Supernotariado desmiente los rumores de privatización de la oficina. Informó que en este lugar se realizará la renovación de luminarias, equipos de cómputo, aires acondicionados y la intervención de la infraestructura de 65 oficinas de registro.
Publicado por: Luisa Fernanda Ruiz Villamizar
El cese de actividades el día de ayer en la Oficina de Instrumentos Públicos llevó a que los procesos como certificado de levantamiento de hipotecas, consulta índice de propietarios o expedición de certificados de no propiedad y licencias de construcción, entre otros trámites que se realizan en este lugar, se comiencen a atrasar.
El sector constructor e inmobiliario son los más afectados ante el paro indefinido que anunció el Sindicato de Nacional de Trabajadores de Notariado y Registro (Sintranore). Por cada día de suspensión de actividades en las de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, se frenan $164.000 millones de inversión, según proyecciones de Camacol, y se limita el acceso a la vivienda formal de mil familias colombianas.
“Esta situación entra a agravar de manera crítica la precaria prestación del servicio público registral en el país y que, sin ser una novedad, se ha convertido en uno de los procedimientos más restrictivos, complejos y de impacto negativo en la cadena de valor de la construcción y en las dimensiones del acceso a la vivienda de los colombianos, la política de vivienda social, la financiación hipotecaria y el desarrollo regional y del mercado inmobiliario, todas ellas concurrentes en torno al servicio público registral”, expresó Sandra Forero, presidente ejecutiva de Camacol.
Sintranore informó que entró en cese de actividades por la supuesta tercerización de los servicios que ha ejecutado la Superintendencia de Notariado y Registro. A su turno, la entidad desmintió los rumores al interior de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bucaramanga y aclaró que solo se está realizando una modernización tecnológica.
“Este sindicato (Sintranore) ha querido a través de manifestaciones, contrarias a la realidad e incluso la ley, infundir un miedo en los funcionarios de la Superintendencia al no valorar y considerar que la modernización es mantener la tecnología. Es decir, se está confundiendo modernización con privatización, que sólo sería objeto a través de un acto administrativo, incluso un proyecto de ley del Gobierno Nacional, en el cual se debería hasta cambiar la Constitución”, afirmó Fernanda García, Superintendente de Notariado y Registro.
La funcionaria explicó que para privatizar una de estas entidades sería necesario presentar un proyecto de ley, en el cual se debería hasta cambiar la Constitución.
Es preciso aclarar que la Superintendencia de Notariado y Registro desarrolló REL, un aplicativo tecnológico desde años atrás.
No obstante, hace poco tiempo lograron tener la propiedad intelectual a nombre de la Superintendencia, esto quiere decir que hoy hace parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, por lo cual es un desarrollo propio y no tercerizado.
“Ahora con maniobras fraudulentas y peligrosas están haciendo incurrir en el error de sus demás afiliados, manifestando que el aplicativo REL es una tercerización del servicio y privatización, ya sabemos que la radicación electrónica la usan los registradores para agilizar el cargue de una escritura pública electrónica, para las bases de datos de la superintendencia, que posteriormente es calificada”, aseveró García.
Forero le pidió a la Supernotariado que se garantice lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 157 de 2012 en el que se consagra que... “el registro de la propiedad inmueble es un servicio público prestado por el Estado...” y por tanto requiere prioridad, continuidad y eficiencia en su prestación, en todo el territorio nacional.
Entre tanto, Silvia Rey Gómez, gerente de Camacol Santander, solicitó a la Supernotarias, mayor capacidad de personal en las oficinas y digitalización de los trámites, procesos en los que están muy rezagados. “Ellos están en un proceso, pero los tiempos si están siendo largos en los presencial”, precisó.
Cumplimiento a las peticiones
En la mañana de ayer, García estuvo presente en las instalaciones de la Oficina de Instrumentos Públicos mediando para que se reanudara la atención al público, pero no se logró ninguna solución. “No lo vamos a permitir (el cierre de oficinas), debemos garantizar el servicio público”, manifestó García.
Así mismo, enfatizó que la movilización está siendo tergiversada por Dehiby Villamizar, presidente de Sintranore, sobre quien existe una investigación administrativa por abandono del cargo.
La Superintendente aseguró que desde hace un tiempo atrás ha venido teniendo mesas de diálogo con los sindicatos de la entidad, donde se ha dado cumplimiento a las peticiones que han presentado como la renovación de luminarias, equipos de cómputo, aires acondicionados y la intervención de la infraestructura de 65 Oficinas de Registro, entre las que está la seccional de Bucaramanga.
Ante la movilización y cese de actividades en la Oficina de Instrumentos Públicos, Dehiby Villamizar, presidente de Sintranore, manifestó a Vanguardia que no están en contra de la modernización tecnológica, pero piden que el usuario de los servicios tenga la alternativa de decidir si los certificados a solicitar puede hacerlo de manera virtual o presencial, lo cual “no lo permite el estatuto registral (actual)”.
