Listas anónimas con nombres, fotos y descripciones se han difundido en redes.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La publicación y reenvío de listados que señalan a presuntos infieles encendió las alarmas en el país.
En las últimas horas, múltiples versiones del llamado “Excel de los Infieles” comenzaron a circular en grupos de WhatsApp, Telegram y plataformas sociales, impulsadas por la curiosidad.
Aunque este fenómeno ya había explotado en Chile y Perú, en Colombia tomó fuerza luego de que varios documentos digitales comenzaron a incluir nombres, características físicas, historias personales y hasta fotografías de las personas señaladas.
Listas, formularios y bases de datos que no paran de reparecer
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El 2 de noviembre se difundió un archivo que organizaba a los supuestos infieles por departamentos y contení imágenes. Lea también: ¿Lo pueden mandar a la cárcel por ser infiel? Esto dice la Ley ‘Cero Cacho’
Aunque retirada rápidamente, ya se había vuelto viral. Esa miscma noche reapareció un Google Forms que permitía a culquier usuario subir información personal de terceros.
Los datos volcaban automáticamente a una hoja de cálculo que, para la mañana del 3 diciembre, ya se había cerrado. Sin embargo, la información capturada siguió circulando, copiada y replicada por usuarios en redes sociales.
A pesar de los intentos por borrar estos contenidos, aún circulan nuevos enlaces, capturas de pantallas y videos que buscan compilar los listados anteriores.
La ley es clara: divulgar datos personales sí es un delito
@laamateur Las consecuencias legales del Registro Nacional de Infieles ✨
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Mientras el tema genera memes y discusiones en redes sociales, la legislación colombiana no deja espacio para interpretaciones. Lea también: Le fue infiel con dos mujeres y la familia lo alcahueteaba: el drama viral de Paola Romero en TikTok
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La Ley 1581 de 2012 protege rigurosamente la privacidad y establece sanciones para quienes acceden, usen o difundan información de terceros sin su consentimiento.
Las penas contempladas pueden incluir:
- Prisión entre 4 y 8 años.
- Multas de hasta 1.000 salarios mínimos.
La normativa considera datos personales elementos como identidad, residencia, estado civil, historial académico o laboral, así como información especialmente sensible, entre ella vida sexual, salud, ideología y rasgos físicos.
