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Documento de cuatro ministros del Gobierno Petro pone ‘contra las cuerdas’ a la reforma a la salud
- Tomada de El Colombiano / VANGUARDIA De izquierda a derecha: los ministros de Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López; Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. En el círculo la ministra de Salud, Carolina Corcho.
A pesar de que la discusión y debate de la reforma a la salud en el Congreso quedó para mayo, el articulado aún genera debate.
Este fin de semana se filtró un documento en el que se conocieron las objeciones de cuatro altos funcionarios del Gobierno colombiano.
Los reparos fueron presentados a la ministra de Salud, Carolina Corcho, y al presidente Gustavo Petro.
El documento fue presentado por los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; de Educación, Alejandro Gaviria; y de Agricultura, Cecilia López, y por el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. En él, hacen reparos a la reforma a la salud de corte constitucional y presupuestal.
La existencia del documento ya era reconocida, sin embargo, había incertidumbre frente al contenido.
Según reveló Cambio, cuando Petro y Corcho conocieron el documento, el presidente habría asegurado que “si se filtra, la reforma se cae”.
Además, los ministros “disidentes” habrían criticado duramente que no se tuviera en cuenta ninguno de sus reparos. Incluso, afirmaron que los cambios fueron “de último minuto” y “cosméticos”.
Qué dicen los ministros
Los ministros aseguran que su colega de Salud está subestimando el costo de la reforma, que, de acuerdo con sus cálculos, crecerá casi al doble durante el primer año de su implementación, con un aumento de $2,5 billones anuales hasta el año 2030.
Según la reforma, los costos ascienden a $51,89 billones, un monto que representa el recaudo esperado de más de dos reformas tributarias como la que aprobó el Congreso el año pasado ($19,7 billones).
Este monto contempla costos de $24,86 billones para la prestación de servicios primarios (anual), $11,32 billones para la infraestructura, $9 billones para la formalización de trabajadores del sector salud, hasta $5,7 billones para la capitalización de la Nueva EPS como el gran receptor de afiliados (estaría contemplado en el PND), $1,01 billones para el funcionamiento de la Adres como pagador único (anual), y $73.000 millones para la inversión en el sistema de información.
Sin embargo, se filtró un documento realizado por los ministros anteriormente mencionados y Jorge Iván Gonzalez, el director de Planeación Nacional, en donde se extienden a través de 17 páginas en comentarios hacia el articulado sobre riesgos de tipo constitucional. En el documento, los expertos realizan unos cálculos que, según ellos, no se tuvieron en cuenta dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo, y que llegan hasta los $90 billones.
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Costos de la reforma
También se suman algunos costos relacionados a la estructuración del nuevo modelo.
$0,95 billones por la eliminación de copagos que se contempla en la reforma, $6,10 billones por atención de migrantes y turistas, medida que ya no está en el articulado oficial. $2,53 billones por incapacidades y licencias de maternidad y paternidad, y 3,23 billones por la unificación de primas de los regímenes contributivo y subsidiado.
Pese a la encrucijada que hay entre la ministra Corcho, sus pares ministeriales como Gaviria, López y Ocampo, y los gremios del sector salud, el Presidente confirma su apoyo el proyecto de ley, ya radicado, y advierte, a través de un tuit oficial, que el Estado con esta reforma busca reforzar sus capacidades en torno a la vida.
Reparos
De acuerdo con Valora Anilitik, uno de los argumentos esgrimidos para lo anterior es que la reforma a la salud regula el derecho fundamental a la salud. Y, por tanto, “la regulación del mismo deberá atender los trámites estatutarios constitucionales respectivos”.
También los minsitros advierten que “los artículos 58 y 59 del texto propuesto permiten a las IES originar gastos con cargo a recursos de la Nación, mediante la expedición de ordenanza municipal. De acuerdo con la Constitución no puede haber erogación de gasto que no esté terminado en la ley (...) es inconstitucional”.
Los cuatro funcionarios colombianos aseveran que, por los artículos 12 y 146 de la reforma a la salud, se tendría que acudir a la consulta previa. Esto, por cómo podría afectar la reorganización del Sistema de Seguridad Social en Salud a las comunidades indígenas.
Y afirman que estas deben realizarse antes de que se radique el proyecto en el Congreso.
Respecto al impacto fiscal de la reforma a la salud, los ministros aseguraron que, de realizarse la totalidad de gastos para la reforma, el costo fiscal de la iniciativa sería “para el primer año, de alrededor de $16.91 billones adicionales y, para el segundo, de $21.8 billones adicionales. Entre 2025 y 2028 los gastos se incrementarían, en promedio, en $2 billones al año”.