delegados de la comunidad indígena.
Ante un eventual aumento de recompensa por los cabecillas que delinquen en la zona, entre ellos Mayimbú, por quien se ofrece 1000 millones de pesos, dijo que estuvo a la espera de un certificado de disponibilidad presupuestal, pero que el documento no le llegó en su momento. No obstante, añadió que en los próximos días habrá un “incremento significativo en las recompensas. Lo que se está ofreciendo no ha motivado lo suficiente”.
El consejo de seguridad se realizó tras la masacre en Corinto, la segunda de esta semana en el departamento, en la que fueron asesinadas cuatro personas que integraban un equipo de ingenieros y topógrafos.
Los narcos, la razón de los muertos en el Cauca
El Cauca ha sido un territorio en disputa y la sangre no para de correr por cuenta de la producción y tráfico de droga. Prueba de ello son las dos masacres registradas esta semana. Son 10 muertos en dos días.
Los responsables, de acuerdo con los informes del gobierno y el cartel de los más buscados, recae sobre nueve disidentes de la Farc, y la presencia de carteles mexicanos, quienes tienen atemorizados a los pobladores.
En el Cauca hay 17.117 hectáreas cultivadas de coca (tercero con más cultivos, seguido de Nariño y Norte de Santander), según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Aunque el problema también se enfoca en la marihuana, la Dirección Antinarcóticos aseguró que no tienen cifras precisas de este ilícito. No obstante, líderes de los cultivadores de marihuana en esta zona, señalaron que son alrededor de 5.000 hectáreas.
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Por ellos ofrecen hasta $1.000 millones de recompensa por su captura, pero el Ministerio de Defensa indicó que la aumentará, pero “espera la disponibilidad presupuestal”.
¿Qué pasa?
El año pasado, según el informe Forensis, publicado por Medicina Legal, en el Cauca hubo 531 homicidios, 228 más que en 2017, cuando fueron 303. La conclusión: el fenómeno nunca ha estado quieto y se ha avivado luego de la firma del Acuerdo de paz.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) se cuestiona si tiene que ver con incapacidad del Estado o con la imposición de un modelo de despojo territorial. A esto responde que es evidente que los están matando, lo que conduce a “un genocidio, pues están contando como objetivo militar a nuestras autoridades”.
La respuesta se vio en una visita del presidente Iván Duque el pasado miércoles, pero, 24 horas después de anunciar que enviará a 2.500 militares, los ilegales mataron a cinco personas más. Frente a esto, el Cric aseguró que las propuestas del Gobierno tienen que ver más con “con la inmersión es las comunidades en una estrategia de guerra y no con las garantías para la vida”.
¿Y la respuesta?
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, estuvo ayer en Corinto y Popayán con la cúpula militar, respondiendo a la orden presidencial. Señaló que, tras reunirse con autoridades locales, tomarán decisiones para “la protección de las comunidades”.
Ante la pregunta sobre la carnetización de habitantes que presuntamente hacen los disidentes en el corregimiento El Plateado, dijo desconocer la denuncia y que las autoridades locales deben responder.
El doctor en Sociología de la U. del Rosario, Carlos Charry, señaló que la situación del Cauca es similar a la que se vive en El Catatumbo, Norte de Santander, pues convergen distintos grupos ilegales por un mismo objetivo: las finanzas del narcotráfico. “De este modo, ante el intento de algunas organizaciones narcotraficantes de establecerse en el territorio, y de la reincursión de antiguas, pero minoritarias organizaciones de disidentes, se ha dado la disputa”.
Charry planteó que la respuesta militar no es lo único que se necesita, pues, paradójicamente, “las protestas agenciadas por los indígenas, desde el año pasado, reclamaban mayor presencia del Estado y el cumplimiento de los Acuerdos”, algo que, a su juicio, sigue ausente.

(Foto: Colprensa/VANGUARDIA)















