La muerte de un joven universitario ocurrida en 2003 volvió a ser objeto de debate internacional.
En una jornada marcada por la solemnidad y el reclamo persistente de justicia, en Ciudad de Guatemala, se convirtió este 13 de marzo de 2026 en el epicentro de un debate jurídico que toca las fibras más sensibles de la historia reciente de Colombia.
Ante el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se instaló una audiencia pública con el objetivo de examinar las actuaciones de agentes estatales en hechos ocurridos hace más de dos décadas en el departamento de Cundinamarca.
El caso, que ha transitado por diversos despachos judiciales sin alcanzar un cierre definitivo que satisfaga a las víctimas, pone una vez más bajo la lupa internacional los procedimientos de las fuerzas de seguridad y la efectividad del aparato judicial del país.
La diligencia, que contó con la participación de delegados del Gobierno Nacional y representantes de la sociedad civil, no solo buscó reconstruir una cronología de eventos, sino determinar si existió una falta de garantías para los familiares de un joven universitario cuya vida se apagó de forma violenta. Siga informado: La CIDH llama a Colombia a investigar el asesinato del periodista Mardonio Mejía
Mientras el Estado presentó sus argumentos de defensa, la contraparte expuso una serie de irregularidades que, según su criterio, evidencian un patrón de conducta institucional orientado a la desinformación y al ocultamiento de la verdad, situación que ha mantenido el expediente en una suerte de letargo procesal.
Dos décadas de sombras en la justicia ordinaria
El núcleo de la controversia se remonta a la noche del 7 de diciembre de 2003 en el municipio de Soacha. Allí, Manuel Enrique Guzmán Forigua, un estudiante de la Universidad Distrital de apenas 22 años, fue interceptado por miembros del Batallón de Policía Militar No. 13. Lea también: Presidente Petro fue denunciado ante la OEA y la Cidh por amenazar a las instituciones
Lo que debió ser un procedimiento de rutina —la verificación de documentos y una requisa— terminó en una persecución fatal. Según los testimonios presentados ante la Comisión, el joven corría desarmado cuando recibió un disparo mortal por la espalda, propinado por un dragoneante identificado como Jurado Benítez.
Alejandra Escobar Cortázar, coordinadora del Área de Litigio Internacional del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), denunció que tras el homicidio se orquestó una «versión oficial falsa» para presentar al estudiante como un delincuente que había agredido a la patrulla.
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Sin embargo, la evidencia forense y los relatos de civiles sugieren que la escena del crimen fue manipulada y que se «sembró» un arma cerca del cuerpo para justificar el uso de la fuerza letal. A pesar de estas señales de alteración, la investigación técnica nunca profundizó en la responsabilidad de los demás integrantes del pelotón presentes esa noche.
Impunidad y el reclamo por la verdad integral
El camino jurídico de la familia Guzmán Forigua ha estado plagado de obstáculos. El caso permaneció durante largos periodos bajo la jurisdicción penal militar, un escenario que, según los peticionarios, afectó el derecho al juez natural y las garantías de imparcialidad.
Aunque en 2025 se logró una condena contra el autor material del disparo, la defensa sostiene que este fallo es insuficiente, pues no aborda la cadena de mando ni la falsedad ideológica que permitió que el crimen quedara en la impunidad durante 22 años.
“Se insiste en negar la retención de Manuel y cómo fue víctima de una ejecución”, señaló la abogada Escobar durante su réplica ante la CIDH. Para el Cajar, la narrativa del Estado sigue reproduciendo los vicios del pasado al no calificar los hechos como una grave violación de derechos humanos, limitándose en ocasiones anteriores a indemnizaciones patrimoniales que no contemplan medidas de memoria o reparación simbólica. Además: En la Unab, Corte Interamericana alerta sobre emergencia climática y amenaza a derechos humanos
Al cierre de la audiencia, la familia reiteró que la ejecución de Manuel sigue siendo una “herida abierta” que solo el Sistema Interamericano podrá empezar a sanar mediante una declaratoria de responsabilidad internacional. La CIDH deberá ahora decidir sobre la admisibilidad del caso, un paso que podría obligar al Estado colombiano a implementar garantías de no repetición y a esclarecer, finalmente, quiénes fueron los verdaderos determinadores de este trágico suceso.
