Tras el homicidio de Diego Acevedo, atacado a tiros en su restaurante en Girón, el sindicato del Inpec pidió acciones urgentes para proteger la vida de los guardianes.
Publicado por: Redacción Judicial
El asesinato del dragoneante Diego Armando Acevedo Garzón, atacado a tiros cuando se encontraba en su restaurante Sabor Argentino, en Girón, reavivó las denuncias de los trabajadores penitenciarios por la violencia que enfrentan dentro y fuera de las cárceles.
Para Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), el homicidio ocurrido la noche del miércoles 14 de octubre no es un hecho aislado, sino parte de una problemática que, según denunció, se ha prolongado durante años y ha dejado trabajadores asesinados, funcionarios amenazados y múltiples atentados.
“Queremos denunciar la violencia sistemática que se está viviendo en contra de los trabajadores penitenciarios. Desde hace 12 años, esta organización sindical ha sido víctima de 79 asesinatos de compañeros trabajadores y activistas sindicales”, manifestó Robayo a Vanguardia.
El dirigente también aseguró que se han registrado alrededor de 120 atentados contra funcionarios y que más de 500 trabajadores se encuentran amenazados actualmente. Según explicó, estas cifras reflejan los riesgos que afronta el personal encargado de custodiar a las personas privadas de la libertad.
Diego Acevedo fue asesinado cuando estaba en su día de descanso
Uno de los aspectos que más preocupa al sindicato es que los riesgos no terminan cuando los guardianes salen de sus lugares de trabajo. Diego Acevedo, quien llevaba cerca de 18 años al servicio del Inpec y trabajaba en la Cárcel de Palogordo, fue atacado mientras atendía su negocio particular.
Para la organización sindical, el crimen evidencia la necesidad de revisar las medidas de protección de los funcionarios fuera de los establecimientos penitenciarios. Lea además: “Encontraremos a los responsables”: De La Espriella tras asesinato de dragoneante del Inpec en Girón
“En el caso puntual de ayer, el hombre no estaba de servicio, estaba en su tiempo de descanso. O sea, ya ni con eso estaba”, señaló Robayo.
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El dirigente describió la incertidumbre que, según afirmó, viven los trabajadores penitenciarios: “Yo lo llamo la ruleta rusa de trabajar en el Inpec, porque cualquiera puede ser asesinado”.
También advirtió que estos ataques afectan a las familias de los funcionarios, que viven con el temor de que sus seres queridos sean víctimas de nuevas agresiones.
“Es una manera de presión, es una manera de venganza, pero afecta directamente a todas las familias de los trabajadores y a todo un conglomerado”, afirmó.
Óscar Robayo Rodríguez, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP
Aunque el sindicato denuncia un patrón de violencia contra el personal penitenciario, las autoridades aún deben establecer los móviles del asesinato de Acevedo e identificar a los responsables.
Santander, bajo la preocupación por nuevos ataques
El crimen de Diego Acevedo se suma al asesinato de Efraín Quesada Urrego, inspector del Inpec de 54 años, ocurrido el pasado 6 de agosto, cuando se dirigía a iniciar su jornada laboral en la cárcel de Palogordo, en Girón.
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Quesada fue atacado por hombres que se movilizaban en motocicleta, cerca de la entrada del establecimiento penitenciario. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a las heridas.
A estos casos se añaden otros episodios que han encendido las alertas de seguridad en Santander, entre ellos amenazas contra funcionarios y el hallazgo de elementos como cilindros y granadas, que han requerido la atención de las autoridades.
De hecho, horas después del asesinato del dragoneante comenzó a circular un presunto panfleto, acompañado de un video, en el que se menciona el homicidio de Diego Acevedo y se amenaza a funcionarios del Inpec y a habitantes de sectores cercanos a la cárcel de Palogordo. En los mensajes también se exige el traslado de los internos recluidos en el patio 10. La autenticidad y procedencia de estos contenidos deberán ser establecidas por las autoridades.
Vea además: Tras asesinato de dragoneante en Girón, panfleto anuncia ‘plan pistola’ contra guardianes del Inpec
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Ante este panorama, el sindicato cuestiona la respuesta institucional frente a las amenazas y los ataques. Robayo sostuvo que las medidas de seguridad deben traducirse en acciones concretas y coordinadas, en lugar de limitarse a reuniones y anuncios.
“Lo primero es reconocer que estos no son hechos aislados, sino un tema sistemático de asesinatos. Que haya una articulación por parte del Gobierno, que dejen esa tiradera de pelota entre los alcaldes y los comandantes de Policía y que de verdad le pongan cartas al asunto”, reclamó.
¿Qué pide el sindicato para proteger a los guardianes?
Entre las principales solicitudes de la organización sindical están la entrega de elementos de protección para los trabajadores penitenciarios y la agilización de los trámites para la adquisición de armas de fuego por parte de los funcionarios, de acuerdo con los requisitos legales.
Robayo también pidió una mayor coordinación entre el Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y municipales y la Fuerza Pública. A su juicio, la protección de los guardianes no puede recaer exclusivamente en el Inpec.
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“Le hemos solicitado al Gobierno elementos de protección para los trabajadores y que se agilicen los trámites para la adquisición de armas de fuego por parte de los funcionarios. También necesitamos una articulación entre el Gobierno nacional, la Gobernación, las alcaldías y la Fuerza Pública, porque se habla mucho de seguridad y se realizan consejos, pero hacen falta acciones concretas para proteger la vida de los guardianes, incluso cuando están fuera de servicio”, concluyó.
El dirigente insistió en que los funcionarios necesitan garantías de seguridad incluso cuando están fuera de servicio y desarrollan sus actividades cotidianas.
“Palogordo siempre ha sido una cárcel de alta seguridad, una de las más representativas del país. Sin embargo, el Inpec es una entidad con recursos limitados y, si no hay una articulación entre todas las entidades del Estado, será imposible garantizar la vida de los guardianes”, concluyó Óscar.
