La compañía asegura que los procesos siguen en investigación y cuestiona cifras difundidas públicamente.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La marca de ropa femenina Lili Pink salió a responder públicamente a las investigaciones que hoy la rodean. Lo hizo en medio del ruido que han generado señalamientos por presuntos delitos de contrabando, lavado de activos y procesos de extinción de dominio, insistiendo en que el caso aún no tiene una conclusión jurídica.
A través de un comunicado divulgado este 5 de mayo de 2026, la empresa sostuvo que no existe, hasta ahora, una decisión judicial en firme que determine su responsabilidad en los hechos que son materia de indagación.
Procesos siguen en etapa preliminar activa
Según explicó la compañía, las actuaciones que adelantan las autoridades hacen parte de una controversia jurídica en curso y se encuentran en etapa preliminar. En ese sentido, subrayó que los señalamientos que han circulado públicamente no pueden asumirse como conclusiones definitivas.
Frente a las acusaciones de contrabando, Lili Pink aseguró que no hay una declaratoria judicial que las confirme. Añadió que los procesos administrativos están siendo controvertidos ante las instancias competentes y que las mercancías involucradas cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados.
La empresa también llamó la atención sobre lo que considera inconsistencias entre las cifras que se han difundido y los valores reales de los procesos administrativos, un punto que, indicó, deberá resolverse dentro del curso judicial.
Defensa insiste en presunción de inocencia
El abogado penalista Iván Cancino, quien representa a la compañía, reiteró que Lili Pink está vinculada a procesos en etapa de investigación, sin que exista una decisión judicial en firme que establezca responsabilidad.
El jurista enfatizó que la presunción de inocencia se mantiene vigente y que las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante las autoridades correspondientes. Además, señaló que la empresa cuenta con los soportes legales de importación de sus productos.
Cancino insistió en que se trata de una controversia jurídica en desarrollo y no de hechos concluidos. También coincidió en que hay diferencias entre las cifras que han circulado públicamente y las que reposan en los expedientes, asunto que deberá aclararse durante el proceso.
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El abogado destacó, además, que la compañía genera más de 3.000 empleos directos, tiene operaciones en Colombia y otros países de América Latina y ha comparecido ante las autoridades ejerciendo su derecho a la defensa.
Finalmente, hizo un llamado a respetar el debido proceso y evitar juicios anticipados mientras avanzan las investigaciones. Añadió que, a medida que se conozcan nuevos elementos por parte de la Fiscalía, la empresa emitirá nuevos pronunciamientos.
