Cualquier acto que busque modificar la orientación sexual mediante intervenciones quirúrgicas, medicamentos o terapias psicológicas será considerado un delito punible con hasta 3 años de cárcel.
Publicado por: K.M.
A partir del 1 de marzo, Portugal implementará una ley que sancionará los actos de conversión sexual forzada contra personas del colectivo LGTB+.
La nueva legislación, reflejada en la ley número 15/2024 publicada en el Diario de la República, establece duras penas de prisión para quienes intenten alterar, limitar o reprimir la orientación, identidad o expresión de género de otra persona de manera forzosa.
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Según esta ley, cualquier acto que busque modificar la orientación sexual de alguien mediante intervenciones quirúrgicas, medicamentos o terapias psicológicas será considerado un delito punible con hasta 3 años de cárcel. Si estos tratamientos provocan cambios irreversibles en el cuerpo de la víctima, las penas pueden llegar hasta los 5 años de prisión.
La legislación también contempla sanciones más severas en caso de que la víctima sea menor de edad. Además de la pena de prisión, se establece la posibilidad de inhabilitación profesional para quienes sometan a un niño o adolescente a una conversión forzada.
Ya es oficial en Portugal el decreto que prohíbe las terapias de conversión forzadas a las personas LGTBI+ y castiga estas prácticas con penas de cárcel y multas. A ver si los copiamos en España https://t.co/4JyIPCj22w
— Miguel A. G. Batista (@MiguelAGBatista) January 22, 2024
Es importante destacar que la ley no penaliza los procedimientos aplicados en un contexto de autodeterminación de la identidad y expresión de género. Esta medida, propuesta por varios partidos políticos y aprobada por el Parlamento portugués en diciembre, busca proteger a las personas LGTB+ de prácticas discriminatorias y violatorias de sus derechos humanos fundamentales.
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Un estudio realizado por el Ispa-Instituto Universitario reveló que el 22% de las personas LGTB+ encuestadas en Portugal entre 2021 y 2023 había sido sometido a prácticas de conversión, con el 52 % sintiéndose obligado a iniciar el proceso y el 35 % reportando haber sido presionado. La nueva ley representa un paso importante hacia la protección de los derechos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género./EFE.
