Un tramo del corredor peatonal entre la sede de la USO Nacional y varios colegios oficiales en Barrancabermeja se convirtió en asentamiento de unas 40 personas en condición de calle, escenario diario de consumo, riñas e inseguridad.
Publicado por: Lesly Cifuentes
Las afueras de la sede de la USO Nacional en Barrancabermeja y un lote contiguo están ocupados por un asentamiento de unas 40 personas en condición de calle, según comerciantes y líderes barriales. La situación genera temor por los constantes episodios de consumo, riñas e inseguridad.
Barrancabermeja despierta temprano, pero frente a la USO, entre la avenida 52 y la 36, el movimiento comienza incluso antes del amanecer. En el corredor peatonal un asentamiento improvisado de cambuches convirtió ese tramo en refugio diario.
Para transeúntes, vecinos y comerciantes, ese refugio se volvió una amenaza que rompe la tranquilidad del sector. Muchos describen el paso como un tramo donde solo se siente miedo e inseguridad.
Los comerciantes cuentan que, a medida que avanza el día, el ambiente se hace “más pesado”. Suben las voces, aumentan las discusiones y el consumo de sustancias, y varios optan por cerrar más temprano por temor.
“Es una inseguridad constante. Uno no se puede descuidar porque se nos meten a los locales y se llevan lo que encuentran. Se duermen en los andenes, hacen sus necesidades. Vivimos con la zozobra de perderlo todo… estamos cansados”, relató un comerciante que pidió reserva de su identidad.
En este corredor, casi obligado para estudiantes, la gente acelera el paso, esquiva miradas y se orilla para no pasar junto a los cambuches. Los colegios Industrial, CASD y Normal Superior Cristo Rey enfrentan un problema que ya desborda sus muros.
“Es un riesgo para los niños que pasan por ahí, muchos vienen solos a pie. Esta presencia les genera miedo y las autoridades ya deben tomar cartas en el asunto”, expresó Fabián Domínguez, coordinador de la Escuela Normal Cristo Rey.
Para los habitantes de seis barrios –Palmira, Galán, Ciudad Bolívar, Recreo, Parnaso y Nuevo Palmira– la situación se salió de control. La vida diaria transcurre entre hurtos, riñas y choques constantes con esta población.
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“Hay un crecimiento acelerado de habitantes en condición de calle. Pedimos acciones para que a la comunidad se le devuelva la tranquilidad y la convivencia, para que puedan vivir en paz”, afirmó Jairo Acevedo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Palmira.
Por ahora no hay una solución de fondo. El asentamiento sigue en el corredor peatonal, mientras la comunidad espera decisiones que respondan tanto a las necesidades de estas personas como al miedo de quienes viven y trabajan en la zona.
La respuesta institucional
La Secretaría de las Mujeres e Inclusión Social aseguró que ya está lista una política pública para la atención de habitantes de calle. Según la entidad, el documento fue radicado ante el Concejo Distrital y espera debate y aprobación.
De ser adoptada, sería la primera herramienta formal para abordar de forma estructurada esta situación. La administración sostiene que permitiría articular acciones hoy dispersas.
La Secretaría explicó que también está en marcha una estrategia de atención integral con procesos de rehabilitación de 60 días, financiados por la administración. La condición es que cada persona acepte de manera voluntaria.
En este modelo, la participación de las familias es clave. Al terminar el proceso, los beneficiarios regresan a su entorno familiar, que debe estar dispuesto a recibirlos.
“Tenemos en curso una estrategia que permite atender integralmente al habitante de calle. La administración costea 60 días de rehabilitación, pero necesitamos su voluntad y consentimiento. Es importante que la familia se sume, porque luego de ese tiempo debemos devolverlos a su hogar”, explicó Kellyn Baeza Urbina, secretaria de las Mujeres e Inclusión Social.
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Estas acciones han recibido críticas. Para Fernando Pacheco, representante de la Fundación Donar Nos Une, la respuesta institucional es insuficiente frente a la magnitud del problema.
“Pedimos a la Secretaría de Inclusión Social apoyo con un bus para llevar más personas a centros de rehabilitación. No fue posible. Sin embargo, en julio destinaron $240 millones para llevarlas a una fundación en Chinácota. Pagan dos meses de rehabilitación cuando, según ellos, el tratamiento es totalmente gratis por medio de la EPS”, cuestionó.
Pacheco agrega que muchas de estas personas vienen de otros municipios, por lo que se requiere coordinación con otras entidades territoriales. Para él, el retorno a sus ciudades de origen debe ser parte central de la estrategia.
“Hemos expresado que muchos de los que pernoctan en la USO son de diferentes ciudades. La responsabilidad es de cada alcalde y la mejor forma es enviarlos a su ciudad de destino. Tampoco ha sido posible”, señaló.
Mientras la administración espera la aprobación de la política pública y adelanta acciones que la comunidad ve como insuficientes, el corredor sigue copado por cambuches, consumo de sustancias y riñas. El miedo persiste entre quienes viven, trabajan o deben cruzar a diario este tramo de la ciudad.
