Temas históricos y culturales, ambientales, de paz, seguridad, emprendimiento e infraestructura, hacen parte de las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo.

Publicado por: REDACCIÓN ECONOMÍA
Santander presenta grandes retos, basados en tres ejes, legalidad, emprendimiento y equidad.
Para alcanzarlos, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, las gobernaciones de Santander y Norte de Santander, representantes de los Consejos Territoriales de Planeación, las Comisiones Regionales de Competitividad y la academia, definieron las cinco apuestas estratégicas para ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, pacto por Colombia, pacto por la equidad.
“En términos de legalidad, los santanderes tienen unos retos latentes, principalmente en la frontera para la consolidación de la seguridad, así como inequidades existentes en distintas entidades territoriales de los dos departamentos”, dijo Rafael Puyana, subdirector general Sectorial del DNP.
Con relación al emprendimiento, Puyana se refirió al desarrollo industrial que ha tenido en particular Santander, pero también a los retos enormes que todavía hay en términos de aumentar la productividad, la formalización y la internacionalización.
En lo relacionado con la equidad, se refirió a la disparidad que hay en temas como pobreza y productividad, entre Santander y Norte de Santander.
Las apuestas
Las apuestas están enfocadas al desarrollo histórico y turístico; a la gestión integral del agua y el cuidado ambiental; al desarrollo productivo y el fortalecimiento empresarial con foco en la productividad; a la consolidación de la paz y la seguridad de los dos departamentos, y por último, una apuesta por la logística y el transporte.
De igual forma se trabajará en el reconocimiento y la recuperación de los ecosistemas estratégicos, específicamente el páramo de Santurbán. Así mismo, habrá una apuesta relacionada en la seguridad y la atención migratoria, teniendo en cuenta que los santanderes son la puerta de entrada al país de la población venezolana que ha venido migrando, generando impactos en las finanzas públicas de los entes territoriales con la prestación de servicios en salud y educación, entre otros, que requieren un esfuerzo presupuestal para poder ser atendidos.















