La Superintendencia Financiera de Colombia estructuró un proyecto piloto con el fin de propiciar un espacio de prueba conjunto entre el ecosistema digital y el Gobierno Nacional.
Publicado por: Luisa Fernanda Ruiz Villamizar
La decisión de El Salvador de convertir el bitcoin en una moneda legal generó muchos impactos, tanto en la cotización de la misma como en las medidas regulatorias en los países.
La moneda se recuperó tras las grandes pérdidas sufridas durante las últimas semanas. En la semana cerró con un aumento del 1,55% a US$37.249,9.
Si bien en Colombia esta moneda virtual no está regularizada ni legalizada por las entidades financieras, desde septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) estructuró un proyecto piloto con el fin de propiciar un espacio de prueba conjunto entre el ecosistema digital y el Gobierno Nacional en materia de criptoactivos a través de la Arenera (sandbox).
Estas alianzas que superaron la etapa de análisis del Comité Evaluador y de Seguimiento son: el Banco de Bogotá, Bitso y Buda; Bancolombia, Gemini; Coltefinanciera, Obsidiam; Davivienda, Binance; Powwi, Binance; Coink, Banexcoin; y Movii, Panda y Bitpoint, según la SFC.
“El principal objetivo es que todas las autoridades participantes puedan medir la efectividad de los recientes desarrollos tecnológicos en la verificación de la identidad digital y de trazabilidad en las transacciones dentro del ámbito de sus competencias asignadas en el marco vigente”, precisó la entidad en un comunicado.
Para Leo Elduayen, fundador de Koibanx, este piloto es un hito y una oportunidad para que el regulador colombiano pueda ver y comprobar el funcionamiento de este mercado y, en función de los resultados que se generen, se podría dar la oportunidad de establecer un marco regulatorio adaptado y consistente. “Para esto, habrá que esperar a que finalice la prueba y la SFC saque sus conclusiones”.
“Hoy en Colombia las criptomonedas no tienen una naturaleza legal definida. Las normas de rango reglamentario y los conceptos de entidades gubernamentales, emitidos hasta el momento, se orientan a concebirlas como un activo que se usa como medio pago para la satisfacción de obligaciones contraídas entre las partes de una negociación”, afirmó Elduayen.
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