Una investigación de ProPublica examinó el pacto de 18 páginas y encontró que, aunque Washington obtiene condiciones preferenciales para acceder al crudo venezolano, no existe una obligación explícita que garantice los 200.000 millones de dólares prometidos para Venezuela.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El acuerdo petrolero anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como uno de los mayores negocios energéticos de la historia vuelve a generar controversia. Una investigación periodística reveló que el documento contiene condiciones favorables para Washington y los socios privados de la operación, mientras deja sin una garantía contractual explícita los millonarios ingresos prometidos para Venezuela.
La investigación fue publicada el pasado 20 de octubre por el medio estadounidense ProPublica, que tuvo acceso a una copia del convenio de 18 páginas firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El documento establece cómo participará el Gobierno estadounidense en la explotación de parte de las reservas petroleras venezolanas y cuáles serán las condiciones de operación de la empresa North American Blue Energy Partners.
Sin embargo, uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con los beneficios económicos anunciados para Venezuela, el acuerdo no contempla una obligación explícita de pagar los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías que la Casa Blanca había presentado como parte de los resultados esperados.
La revelación plantea nuevas preguntas sobre el alcance del negocio, la participación del Estado venezolano y la capacidad de futuros gobiernos para modificar sus condiciones.
¿Qué establece el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela?
El convenio fue anunciado a finales de agosto de 2026, cuando Trump aseguró que Estados Unidos obtendría acceso a más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.
El proyecto involucra 17 campos petroleros y tiene como operadora a NABEP, una compañía controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
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Según el documento examinado por ProPública, Estados Unidos tendrá una participación del 35 % en la empresa matriz de NABEP.
El pacto también concede a Washington el derecho a comprar el 20 % de la producción petrolera de la compañía a un precio de 30 dólares por barril. Además, establece una prioridad para adquirir el resto del crudo producido durante un periodo de 50 años.
Este mecanismo le permitiría a Estados Unidos contar con condiciones preferenciales para acceder al petróleo explotado bajo el acuerdo, aunque el desarrollo de los campos y el aumento de la producción dependerán de inversiones y capacidades operativas que todavía deben materializarse. Lee: Venezuela se prepara para dos marchas mientras Trump abre debate electoral
La cifra de 200.000 millones de dólares que no aparece garantizada
La Casa Blanca había anunciado que el negocio generaría 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías para Venezuela. Sin embargo, la revisión del convenio realizada por ProPublica encontró que no existe una cláusula que obligue expresamente al pago de esa cantidad.
La diferencia es importante, una proyección económica presentada por un Gobierno no equivale a un compromiso contractual exigible. Esto tampoco significa que Venezuela no vaya a recibir recursos derivados de la explotación petrolera.
Lo que evidencia la investigación es que el monto anunciado por Washington no quedó establecido como una obligación explícita dentro del documento examinado. La empresa involucrada ha defendido el acuerdo al señalar que permitirá atraer inversiones y generar beneficios económicos para ambos países.
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Por su parte, funcionarios estadounidenses han sostenido que el desarrollo de los campos petroleros podría incrementar la producción y crear nuevas fuentes de ingresos.
Pese a estas explicaciones, persisten dudas sobre los mecanismos concretos que garantizarían que los beneficios anunciados lleguen efectivamente a Venezuela.
Estados Unidos podría comprar toda la producción en una emergencia
La investigación también identificó una disposición que amplía la capacidad de Washington para controlar el destino del petróleo producido.
Además del derecho a adquirir una parte de la producción a un precio previamente establecido, el acuerdo permite que Estados Unidos compre la totalidad del crudo de NABEP si declara una emergencia nacional.
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El documento también señala que los 30 dólares por barril pactados para una parte de la producción no incluyen los costos de los materiales más ligeros que deben mezclarse con ciertos tipos de petróleo venezolano para facilitar su transporte.
Por ello, el precio señalado en el convenio no debe interpretarse necesariamente como el costo total del crudo una vez preparado para su comercialización. Quizá le interese: ¿Qué se sabe de NABEP? La empresa que explotará con EE.UU. crudo en Venezuela
¿Quién es Alejandro Betancourt, el empresario detrás del negocio?
La compañía encargada de desarrollar los campos petroleros está vinculada al empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien conservará el cargo de consejero delegado.
Según la investigación, el acuerdo establece una estructura de gobierno corporativo que dificulta su destitución. La junta directiva estará integrada por siete miembros y se requerirá el respaldo de cinco de ellos para retirar a Betancourt de su puesto.
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La mayoría de los integrantes de ese órgano deberán ser ciudadanos estadounidenses. Además, el Gobierno de Estados Unidos podrá designar un observador sin derecho a voto.
Otro aspecto que llama la atención es que la empresa matriz está registrada en Barbados, jurisdicción en la que determinadas estructuras societarias pueden dificultar la identificación pública de algunos propietarios e inversionistas.
Betancourt también ha estado bajo investigación de autoridades de España y Suiza por presuntos delitos financieros, entre ellos blanqueo de capitales.
Es importante precisar que una investigación no equivale a una condena y que, según las declaraciones ofrecidas por Marco Rubio en septiembre, el empresario no tenía investigaciones abiertas en Estados Unidos.
El secretario de Estado defendió entonces la elección de NABEP y aseguró que la empresa contaba con capacidad para contribuir al aumento de la producción petrolera venezolana.
