Una perversa e impositiva actitud de copar territorios con el fin de controlar no solo el negocio del narcotráfico, sino el reclutamiento de menores, causa zozobra en algunas zonas de Santander. El Gobernador Juvenal Díaz lo advirtió. Credhos y la Defensoría del Pueblo alertaron.
Las cifras que va guardando en sus estadísticas luctuosas el Instituto para el Estudio del Desarrollo y La Paz, Indepaz, erizan, preocupan, estremecen.
El baño de sangre en Colombia dejaba 53 masacres en el 2024, con 168 víctimas, hasta el 11 de septiembre. Ahí no están las cuatro de Yondó, Antioquia, de esta semana, mucho menos los tres niños Cimitarra.
Ya no se perciben como hechos ocurridos por allá en la lejanía, que igual duelen, porque después de escuchar el percutir de las armas en las fronteras de Santander, días después, las sentimos en nuestro territorio. Advertidos, sacudidos.
Aparecen en la memoria imágenes en ‘sepia’, episodios marcados en el recuerdo amargo y funesto del Magdalena Medio santandereano y ya no hay tiempo para analizar datos, solo de conmovernos, tratar de solidarizarnos con nuestros paisanos y entender de manera cruenta la realidad. Actuar. Más grave aún cuando los proyectiles cruzan humanidades de jovencitos de apenas 12 años, cuyos pensamientos siquiera tienen idea de guerras, como ocurrió en el barrio Villanueva del corregimiento de Puerto Olaya, en Cimitarra.
Allí, de manera inmisericorde, tres menores fueron acribillados mientras dormían. “Qué hay de político en masacrar inocentes”, habría dicho un funcionario contemplando en un paraje de San Miguel del Tigre, a solo unos minutos de Yondó, los cadáveres fríos de Lisímaco Zamudio Vanegas, presidente de esta JAC; John Freddy Pérez, vicepresidente; Yohana Patricia Sepúlveda, secretaria; y Luis Eduardo Pérez Triana, papá de John Fredy.
Credhos se pronunció sobre masacres en Santander
Ante la primera matanza en Yondó, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –CREDHOS– precisó que “rechaza los hechos violentos que atentan contra la vida y la dignidad humana, al tiempo que estos evidencian una vez más la crisis social y humanitaria de la región”.
“En la masacre de Yondó fueron asesinados dos líderes y una lideresa social. En esta zona hacen presencia las disidencias de las Farc del “Estado Mayor”, el Ejército de Liberación Nacional “ELN” y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia “AGC”.
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“Esta situación se suma a lo que denunciamos sobre la incursión paramilitar que desde hace aproximadamente nueve meses adelantan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que se disputan el territorio por el control social, político y económico, interés que ha generado que cerca de 21 familias del corregimiento de San Lorenzo del municipio de Cantagallo, se desplazaran forzosamente hacia el municipio de Barrancabermeja.
“Estos hechos nos demuestran la gravedad de la situación humanitaria en la región.
“La incursión de la muerte toma ventaja en el territorio. Una vez más hacemos un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a implementar estrategias efectivas para la protección de la vida y la permanencia en el territorio de las comunidades de la región del Magdalena Medio.
“Asimismo, les exigimos a los grupos armados ilegales asumir la responsabilidad de los hechos, así como respetar la población civil y el Derecho Internacional Humanitario”.
Pero no acabamos de asimilar el tenebroso crimen de Cimitarra cuando desde Norte de Santander advierten de una matanza más. El contador de muertes de Indepaz no se detiene.
El Gobernador de Santander lo ha reiterado
El gobernador Juvenal Díaz Mateus advirtió que a la presencia de grupos armados en el entorno de Santander había que prestarle atención. En una reciente entrevista con Vanguardia el mandatario manifestó:
“Vuelve y juega en las fronteras con Santander. Lo de Yondó es un enfrentamiento entre ilegales por control territorial. Lo que me informa la Policía es que salía un bandido del Clan del Golfo herido, vienen los de las disidencias de las Farc y ahí generan la masacre, es decir, pelea por el territorio. Fue lo que nosotros anticipamos.
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“Si no se toman medidas y se hace una operación militar fuerte en los dos departamentos, habrá un combate por las finanzas y por el territorio, eso va a generar muertos. Tenemos que evitar que esto suceda en Santander”.
¿O sea que los cinco personajes que iban en ese carro, los cuatro y el herido, pertenecían a un grupo?.
“¿Yo tengo la certeza del herido, pero pues, dime con quién andas y te diré quién eres, no? Van acompañándolo. Cabe una probabilidad de que fueran familiares, pero no tengo el dato exacto. Habría que confrontarlo con la Policía Nacional. Pero seguramente…”.
“Nosotros le hemos dicho al Gobierno Nacional que necesitamos revisar lo del cese al fuego. Yo se lo dije al Presidente de la República en la reunión de gobernadores, sobre el cese al fuego con el Eln. Ya es una voluntad del Presidente hacerlo, aunque eso debería ser al final del periodo de negociación. Pero él es, de acuerdo con la Constitución, responsable del orden público y la paz”.
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…Pero si usted lo decide hacer ahorita tiene que delimitar el área.
“Ojalá los pudiera concentrar en un sitio para poder controlar ese cese de hostilidades o delimitar un área donde haya control territorial, de tal forma que si se salen del área y aparecen en otro sitio, pues la fuerza pública puede actuar, pero cuando se da un cese al fuego como este, pueden aparecer unos bandidos acá de Arauca, armados, y la fuerza pública no puede actuar, porque hay un cese al fuego y no hay flagrancia ni hay una defensa propia”.
¿Más de lo mismo en Cimitarra, Santander?
Al amanecer, a casi 200 kilómetros de la casa donde fusilaron a los chicos, el secretario del Interior, mayor general en retiro, Oscar Eduardo Hernández, aseguró que la Gobernación de Santander ofrece hasta $60 millones de recompensa por información que permita la captura de los responsables, incitando además a que las personas denuncien a través de las líneas 123, 145 o 167, lo que sepan de esta perversidad. Más bien, atrocidad, si se tiene en cuenta que los muertos tenían apenas 16, 15 y 12 años. Dos eran hermanos. De los criminales solo dijeron que eran siete hombres armados que “buscaban afectar la seguridad en el Magdalena Medio”. ¡Y de qué manera!
Después de la matanza, cuando la Policía llegó, solo hallaron a una madre lavada en sus propias lágrimas contemplando los cuerpos de sus muchachitos.
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Ella habría entregado algunos detalles de esa pesadilla, de donde concluyeron que el ataque podría estar relacionado con una confrontación entre grupos delictivos que actúan en el Magdalena medio, “en disputa por el control del tráfico de estupefacientes en la región”.
Sin embargo, otra persona ajena al núcleo de aquella mujer, a quien sumieron en las sombras de la tragedia criminal, aseguró que la matanza tiene nombre, que se trata de un grupúsculo que se hace llamar “Los de Olaya”, cuyo cabecilla daría órdenes desde prisión. ¿Los motivos? Una mezcla de terror infundido a bala, con demostraciones de horror para quienes se resisten a que les recluten a sus hijos para convertirlos en carne de cañón o mensajeros en la cadena de distribución de drogas, aprovechando sus edades. No hay certeza de nada, solo rumores que semejan verdades y pánico escrito con sangre.
