Este 23 de marzo siguió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el juicio contra Colombia por el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien en el año 2000 fue víctima de secuestro, tortura y violencia.
La periodista Jineth Bedoya, víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en el ejercicio de su profesión en el año 2000, solicitó este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una sentencia que la repare a ella y a miles de víctimas, mientras que el Estado de Colombia hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad y pidió perdón.
"Creo en el poder transformador de la justicia. Espero que me ayuden a alcanzar la justicia y a transformar la vida de otras mujeres periodistas víctimas por el solo hecho de hacer su trabajo, y de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado", declaró Bedoya en los alegatos finales de la audiencia que la CorteIDH llevó a cabo por este caso.
Solicitud de reparación
La periodista pidió a los jueces una sentencia que contribuya a terminar con la "impunidad" en que se encuentra su caso, que se lleve a cabo una "investigación diligentemente de todas las violaciones" a sus derechos, e "investigar y sancionar a todos los autores intelectuales, incluidos agentes del estado".
Bedoya, quien sufrió los hechos de violencia cuando se aprestaba a realizar una entrevista a un jefe paramilitar en la cárcel La Modelo, en Bogotá, afirmó que sigue recibiendo amenazas, por lo que solicitó medidas de protección para ella y su madre.
Como medida de reparación, la periodista solicitó a la CorteIDH que ordene el cierre de la cárcel La Modelo, a la que calificó como un símbolo de la impunidad y las violaciones a los derechos humanos, y que sea transformada en un centro de memoria histórica para miles de víctimas del conflicto armado interno.
También solicitó a los jueces que ordenen al Estado publicar datos sobre la violencia de género, amenazas contra periodistas y defensoras de derechos humanos como una medida para luchar contra la impunidad.
"Se nos ha dicho a las mujeres en el mundo, de todas las formas posibles, que somos propiedad de alguien y que se nos debe castigar para que seamos correctas, y uno de esos castigos es la violencia sexual. Estoy aquí para pedirles en mi nombre, y en el nombre de mi madre, de los y las periodistas y de las víctimas de violencia sexual, que manden un claro mensaje, real, al Estado, para el establecimiento de la verdad de lo ocurrido", expresó Bedoya.
La demanda señala que el Estado conocía el riesgo que corría la periodista debido al ejercicio de su profesión y que no tomó acciones para protegerla y que, además, no ha llevado a cabo una investigación diligente para sancionar a los responsables, principalmente los autores intelectuales y agentes estatales.
Reconocimiento parcial del Estado
En los alegatos finales, el director de la Defensa Jurídica del Estado colombiano, Camilo Gómez, quien encabeza la delegación estatal, expresó un reconocimiento parcial de la responsabilidad del Estado en los hechos y pidió perdón a la periodista, al reconocer que la violencia sexual ha sido uno de "los crímenes más atroces en el conflicto armado".
"A nombre del Estado reconozco la responsabilidad internacional por las fallas del sistema judicial que no realizó una investigación penal digna para la víctima al recaudar 12 veces sus declaraciones y le pide perdón por estos hechos y el daño que le causaron", afirmó Gómez.
El agente estatal también reconoció la responsabilidad y pidió perdón a la víctima y a su madre por el "incumplimiento del deber de debido diligencia en la investigación de las amenazas recibidas".
Sin embargo, la agente estatal María Angélica Velandia negó que haya indicios de participación de agentes estatales en los hechos y también rechazó cualquier responsabilidad en el deber de prevención, pues afirma que en 1999 ofreció protección a la periodista y que la comunicadora no informó a las autoridades que iba a realizar la entrevista en la cárcel.
La representación de Bedoya asegura que la periodista envió una carta a las autoridades aceptando la protección, pero los agentes estatales dicen que nunca recibió esa nota.
Velandia también defendió el proceso penal llevado a cabo, que ha logrado tres condenas a paramilitares como autores materiales.
Por su parte, Gómez anunció que ha solicitado la apertura de un macrocaso que investigue la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado, lo cual calificó como "una deuda" con las víctimas.
Sobre el cierre de la cárcel La Modelo, el Estado afirmó que "no es viable".
El Centro por la Justicia Internacional (Cejil), que actúa como representante de la periodista en el caso, calificó el pedido de perdón de Estado como "mínimo", pues no acepta la responsabilidad por fallas por acción y omisión, salvo el hecho de haber tomado declaración a la víctima en 12 ocasiones.
Tras el cierre de la audiencia las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y, a partir de entonces, la CorteIDH emitirá un fallo en los siguientes meses.
