La ANI reveló que, dentro de las obligaciones impuestas por la Anla para el desarrollo del proyecto Bucaramanga - Pamplona, Autovía Bucaramanga Pamplona debía obtener el consentimiento de la Alcaldía de Floridablanca para el uso de vías industriales con el fin de construir las Conectantes C1 y C2.
Publicado por: Miguel Orlando Alguero
Menos de 15 días tienen la Gobernación de Santander y los congresistas de la región para evitar que se haga efectiva la liquidación anticipada de la Autovía Bucaramanga - Pamplona, un fallido megaproyecto vial de $1,4 billones.
Por eso, la semana pasada el Gobierno departamental hizo la petición para reactivar los trabajos de la vía de 4G entre Bucaramanga y Pamplona, pero la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) respondió que el contrato ya está en proceso de liquidación, porque no contó con los permisos del Municipio de Floridablanca.
Debido a esto, @AutoviaBP activó el panel de Amigables Componedores con el que fue eximido del cumplimiento de las obligaciones de construcción de la Conectante C1-C2, y se suspendió el plazo contractual.
— Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) February 3, 2024
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“Dentro de las obligaciones impuestas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para el desarrollo del proyecto, Autovía Bucaramanga - Pamplona debía obtener el consentimiento de la Alcaldía de Floridablanca para el uso de vías industriales con el fin de construir las Conectantes C1 y C2”, detalló la ANI.
A renglón seguido, aclaró que, durante la ejecución del contrato, Autovía Bucaramanga - Pamplona presentó demanda arbitral que declaró que la no obtención del consentimiento fue ajeno a las partes del contrato que afectó construcción de la conectante C1 C2 y financiamiento para mejoramiento, construcción y operación de la vía.
Debido a esto, Autovía Bucaramanga - Pamplona activó el panel de Amigables Componedores con el que fue eximido del cumplimiento de las obligaciones de construcción de la Conectante C1-C2, y se suspendió el plazo contractual, reseñó la ANI en su respuesta.
Posteriormente, dijo la ANI, Autovía Bucaramanga - Pamplona presentó una segunda demanda pretendiendo la terminación anticipada del contrato por causas no imputables a las partes, esto, por la materialización de un eximente de responsabilidad que superó los 90 días y la suspensión del plazo de contrato.
“Por las razones antes expuestas y dado que se han configurado las causales de terminación anticipada del contrato, la ANI y Autovía Bucaramanga - Pamplona, actualmente, adelantan mesas de trabajo para elaborar documentos de acta de terminación y su posterior liquidación”, reveló la Agencia Nacional de Infraestructura.
Sobre decisión, Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander, dijo en su cuenta de X, antes Twitter: “Qué impotencia. Un departamento que viene creciendo a una tasa inferior al promedio nacional, con tasa de pobreza del 37% y pésimas vías. Si bien se empina y ve a Venezuela, hay un abismo en la mitad por el mal estado de la vía”.
Ante esta situación, el pasado viernes se reunieron en Bucaramanga los gobernadores, congresistas, diputados y representantes de gremios de Santander y Norte de Santander para plantear un plan de choque que impida la liquidación del contrato 002 de 2016, permitiendo que el proyecto vial que buscaba mejorar la conectividad vial entre ambos departamentos del oriente del país sea una realidad.
De lo contrario, se perdería la inversión que ya se tenía apropiada por parte de la Nación.
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El magnate de la contratación pública en el país, Carlos Solarte, condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht, por las irregularidades en el contrato de las vías 4G denominado Ruta del Sol II, tiene una vez más al Estado contra las cuerdas y a punto de hacerle pagar por lo menos $500 mil millones por el fallido proyecto de la Concesión Vial Bucaramanga – Pamplona, que tras nueve años de ejecución solo marca 11 % de ejecución.
Como ya se ha vuelto costumbre con el controvertido empresario, una vez más Solarte amenazó con volver al laudo arbitral ante el Tribunal de Arbitramento de Bogotá (donde ha ganado ciento de miles de millones de indemnización del Estado), para exigir la liquidación anticipada o permitir la cesión del contrato de APP (Alianza Público Privada) 002 de 2016 y de la Sociedad Autovía Bucaramanga – Pamplona (propiedad de Carlos Solarte), por valor superior a los $1,2 billones.
Según informó el gobernador Juvenal Díaz, el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que fue la que firmó el fallido contrato de concesión, tiene hasta mediados del mes de febrero para pagarle al contratista, ya sea $500 mil millones de indemnización por la fallida megaobra 4G o permitir que pueda ceder el contrato a otro concesionario, por lo que la ANI tendría que pagar $200 mil millones. En ese último caso se reactivaría el contrato.
“Tenemos menos de 15 días para presentar una solución, liquidar el proyecto o cederlo. Liquidarlo nos costaría $500 mil millones y que los recursos regresen al Gobierno Nacional, o cederlo a otra concesión y pagar $200 mil millones. Lo más viable y responsable sería buscar la alternativa para que la concesión se pueda ceder, pagamos menos y no perdamos la inversión del Gobierno”, señaló el mandatario departamental.
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Veeduría
Sin embargo, la veeduría del Comité de Defensa de los Cerros Orientales insistió en que la Conectante C1 – C2, que desviaría el tráfico pesado desde la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, en Floridablanca, hasta el kilómetro ocho de Bucaramanga, no se puede construir, ya que la licencia ambiental expedida por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, cuenta con varias inconsistencias, situación que causaría un daño ambiental irreversible en la biodiversidad de estos dos municipios.
“En una audiencia pública que se llevó a cabo en el 2021 se demostró con un estudio técnico juicioso de ingenieras ambientales, de ingenieros civiles, de abogados, de personas que viven en el territorio, caminando el territorio... le mostramos a la Anla todos los errores que cometieron en esa licencia ambiental. La agencia expidió la licencia detrás de un escritorio y no se dio cuenta que no son 10 cuerpos de agua, sino 28 los que vamos a tocar, entre ellos el más importante, el Río Frío que aporta el 30 % del agua al Acueducto de Bucaramanga. Esto entre muchas otras irregularidades”, expresó Milady Tovar, exconcejala de Floridablanca e integrante del comité.
La veedora aseguró que, si bien no se oponen al proyecto, se deben revaluar los estudios y diseños del mismo, para plantear su construcción en otro trazado.
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