La implementación de la facturación electrónica puede requerir una inversión inicial en tecnología y capacitación para los dueños de los negocios. Expertos hablan sobre los impactos en la economía.
Publicado por: Nelly Vecino Pico
A partir del 1 de junio, las tirillas impresas por las máquinas registradoras, o facturas POS, que hoy todavía emiten muchos negocios como supermercados, restaurantes y otros pequeños comercios, sólo serán válidas si equivalen a ventas menores a los $212.000. Si el monto excede esta cifra, el comerciante estará obligado a expedir una factura electrónica.
Así lo establece la Resolución 1092 del primero de julio de 2022, que permite también seguir entregando la tirilla POS, en el caso que las ventas sean inferiores a esta cifra puntual, que equivale a 5 UVT, antes del IVA, recordando que la UVT fijada para 2023 es de $ 42.412.
En este grupo de pequeños negocios también se tendrán en cuenta las peluquerías, salones de belleza, restaurantes y establecimientos de comidas rápidas.
Desde la dirección Nacional de la Dian se ha indicado que es importante que el comprador exija la factura electrónica porque, adicionalmente, le permitirá obtener beneficios a la hora de presentar la declaración de renta.
Expertos consultados por Vanguardia consideran que la factura electrónica en establecimientos pequeños o negocios de barrio puede generar afectaciones a la economía por los costos que se generan en la implementación de las maquinas y demás elementos que se requieren.
Héctor García, presidente de Camerfirma Colombia y director académico del Observatorio Javeriano de Gobierno y TIC de la Universidad Javeriana, explica que implementar la Resolución 1092 va a impactar la economía de los barrios.
En la practica, implementar la factura electrónica para compras mayores a $212.000 es un tema sencillo, pero “que genera costos porque se requiere contratar personal especializado y en últimas ese costo se traslada hacia el usuario final o se va a ver reflejado también en no subirles (la remuneración) a los empleados y, recordemos, que este es un sector que aproximadamente genera unos 16.000 empleos directos, 60.000 empleados indirectos y el 98 % de estos tenderos todavía no están en el régimen común y, al pasarse, pues obliga a la factura electrónica”.
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Sin embargo, “hay que tener presente que muchos hemos comprado en las tiendas del barrios donde vivimos y, teniendo en cuenta el límite del UVT, se podría decir que el porcentaje de gente que compra más de 200 mil pesos es reducido, pero si va haber un impacto”.
De acuerdo con García, la norma no debería afectar a los tenderos y, además, se sabe que hay una reticencia y oposición de las Asociaciones de Tenderos para que no se les obligue a cumplir este requerimiento, pero el país tiene que dar ese paso para llevar estas economías que han sido informales a la formalidad.
Por su parte, Samary Espinosa Díaz, docente del programa de Contaduría Pública de la Universidad de La Salle, explica que la idea de la norma es que los pequeños negocios se formalicen y sean más competitivos.
Además, le generaría un beneficio a los compradores a la hora de presentar la declaración de renta.
Los beneficios
Uno de los beneficios, explica el director académico del Observatorio Javeriano de Gobierno y TIC, es dejar la economía informal que le hace un gran daño al país: “Son necesarios todos los aportes y se necesita tener un mayor control. La Dian tiene que tener un adecuado control y parte de eso es precisamente esas medidas para que haya cruce de información y se tenga en mejor detalle cuáles son los contribuyentes”.
Además, el hecho de estar formalizados les va a permitir un mayor acceso al crédito, tener fuentes de financiación y el hecho de poder emitir facturas en sus ventas grandes les permitirá manejar mejor los proveedores.
A su turno, Espinosa Díaz señala que con la factura electrónica los negocios pequeños y de barrio podrán se más competitivos en el mercado y, además, que sean más organizados en la parte contable y tener mayor seguridad sobre su información financiera. Así no estén obligados a llevar contabilidad por ser pequeños comerciantes, les permitiría que tengan su contabilidad digitalizada y tengan la factura como un medio probatorio ante cualquier requerimiento legal.
María Fonseca, representante de Asotenderos en Santander, dijo respecto a la facturación electrónica que se viene trabajando a nivel nacional con el fin de tener un encuentro con el director nacional de la Dian para tratar estos temas, debido a que muchos comerciantes tienen que hacer inversiones o pagos a profesionales en temas contables.
“La propuesta que queremos hacer desde Asotenderos es que se cree un impuesto para el pequeño comerciante y que no esté obligado a la factura electrónica”, dijo Fonseca.
Esto teniendo en cuenta que la tienda de barrio no se vería afectada directamente, pero sí otros negocios pequeños.
Actualmente, en Bucaramanga existen cerca de 8 mil tiendas en los diferentes barrios.
Recordó que el 90 % de la economía nacional se mueve a través de las microempresas como peluquerías, tiendas de barrio, establecimientos de venta de comidas rápidas, etc.
