El Ministerio de Educación debe definir lineamientos y orientaciones para que las instituciones apliquen la Ruta de Atención Integral para la Convivencia. Es decir, un protocolo concreto para prevenir casos de matoneo y maltrato.
Publicado por: A.C.
Tras analizar el caso de dos niñas víctimas de acoso escolar en un colegio de Villapinzón (Cundinamarca), la Corte Constitucional le pidió al Ministerio de Educación diseñar un protocolo para prevenir el bullying en entornos educativos.
El pronunciamiento llegó por medio de una sentencia de tutela solicitada por una floricultora madre cabeza de hogar. Dos de sus hijas —Sofía, de nueve años, de quinto grado, y Martina, de cinco, de primero— han sido víctimas de acoso escolar.
Sofía le contó a su mamá que recibía distintas formas de matoneo, incluso llegando a agresiones físicas, de parte de sus compañeros. La madre acudió al colegio y habló con el coordinador de convivencia, quien se comprometió a hablar con la directora de quinto.
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La niña continuó dando muestras de tristeza y contando las agresiones que padecía. La madre le insistió a la directora de quinto y al coordinador que tomaran medidas, a lo que el coordinador respondió que era “complicado estar al tanto de todos los estudiantes”.
“A pesar de sus promesas de tomar medidas, las cosas no cambiaron y las agresiones pasaron de ser verbales a físicas cuando empujaron a Sofía por las escaleras durante el descanso, causándole un golpe en la cabeza”, le narró la madre a la justicia.
Los episodios de maltrato escolar fueron varios, y la directora de quinto grado se prestaba para revictimizar a Sofía. La menor, además de otras muestras de dolor, decía que no quería volver al colegio, que quería morirse, que le tenía miedo a su profesora.
Con las conversaciones entre Sofía y su mamá, Martina expresó que a ella le hacían lo mismo. “A mí también los niños me molestan y me dicen cosas feas hasta que me hacen llorar”, contó la demandante, citando a su hija de cinco años.
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Sofía tuvo que ser valorada por la enfermería de su institución y luego por psicología. El colegio no actuaba correctamente ni ofrecía garantías para que no ocurriera ningún tipo de maltrato contra ella o contra su hermana. La madre decidió interponer una tutela.
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En dos instancias, la justicia dijo que la demanda era improcedente porque existían otros mecanismos para poner de presente su situación. El caso arribó a la Corte Constitucional, que respondió con su Sala Sexta de Revisión de Tutelas.
La Sala encontró que ni el colegio ni el Ministerio Público —al que la madre también acudió buscando respuestas— activaron un protocolo de prevención correspondiente, por lo que “incumplieron sus deberes de garantizar la protección de las menores de edad”.
El alto tribunal acotó que desde 2013 existe una ley que dispone una Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, pero la institución de Villapinzón no la atendió, pues consideró, sin fundamentos, que no existían pruebas de acoso escolar.
Para reponer el daño a las menores, la Corte le ordenó al colegio iniciar una indagación adecuada que determine quiénes fueron responsables del bullying y cuáles fueron las causas que llevaron a las agresiones de Sofía y Martina.
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Además, le “exhortó” al Ministerio de Educación que defina lineamientos y orientaciones para que las instituciones apliquen la Ruta de Atención Integral para la Convivencia. Es decir, que defina un protocolo concreto para prevenir casos de matoneo y maltrato.
Con ponencia del magistrado Antonio Lizarazo, la Corte, por último, instó al Ministerio de Salud a ser un enlace entre las EPS y el personal especializado en salud de los colegios, para atender a quienes son víctimas de matoneo de forma más integral.
Con información de Colprensa.
