Un informe de Anif advierte que el país tiene grandes retos en la transición energética que deben ir acompasados con los retos fiscales.
Publicado por: Redacción L R
El futuro energético y fiscal del país van de la mano.
En un informe realizado por el Centro de Estudios Económicos, ANIF, y el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), se evidencia que Colombia afronta dos grandes retos en simultáneo: lograr la transición energética y, a la par, hacer una transición en sus cuentas fiscales.
Si bien una de las principales conversaciones en el país tiene que ver con la transición energética, expertos han planteado que esos cambios deben darse en sincronía, pues es evidente la dependencia económica que tiene Colombia con el sector tradicional de los hidrocarburos.
Según planteó ANIF, los ingresos provenientes de este sector han representado una parte considerable de las cuentas públicas. Por ejemplo, el sector de minas y canteras, en el que se incluye hidrocarburos y minería, es el segundo más relevante en recaudo de renta de personas jurídicas. De acuerdo con ANIF, este bloque aporta el 22 % del total en 2023.
“Dentro de este rubro, la extracción de petróleo crudo representó cerca del 70 % del recaudo”, señala ANIF.
En el informe se destaca que, en la situación actual, el sector minero-energético atraviesa un momento complejo que se reflejará en las cifras fiscales que el próximo gobierno deberá enfrentar.
“A diferencia de lo que sucedía previo a la pandemia, los beneficios en crecimiento cada vez se ven menos reflejados en el incremento del recaudo. El gran reto será definir cómo aprovechar el potencial y los recursos de este sector para apalancar y financiar la transición energética”, señaló el informe de ANIF.
La cobertura sigue siendo un reto
Uno de los puntos más relevantes de la discusión tiene que ver con la cobertura del servicio de energía en los hogares.
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En el documento publicado por ANIF se destaca que, si bien hay avances en cobertura eléctrica a nivel departamental, también se evidencia un preocupante “retroceso en el acceso efectivo de los hogares”.
“Hace cinco años se estimaba que había alrededor de 400.000 viviendas sin electricidad, pero hoy la cifra asciende a casi 1 millón, principalmente por limitaciones en la capacidad de generación y transmisión”, señala el documento de ANIF.
En ese sentido, desde ese centro de estudios advirtieron que las cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) reportan que cerca de 4,1 millones de colombianos carecen de acceso a la energía.
Mientras que, bajo el índice de pobreza multidimensional energética, la cifra asciende a 8,3 millones. “La falta de acceso no solo limita el bienestar material, sino que también profundiza la pobreza”, señaló el informe.
Otra de las advertencias que hacen es que el país tiene una gran dependencia de fuentes hidráulicas, lo que lo hace altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. “Diversas estimaciones indican que el país solo tendría autosuficiencia eléctrica hasta 2028”, aseveraron desde ANIF.
Asimismo, plantearon que esa situación de la oferta y cómo se compone la matriz energética del país han generado altos choques en precios para el bolsillo de los usuarios.
“Esa escasez de oferta y la actual composición de la matriz energética han derivado en el mayor choque de precios energéticos pospandemia en la región. Desde febrero de 2020, los precios de electricidad, gas y otros combustibles han aumentado un 68 %”, plantearon desde ANIF.
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A ese problema se le sumarían factores como la alta incertidumbre regulatoria, los retrasos en licencias y consultas previas, que elevarían la prima de riesgo para los inversionistas.
“Esto se traduce en mayores costos financieros y, en última instancia, en tarifas más altas para los usuarios”, puntualizaron desde ANIF.
La conversión de la matriz energética necesita ser replanteada con un enfoque realista. Aunque la generación eléctrica en Colombia es relativamente limpia gracias a la participación hidroeléctrica, la economía mantiene una fuerte dependencia de recursos no renovables como el petróleo, el gas y el carbón, tanto para garantizar la seguridad del suministro como para sostener el recaudo fiscal. En este escenario, el país requiere una transición propia, gradual y pragmática, en la que convivan temporalmente fuentes fósiles y renovables, mientras se avanza en la diversificación productiva y fiscal.
