Las autoridades fronterizas desmantelaron el negocio ilegal. Los procesados imponían cobros en dólares a las víctimas durante las sesiones.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Una exhaustiva investigación judicial en la frontera con Venezuela puso al descubierto una red clandestina dedicada a la transmisión de contenido explícito a través de plataformas digitales. El caso se centró en la vivienda de un municipio nortesantandereano, la cual sirvió como escenario para la instrumentalización de dos jóvenes, entre ellas una menor de edad, quienes debían someterse a estrictas jornadas de trabajo para generar cobros en dólares a usuarios en línea.
Las pesquisas coordinadas por las autoridades de la región permitieron establecer la identidad y el modo de operar de los presuntos responsables de este modelo de explotación económica y sexual.
Controles severos y acuerdos monetarios
Según el material probatorio recopilado por el ente investigador, los hermanos venezolanos Carlos Alberto y Carlos José Colina Herrera cumplían labores de vigilancia directa sobre las jóvenes. Ambos hombres imponían cobros y penalizaciones en dólares en caso de que las víctimas incumplieran los reglamentos del lugar.
El expediente reveló un detalle determinante para el avance de las indagaciones: la propia madre de la adolescente de 16 años facilitaba la presencia de su hija en el establecimiento. Las pruebas señalan que la mujer contactó a una intermediaria en internet para pactar pagos mediante porcentajes, cobrados según la intensidad de la interacción de la menor en las cámaras.
Actividades de policía judicial permitieron identificar a los hermanos Carlos Alberto y Carlos José Colina Herrera, de nacionalidad venezolana, como los presuntos responsables de vigilar a las víctimas e imponer multas por incumplir las reglas establecidas. Asimismo, se conoció… pic.twitter.com/I0NhQwjG4Q
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 10, 2026
A la cárcel por trata de personas
Luego de valorar las evidencias presentadas en la audiencia, un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para los tres involucrados por los delitos de trata de personas agravada y utilización de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores.
Aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, deberán permanecer detenidos en un centro reclusorio mientras avanza la etapa del juicio.
