Tras el asesinato del dragoneante Diego Acevedo en Girón, las autoridades anunciaron recompensas de hasta $100 millones, más controles en Palogordo y un grupo especial para investigar los ataques contra funcionarios del Inpec.
Publicado por: Redacción Judicial
Recompensas de hasta $100 millones por información que permita prevenir atentados contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y otros servidores públicos fueron anunciadas por la Gobernación de Santander tras un consejo extraordinario metropolitano de seguridad realizado en Girón.
La reunión se llevó a cabo luego del asesinato del dragoneante Diego Armando Acevedo Garzón, quien fue atacado a tiros la noche del miércoles 14 de octubre mientras se encontraba en su restaurante, en el barrio Río de Oro de Girón. El funcionario estaba adscrito a la cárcel de Palogordo.
Durante el encuentro, realizado en medio de una ola de amenazas e intimidaciones contra el personal de custodia y vigilancia del Inpec, también se acordaron incentivos económicos por información que permita identificar a los responsables de los homicidios de dos funcionarios penitenciarios ocurridos en agosto y octubre de este año.
Refuerzan controles en Palogordo
Entre las medidas anunciadas está el fortalecimiento de los operativos de la Policía y el Ejército en la zona rural de Girón, especialmente en el sector de Palogordo. Allí se instalarán puestos de control, se realizarán patrullajes motorizados y se reforzará la presencia de la Fuerza Pública.
Douglas Arenas, secretario del Interior encargado de Santander, aseguró que las autoridades también avanzan en las investigaciones por el homicidio de Acevedo.
“Desde la línea investigativa, una línea investigativa que tiene vocación de éxito, muy pronto esperamos dar una respuesta a la comunidad”, manifestó el funcionario.
Arenas también hizo un llamado al Inpec para que refuerce las medidas de protección y autoprotección de sus trabajadores, teniendo en cuenta los riesgos que pueden enfrentar incluso después de terminar sus jornadas laborales. Vea además: “Es una ruleta rusa trabajar en el Inpec”: el llamado urgente del sindicato tras asesinato de Diego Acevedo en Girón
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“Al Inpec le hemos solicitado muy respetuosamente que se generen acciones de protección de la institución a través de sus funcionarios, para que tengan conciencia del peligro y asimismo puedan, de alguna u otra forma, al término de sus jornadas, poder estar cerca de sus familias sin ningún problema”, expresó.
El secretario agregó que los servidores públicos que desempeñan labores de riesgo deben extremar las precauciones para proteger su integridad.
Dos asesinatos de funcionarios penitenciarios
El homicidio de Diego Acevedo se suma al de Efraín Quesada Urrego, inspector del Inpec de 54 años, asesinado el 6 de agosto de 2026 cuando se dirigía a trabajar en la cárcel de Palogordo. El funcionario fue atacado cerca del ingreso al establecimiento penitenciario.
Ambos crímenes han generado preocupación entre los trabajadores penitenciarios y sus organizaciones sindicales, que han denunciado amenazas y ataques contra el personal del Inpec y reclamado medidas efectivas para garantizar su seguridad, tanto dentro como fuera de los centros de reclusión.
Tras el asesinato de Acevedo, la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) advirtió sobre la gravedad de la situación y pidió una respuesta coordinada de las autoridades. Su representante señaló que los riesgos no terminan cuando los funcionarios salen de turno, como quedó evidenciado con el ataque contra el dragoneante mientras se encontraba en su establecimiento comercial.
Gobierno Nacional crea grupo especial de investigación
A las medidas anunciadas en Santander se sumó la decisión del Gobierno Nacional de crear un grupo de tareas especiales para investigar los ataques sicariales contra funcionarios del Inpec, tras el asesinato de Diego Acevedo.
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La determinación se conoció luego de una reunión entre el ministro de Justicia, Iván Cancino; el fiscal general de la Nación encargado, Gilberto Javier Guerrero, y el director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, en la que se coordinaron acciones para esclarecer los hechos violentos y reforzar la seguridad de los trabajadores penitenciarios.
El ministro Cancino señaló que se solicitó a la Fiscalía conformar un equipo especializado para avanzar en las investigaciones, mientras que a la Policía se le pidió adoptar medidas especiales de protección para los funcionarios del Inpec y sus familias.
“Hay personas al margen de la ley que han atentado contra nuestros funcionarios del Inpec, que han ocasionado muertes, que han generado zozobra y pánico”, manifestó el ministro, quien advirtió que las autoridades buscarán a los responsables de los homicidios y de las amenazas difundidas a través de videos.
Por su parte, el fiscal general encargado, Gilberto Javier Guerrero, confirmó la creación del grupo especial, que contará con un equipo de policía judicial para recopilar pruebas, avanzar en las indagaciones e identificar a los responsables de los ataques.
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Más apoyo operativo y llamado al Gobierno Nacional
Como parte de los compromisos del consejo de seguridad metropolitano, la Alcaldía de Bucaramanga anunció que dispondrá de motocicletas para apoyar las labores operativas del Ejército Nacional. Por su parte, la Dirección Nacional del Inpec se comprometió a fortalecer las medidas internas de seguridad y autoprotección de sus funcionarios.
Además, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Girón solicitaron al Gobierno Nacional la realización de un consejo de seguridad para evaluar la situación y coordinar nuevas estrategias de protección.
Las medidas anunciadas buscan reforzar la seguridad en el área de Palogordo y proteger a los funcionarios penitenciarios ante las amenazas denunciadas. Entretanto, las investigaciones deberán establecer quiénes están detrás de los homicidios y de los mensajes intimidatorios que han circulado en los últimos días.
