Washington impone medidas contra magistradas del Tribunal Penal Internacional por investigar a personal estadounidense y emitir órdenes contra Israel. La Casa Blanca acusa al organismo de politización y abuso de poder.
Publicado por: Europa Press
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha impuesto sanciones a cuatro juezas del Tribunal Penal Internacional (TPI) por varios casos, incluidas las emisiones de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza. Además: Se rompe el ‘bromance’ Trump-Musk por choque fiscal: de aliados a enemigos
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La oficina liderada por Marco Rubio ha informado que las personas sancionadas son la ugandesa Solomi Blungi Bossa y la peruana Luz del Carmen Ibañez Carranza, de la división de apelaciones, y la beninesa Reine Alapini Gansou y la eslovena Beti Holer, de la división de cuestiones preliminares y de primera instancia.
“Bossa e Ibañez autorizaron la investigación del TPI contra personal estadounidense en Afganistán. Alapini Gansou y Hohler resolvieron autorizar la emisión de órdenes de arresto por parte del TPI contra (...) Netanyahu y Musk”, explica en un comunicado publicado en su página web.
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El jefe de la diplomacia estadounidense ha señalado que esta medida, “que no ha tomado a la ligera”, refleja “la gravedad de la amenaza que supone la politización y el abuso de poder del TPI”, con con sede en La Haya. Otras noticias: Dos migrantes venezolanos detenidos en EE.UU. por muerte en moto de agua y fuga
Como resultado de estas sanciones, todos los bienes e intereses en bienes de las personas sancionadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.
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Este conflicto reaviva el debate sobre los límites de la justicia internacional y hasta qué punto las grandes potencias están dispuestas a aceptar fallos que afecten a sus aliados o ciudadanos influyentes.
El TPI defiende su autonomía e insiste en que sus decisiones se basan en evidencias recogidas por fiscales independientes. Por ahora, EE. UU. se mantiene firme en su rechazo a lo que llama “intervencionismo judicial con fines políticos”.
