Procuraduría logra reubicación de 27 comunidades indígenas en Puerto Carreño

Según la Procuraduría “la decisión judicial amparó los derechos fundamentales a la vida digna, al territorio, a la alimentación (soberanía alimentaria), pluriculturalidad, derecho de petición, vivienda digna, autorreconocimiento y supervivencia de los pueblos indígenas y el derecho de acceso al agua, y ordena a las entidades responsables (Alcaldía de Puerto Carreño, Gobernación del Vichada, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura y Ministerio del Interior), articularse para llevar a cabo el proceso de reubicación de estas comunidades en un término de seis meses”.

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Se explica que las entidades responsables deberán conseguir un territorio con similares características materiales a las que poseían los terrenos, para lo cual se dispone de 30 días.

De la misma forma se dispone vincular a los miembros de estas comunidades en el Registro Único de Víctimas para acceder a los programas de atención del Estado, realizar un censo general, una brigada de salud y garantizar las condiciones mínimas de acceso al servicio de agua potable, todo esto enmarcado en el enfoque diferencial de atención y la consulta previa con las autoridades indígenas.