Mientras un sector respalda la constituyente que propone el Centro Democrático para reformar a la justicia otro ha comenzado a cuestionarla.
La iniciativa no es nueva, de tiempo atrás ya la habían planteado, pero ante la detención del expresidente, la senadora Paloma Valencia, la volvió a presentar y lo hizo en la plenaria del Senado, en donde aseguró que “hoy más que nunca Colombia necesita una gran reforma a la justicia, no puede seguir politizada...proponemos una asamblea constituyente para reformar a la justicia y volver a presentar la idea de una corte única, que anule los sentimientos de trampa...una sola corte con magistrados pulcros, sin puerta a la política... una reforma que devuelva la dignidad”.
Incluso Valencia señaló que se debe acabar la Jurisdicción Especial de Paz, y a la vez que los actuales congresistas de las Farc y sus altos mandos que fueron indultados deben pagar condena.
Pero llegar a una asamblea constituyente es uno de los pasos de los mecanismos de participación popular más largos que se tienen contemplados en la Constitución, porque primero se debe presentar una ley, que sea aprobada en el Congreso, que sea sancionada, que se convoque a la elección de los constituyentes, para que luego éstos en un tiempo fijo se reúnan a redactar la reforma.
Pero es ahí en donde se corre uno de los riesgos de que los constituyentes no sólo se queden en modificar los temas concernientes a la justicia, sino que puedan tomar otros como los políticos, economía y muchos más, de ahí que siempre toma fuerza la frase de que una constituyente se sabe por dónde comienza pero no se sabe en qué termina.
El presidente de la República, Iván Duque, al hablar hoy sobre la posibilidad de una constituyente para reformar a la justicia, sostuvo que sería el camino más largo que se escogería para hacer una reforma que es necesaria y muy reclamada por distintos sectores.
Según Duque, “el país necesita una reforma a la justicia, una reforma que le dé confianza al ciudadano, eso no es un tema de hoy, eso es un tema que el país lo ha debatido. Llevamos varios años intentando hacerlo. Tendremos la conversación, no solamente con el Centro Democrático, tendremos la conversación con otros partidos porque yo creo que hay que buscar el mecanismo más eficaz, el mecanismo más veloz para poder hacer esta reforma que Colombia clama hace mucho tiempo”.
Frente a lo respondido por Duque, la senadora Valencia consideró que confía en que el mandatario nacional les acompañe en la iniciativa de convocar la constituyente, y quedó a la espera que se reúna con el Centro Democrático para debatir la propuesta.
OPINIONES DIVERSAS
La idea en el Congreso de la República, en dónde se deberá discutir si se llega a presentar, tiene voces a a favor y en contra. Aunque no hay posiciones definidas aún en las bancadas -sólo el uribismo la apoya abiertamente, el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, sostiene que ve con buenos ojos la posibilidad de convocar una miniconstituyente para reformar la justicia”, pero advierte que “no obstante, considero que eso debe ser producto de un gran consenso entre todos los sectores políticos, sociales y cívicos y no sé si las actuales circunstancias permitan un consenso para poder sacar adelante un proyecto de semejante envergadura”.
En el grupo de quienes se apartan de la idea está la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien sostiene que no considera la misma como una opción, incluso ni en el proceso de paz cuando las Farc pidieron convocar una para ratificar lo pactado.
Explica Lozano que “el partido Verde se ha opuesto siempre a los llamados de constituyente. La Constitución del 91 tiene que cobrar vigencia plena, cumplirse, no derogarse, de modo que invitamos a construir puentes de diálogo para resolver y atender la crisis social que nos impone la pandemia y afrontar con madurez y altura las diferencias políticas”.
La opinión del senador Gustavo Petro fue más extrema, al considerar que la idea de la constituyente uribista es para llegar a la tiranía, “es una posición de ese partido que está pidiendo la destrucción de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la destrucción de la actual justicia colombiana, a través de una constituyente, eso se llama ir hacia la tiranía”.
El tema igualmente suscitó interés en los mandatarios regionales, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sostuvo que “la Constitución y las cortes no se deben reformar por exaltación y mucho menos por retaliación, nuestros ciudadanos necesitan salud, educación, empleo y vivienda”.
Para López “esas deben ser las prioridades de las instituciones, en vez de desviarse a las disputas y privilegios de los poderosos (...) ya tenemos una crisis de salud pública por la pandemia, vamos a tener desafortunadamente una crisis económica, de empleo. Estas dos van a llevar a una crisis de pobreza, eso amenaza la seguridad y convivencia de nuestra ciudad, sería absolutamente irresponsable añadirle a estas crisis, una crisis institucional”.
