Según Amnistía Internacional, con un total de 853 penas de muerte aplicadas en 2023, Irán fue responsable del 74% de todas las ejecuciones registradas en todo el mundo.
Publicado por: EFE
Irán ejecutó este lunes en público a un hombre de 20 años condenado a la pena de muerte por asesinar a tiros a un abogado en la ciudad de Shahrud, en la norteña provincia de Semnan, en 2021.
La pena de muerte del asesino de Mahmoudreza Jafar Aghaei se aplicó esta mañana en público en la ciudad de Shahrud”, anunció el jefe del Tribunal Supremo de la provincia de Semnan, Mohammad Sadegh Akbari, según informó la agencia Tasnim.
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El asesino, cuyo nombre no ha sido revelado por la justicia iraní, fue sentenciado a la pena máxima después de “confesar en los interrogatorios que había sido contratado para asesinar a Mahmoudreza Jafar Aghaei” en frente de su casa con una escopeta en agosto de 2021, tras lo cual huyó en su automóvil. Fue identificado y arrestado más de un año después en septiembre de 2023, cerca de Teherán, y posteriormente fue trasladado a Shahrud.
El presidente del Tribunal Supremo de Shahrud dijo que las autoridades judiciales habían intentado mediar y convencer a la familia del jurista asesinado a eximir la pena de ejecución, sin tener éxito.
Más de 345 ejecuciones este año en Irán
Las ejecuciones públicas son relativamente raras en Irán, donde casi todos los condenados son ahorcados dentro de las cárceles.
Datos de la ONU indican que más de 345 personas han sido ejecutadas en el país persa en lo que va de año, 87 de ellas desde las elecciones presidenciales del pasado 5 de julio, en las que venció el reformista Masud Pezeshkian.
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Según Amnistía Internacional, con un total de 853 penas de muerte aplicadas en 2023, Irán fue responsable del 74 % de todas las ejecuciones registradas en todo el mundo. 481 de estas ejecuciones estuvieron relacionadas con delitos relacionados con las drogas.
Historia de las ejecuciones públicas
Aunque las ejecuciones públicas han sido una práctica en Irán desde tiempos antiguos, su uso sistemático y más frecuente se consolidó después de la Revolución Islámica de 1979, como parte de un enfoque más amplio del régimen para la justicia penal y el control social. A pesar de las críticas y la controversia, esta práctica sigue siendo una característica del sistema judicial iraní en el siglo XXI.
Período Pre-Revolucionario:
- Antes de la Revolución Islámica, Irán (anteriormente conocido como Persia) ya tenía antecedentes de ejecuciones públicas bajo varios gobiernos y dinastías. Estas ejecuciones eran a menudo parte del sistema judicial para castigar delitos graves, pero no siempre se llevaban a cabo de manera sistemática o con la frecuencia observada en tiempos posteriores.
Revolución Islámica de 1979:
- La Revolución Islámica de 1979 marcó un cambio significativo en la política y la justicia en Irán. Bajo el liderazgo del Ayatollah Ruhollah Khomeini, el nuevo régimen implementó una serie de reformas y políticas basadas en la ley islámica (Sharía). Esto incluyó un aumento en el uso de ejecuciones públicas como una herramienta para castigar delitos y disuadir el crimen.
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- Durante los primeros años después de la revolución, se llevaron a cabo muchas ejecuciones públicas, especialmente contra aquellos considerados enemigos del nuevo régimen, así como contra personas condenadas por delitos graves como el narcotráfico, la corrupción, y la traición.
Décadas de 1980 y 1990:
- En las décadas siguientes, el uso de ejecuciones públicas en Irán continuó, aunque la frecuencia y la visibilidad variaron. Los casos de ejecuciones públicas fueron a menudo reportados en medios locales e internacionales, especialmente cuando se trataba de eventos particularmente impactantes o de alto perfil.
Siglo XXI:
- En los años 2000 y 2010, Irán continuó realizando ejecuciones públicas, pero el número ha fluctuado con el tiempo. Las ejecuciones públicas en este período han sido documentadas con regularidad por organizaciones de derechos humanos, que han criticado estas prácticas por su brutalidad y su impacto en los derechos humanos.
- A pesar de la controversia internacional y la presión de organizaciones de derechos humanos, las ejecuciones públicas siguen siendo una práctica en Irán, utilizada por el Gobierno como una medida disuasoria y punitiva.
