La Corte Constitucional indicó que no se cumplió con el requisito de consulta previa con la comunidad afrodescendiente Afrowilches en el trámite de licenciamiento ambiental de los proyectos piloto Kalé y Platero en Puerto Wilches.
Aunque en este momento los proyectos piloto de ‘fracking’ en el Magdalena Medio están suspendidos, la realidad es que ahora se les sumó un nuevo obstáculo a las pruebas de yacimientos no convencionales que se venían realizando en Kalé y Platero.
En su sentencia T-514 de 2023, la Corte Constitucional aseguró que no se cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada de la comunidad afrodescendiente Afrowilches, en el marco del trámite de licenciamiento ambiental de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) mencionados con el uso de la técnica de fracking.
En su fallo, el alto tribunal agregó que aunque los proyectos están suspendidos, “no cuenta con los elementos que le permitan llegar a la conclusión de que los PPII no serán ejecutados”, pues no hay aún un acto definitivo y conclusivo sobre la cancelación de estos. Por ello, la Corte señaló que su pronunciamiento aún es necesario ante el riesgo de que las iniciativas puedan ser reanudadas en el futuro. Le puede interesar: Atención: transportadores de carga protestarán este viernes en Bucaramanga para evitar alza del Acpm
Cabe recordar que el Gobierno Nacional está impulsando un proyecto de ley para prohibir la técnica del fracking en el país, pero en varias ocasiones ha terminado hundido en el Congreso.
En cualquier caso, si se llega a dar la reanudación de las pruebas piloto de Kalé y Platero, se deberá primero cumplir con el mencionado requisito de consulta previa con la comunidad Afrowilches, para que tenga validez la licencia ambiental otorgada en su momento.
¿Cómo se dio el fallo de la Corte Constitucional?
Con esta decisión, el alto tribunal resolvió dos acciones de tutela, una por vulneración del derecho a la participación interpuesta por varias organizaciones de campesinos, pescadores, mujeres, jóvenes y sindicatos de Puerto Wilches; y otra por violación del derecho a la consulta previa, interpuesta por La Corporación Afrowilches con representación de la Corporación Podion y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar).
Ambas tutelas fueron respaldadas mediante escritos legales (Amicus Curiae) por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana. Le sugerimos: ¿El presidente Petro puede ordenarle al Banco de la República emitir dinero?
En las tutelas, se alegó que la realización de los PPI de fracking en la zona de influencia de las ciénagas de Paredes y Yarirí —entre otros cuerpos de agua— fueron autorizadas de manera unilateral por el gobierno nacional, sin tener en cuenta los planes de vida, preocupaciones y necesidades de las comunidades residentes.
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Además, el tribunal encontró que la ejecución de estos proyectos piloto perturbó aspectos de la organización interna, cultura y espiritualidad de la comunidad afrocolombiana y que podría afectar en forma directa el entorno ambiental en que se desenvuelve su existencia y formas de vida.
Reacciones de los promotores de las tutelas
“Expertos indican que no hay ninguna evidencia de que el fracking pueda ser practicado de una forma que no implique amenaza para la salud humana”, aseguró Rosa María Mateus, abogada del Cajar.
Por su parte, la Corporación Podion dijo que el “fallo es el resultado del proceso de resistencia territorial y la amplia movilización de las y los wilchenses que denunciaron hace más de tres años el avance de los pilotos de fracking sin licencia social, sin participación y consulta, sin enfoque de género, y en un contexto de graves amenazas a las personas defensoras ambientales que se oponían a los proyectos”. Le puede interesar: Menos personas salieron de vacaciones en esta temporada de mitad de año
Por su parte, Yeny Rodríguez, abogada sénior de AIDA, dijo que la sentencia “constituye un hito para la región, pues el máximo tribunal reconoció que los procedimientos ambientales y regulatorios relacionados con la acción climática y la transición energética deben ser justos y garantizar la participación democrática y el derecho a la consulta previa de comunidades afrodescendientes e indígenas”.
Las organizaciones firmantes plantearon su preocupación dado que el tribunal declaró improcedente la solicitud de amparo de los derechos a la participación en materia ambiental de campesinos, pescadores, mujeres y otros habitantes del municipio que se verían afectados.
Con información suministrada por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
