viernes 14 de junio de 2019 - 12:00 AM

Pena máxima

Expertos consideran que no existen estudios que señalen que medidas extremas como el endurecimiento de penas, tipo castración química o pena de muerte ayuden a reducir la criminalidad en los delitos sexuales.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses advirtió recientemente que durante los primeros tres meses del año se presentaron unos 168 casos de violencia sexual contra menores de edad.

De igual manera, de acuerdo con la Fundación Feminicidios Colombia, en lo corrido del año se han registrado 16 feminicidios en niñas y pese a que los castigos contra los agresores sexuales se han endurecido, las cifras siguen en aumento en el país.

Esta semana Alabama aprobó una ley que exige la castración química a pederastas que aspiran a una libertad vigilada y se suma a los otros nueve Estados en Estados Unidos que tienen esta ley como una manera de proteger a los niños, niñas y adolescentes.

En Colombia esta iniciativa y muchas otras como la pena de muerte o la cadena perpetua hacen eco cada vez que se registra la muerte de un menor de edad a manos de un agresor sexual. Sin embargo, la pregunta es ¿qué tanto sirven estas medidas para protegerlos?

Carlos Eduardo Rueda Vivas, Médico Forense, Docente Medicina Forense Derecho y Medicina, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, asegura que en Colombia se volvió costumbre que cada vez que ocurre un ataque sexual violento y la muerte de la víctima, se piden medidas extremas como la pena de muerte o la castración química: “no estoy de acuerdo con la pena de muerte, y hay suficientes estudios que permiten afirmar que la castración, quirúrgica o química, no ha sido efectiva, puesto que no se trata solo de disminuir la libido de quien ataca sexualmente”.

De igual manera, Leonardo Rodríguez Cely, docente e investigador de la Facultad de Psicología de la Javeriana y Phd en Criminología de la Universidad de Castilla – La Mancha, considera que “lo que los estudios muestran es que la mayoría de agresores (nosotros conocemos como padres, padrastros, tíos, hermanos) en su gran mayoría no son personas que presenten sicopatologías como tal, sino que representan un tipo de vínculo dentro de la familia; la mayoría de agresores sexuales en algún momento de su vida tuvieron problemas de control de impulso sexual”.

El docente asegura que imponer cadena perpetua, pena de muerte u otras sanciones, tendrá un impacto en una parte de la población y debería disuadir, teniendo en cuenta que hoy existen penas altas para este tipo de conductas, además, existe la medida de aseguramiento, y apenas un niño o una niña habla de un posible abuso, lo que hace la administración de justicia, especialmente la Fiscalía, es que la persona va a la cárcel mientras se resuelve el proceso legal.

El año pasado llegó hasta el Senado el proyecto de castración química en Colombia para violadores, sobre este tema el docente de la Javeriana opina que es una medida provisional que, de una u otra forma, el agresor sexual puede utilizar porque es un medicamento que hace que la libido sexual disminuya, pero se puede revertir con medicamentos como el viagra y sus derivados.

Sobre el particular, Fernando Tamayo, miembro del grupo de prisiones de la Universidad de los Andes y Phd en Derecho, considera que “al menos en cuanto a estudios académicos no existe algo que haya probado que esta clase de medidas funcionen para reducir la criminalidad en estos delitos, a pesar de que se suele aducir su utilidad como argumento para patrocinar este tipo de penas. Además, se podría decir que no solo son inconstitucionales en un Estado como Colombia, sino que es muy posible que estas medidas no tengan una utilidad tan importante como se cree. Esto es más relevante cuando se considera que en materia de delitos sexuales la regla general es que no se descubran, eso quiere decir que el porcentaje de delincuentes sexuales que llegan al sistema penal suele ser muy reducido, algo que tiene que ver con que, o bien no se denuncian, o muchas familias que conocen situaciones de agresión sexual prefieren darle manejo interno para evitar el sistema penal. Es necesario tener en cuenta que en la mayoría de casos de abuso sexual las personas que cometen esos delitos son cercanas a la víctima”.

De igual manera, el experto sostiene que es difícil rastrear que las medidas sean útiles en principio, aunque el conocimiento actual indica que “no son útiles en términos generales para acabar con ese delito. Sin duda pueden ser útiles para lidiar con un sujeto, es decir, si un sujeto se castra químicamente va a dejar de tener deseo sexual, la cuestión es si, en estos casos, estamos ante una solución inmoral o injusta. Según creo, este tipo de medidas no sólo son inconstitucionales, sino que son una forma moralmente inadecuada, por no decir aberrante, de lidiar con un problema social tan complejo. Así mismo, en términos de utilidad para lidiar con la criminalidad relacionada con delitos sexuales contra menores de edad no existe nada que haya demostrado la utilidad de este tipo de sanciones”.

En este mismo sentido. Ruth Milena Páez, docente investigadora de la Universidad de La Salle, considera que es un fenómeno complejo que no se puede mirar solamente por los resultados inmediatos que se puedan generar con medidas como esas, que aleccionarían a unos cuantos, pero dejarían desatendida a la mayor parte de la población que sería la que requiere procesos educativos en todo el tema de reconocer finalmente quién es el otro, el respeto al otro y, lo que se puede hacer dentro de la familia.

Las alternativas

“No requerimos medidas extremas. Lo que se requiere es que el juez aplique las normas existentes, que son suficientes y tienen penas altas; que el delincuente sexual no tenga beneficios como descuentos en la pena, y, que el delincuente sexual sea mantenido en la cárcel con apoyo por psicología o psiquiatría. Con estas tres medidas, el delincuente sexual tendrá que pensar antes de actuar”, considera Eduardo Rueda Vivas.

Sin embargo, la docente de La Salle manifiesta que hay situaciones que obligan atención inmediata, pero también debe pensarse en estrategias educativas si se quieren generar repercusiones de fondo, aunque son a largo plazo y esas se empiezan a trabajar desde la familia.

Finalmente, para Rodríguez Cely, el problema se resuelve con lo que menos se hace que es la prevención, pero también dirigida a los padres, padrastros y familiares, porque la mayoría de casos son al interior de la familia. También es importante “pensar cuáles son las razones que hacen que un familiar o una persona llegue a cometer delitos que son reprochables (cada uno tiene una historia), pues los impulsos sexuales vienen de la propia infancia” y se ha demostrado que mantenerlos en una cárcel no es la solución.

Mitología jurídica

Julián Andrés Muñoz, docente de Derecho y Ciencias Políticas de la universidad de Antioquia, considera que en alternativas como la pena de muerte, cadena perpetua o castración química “hay una especie de mitología penal en que hay una vinculación automática entre incremento de penas y reducción de delitos y eso no pasa de ser una mera especulación, porque no hay estudios que realmente demuestren con evidencia sólida desde el punto de vista empírico que haya una asociación y que realmente pueda suponer razonablemente que al incrementar las penas los delitos se van a reducir”.

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