El país se ha quedado sin espacio para hacer política fiscal contra cíclica de manera prudente o para acomodar el mayor gasto público resultante de las reformas propuestas por el propio Gobierno.

Publicado por: Resumen Agencias
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) se pronunció respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), presentado el pasado 14 de junio por el Ministerio de Hacienda.
Aunque se celebran los supuestos que se tomaron y las acciones frente al déficit del Fepc, presenta preocupaciones en el tema de sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de la Regla Fiscal a mediano plazo.
"El Carf encontró que el Mfmp fue construido con los supuestos adecuados y tiene elementos a destacar, como la programación del pago de la deuda del Fepc", asegura Andrés Velasco, director técnico del Carf.
"Sin embargo, encuentra algunos temas preocupantes desde el punto de la sostenibilidad fiscal. En particular, que el cumplimiento de la Regla Fiscal para 2024, 2025 y 2026 depende de unos ingresos que son temporales, en el contexto de la Regla, de unos ingresos no estructurales", agrega.
Sobre el avance en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), señalan que el déficit del Fepc en 2023 llegaría a $18,5 billones, cerca de $10 billones menos que lo estimado al inicio del año.
En el caso de las banderas rojas, ven un deterioro tanto del déficit fiscal como de la deuda neta del Gobierno a 2024 pese a haber aumentado los ingresos en cerca de 4 % del PIB con dos reformas tributarias y agregan que se pierden los avances que se lograron en años pasados de reducir el gasto primario del Gobierno y contrario a lograr que este monto llegue a 0 % en 2023 y 2024, el incremento de 1,2 % del PIB en el gasto primario impone una mayor presión sobre las cuentas.
La otra alerta roja es sobre los ingresos, pues el cumplimiento de la meta de déficit para 2024, 2025 y 2026 dependerá de ingresos no estructurales y de naturaleza incierta, especialmente de arbitrajes de litigios, por lo que estiman que "no cumpliría con las metas de balance primario neto estructural de la Regla Fiscal en un monto cercano al 1% del PIB para 2024, 0,6 % para 2025 y 0,3 % para 2026".
Para mediano plazo estiman que temporalmente no se lograría cumplir con la regla fiscal pues el presupuesto no evidencia una correspondencia entre gastos e ingresos estructurales.
Por déficit y deuda, señalan, "se dificulta la convergencia hacia el objetivo planteado por la Regla Fiscal para el 2026, una vez termine el período de transición".
Sobre los años más allá de 2026, creen que las cuentas están "al límite" pues se tienen en cuenta ingresos adicionales sobre los que no hay seguridad, de 1,3% del PIB. Acá aconsejan que por esto se debe dejar un "margen de maniobra" por si llegan eventos como "menores precios o producción de petróleo, una mayor desaceleración económica, una depreciación del peso o una inflación persistentemente más alta".
Reformas
El Comité señala que el Gobierno no incluye qué pasaría de aprobarse los proyectos de la pensional y de salud, que en el corto plazo plazo tendrían un gasto anual superior a 0,7 % del PIB.
"Dado que la senda de gasto propuesta por el Gobierno no deja ningún margen, este gasto incremental no tendría espacio fiscal dentro de la programación, y, en consecuencia, la aprobación de dichas iniciativas requeriría la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos estructurales", agregan.
Acá también señalan que hay mucha incertidumbre sobre el panorama, lo que también ha afectado los precios de colocación de deuda del Gobierno.
Llamados de atención
El Comité explicó que el Ministerio de Hacienda ha continuado siendo exitoso en la colocación de deuda, tanto internamente como en el exterior.
Sin embargo, el costo en la colocación y los precios a los cuales se negocia la deuda colombiana en el mercado secundario son evidencia de la percepción de riesgo que observan quienes financian a la Nación, y de su preocupación por el lento avance de la consolidación fiscal y de la reducción del saldo de deuda a niveles más sostenibles.
Asimismo, advirtió que la postura fiscal deficitaria del Gobierno Nacional continúa ejerciendo una presión macroeconómica que dificulta la reducción del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y el control de la inflación.
El gasto primario ha pasado de 15,8 % del PIB en 2019, antes de la pandemia, a 17,3 % del PIB en 2022 y se programa en 20,5 % del PIB para 2024.
"En consecuencia, el país se ha quedado sin espacio para hacer política fiscal contra cíclica de manera prudente o para acomodar el mayor gasto público resultante de las reformas propuestas por el propio Gobierno. El Carf hace un llamado para que el Presupuesto General de la Nación de 2024 se programe con un techo de gasto que asegure el cumplimiento de la Regla Fiscal, teniendo como base los ingresos estructurales de la Nación", concluyó el documento.














