La Administración de Donald Trump impuso sanciones contra la Corte Penal Internacional horas después de que Navi Pillay, exjueza del tribunal, recibiera el Nobel de la Paz por su defensa del derecho internacional.
Pocas veces una misma jornada concentra señales tan opuestas sobre el futuro de la justicia internacional.
Mientras en Noruega se pronunciaba un nombre que simboliza décadas de lucha por los derechos humanos, en la capital estadounidense se terminaba de pulir una decisión que apunta exactamente en la dirección contraria.
El choque de ambos anuncios, con apenas horas de diferencia, sacudió este viernes el tablero diplomático mundial. Además: Quién es Navi Pillay, la jurista sudafricana que ganó el Premio Nobel de Paz 2026
Sanciones contra el tribunal y no solo contra sus funcionarios
La Administración del presidente Donald Trump anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), y lo hizo pocas horas después de que el Comité Nobel noruego revelara que el Premio Nobel de la Paz 2026 había recaído en la sudafricana Navi Pillay, quien fue jueza de ese mismo tribunal.
Con esta medida, Washington incluyó a la propia institución dentro de su régimen de sanciones.
Hasta ahora, las restricciones se habían dirigido a 17 personas vinculadas con la Corte, entre ellas jueces y fiscales.
El Departamento de Estado explicó en un comunicado que las nuevas disposiciones buscan defender la soberanía estadounidense y neutralizar lo que considera una amenaza. Además: EE. UU. envía migrantes deportados a terceros países y HRW alerta por abusos
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El secretario de Estado, Marco Rubio, fue más contundente en un video difundido en redes sociales. “Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos”, afirmó.
Según el jefe de la diplomacia, durante décadas tanto republicanos como demócratas rechazaron que el tribunal tuviera facultades para juzgar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o dirigentes políticos.
Rubio anunció, además, que se prohibirían las transacciones con lo que calificó como un tribunal ilegítimo, con el propósito de cortar sus recursos y paralizar su capacidad de actuar contra Estados Unidos.
Aun así, el Departamento del Tesoro emitirá un conjunto de licencias generales que permitirán ciertas operaciones relacionadas con la CPI, una salvedad que, según el comunicado, apunta a proteger intereses estadounidenses. Lea también: Trump dice que debería ganar el Nobel de Paz 2026 por su gestión en los conflictos internacionales
Un pulso con puerta entreabierta
El tono del jefe de la diplomacia estadounidense fue duro, pero no del todo cerrado. Rubio dijo confiar en que todavía es posible una solución diplomática, aunque dejó claro que la campaña continuará.
Su meta, aseguró, es desmantelar la Corte “ladrillo a ladrillo” hasta que los estadounidenses dejen de sentirse amenazados.
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También rechazó cualquier enjuiciamiento de militares que defienden el país, de agentes de la Patrulla Fronteriza y de líderes electos, y sostuvo que Trump jamás permitirá que la CPI procese a ciudadanos de su país. Además: Premio Nobel de Literatura 2026 para la poeta canadiense Anne Carson
Su mensaje final sonó como un ultimátum, pues planteó que o la Corte deja de lanzar amenazas o Washington acabará con ella.
Para entender la magnitud del choque, conviene recordar qué es la CPI. Se trata de un organismo independiente con sede en La Haya, en los Países Bajos, creado en 2002 para perseguir y juzgar crímenes de guerra.
La integran 125 países, entre ellos todos los miembros de la Unión Europea y de la OTAN, con excepción de Estados Unidos y Turquía.
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La Corte investiga y juzga a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, incluidos los ciudadanos estadounidenses, siempre que tenga jurisdicción conforme a su tratado fundacional, el Estatuto de Roma. Lea también: Tres años después del 7 de octubre, la guerra de Gaza aún no encuentra salida
Europa y la propia Corte responden
La reacción europea no tardó. La Comisión Europea calificó de profundamente lamentable el anuncio de Washington y recordó que la Unión siempre ha respaldado a la CPI.
Indicó que está lista para adoptar las medidas necesarias para que el tribunal siga investigando y enjuiciando crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como para resguardar los intereses de los operadores europeos en el mercado único.
Un detalle abre una rendija a la negociación. Las sanciones tienen un plazo de seis meses antes de ser aplicables, lo que, según Bruselas, deja margen para el diálogo. Además: Caso Jovenel Moïse: Gobierno anuncia apoyo a militares colombianos detenidos en EE. UU.
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La Comisión añadió que trabajará de cerca con los 125 Estados parte del Estatuto de Roma para preservar la independencia de la institución.
La Corte, por su parte, rechazó con firmeza las sanciones contra el tribunal como institución.
Las describió como un ataque al Estado de derecho, un intento de obstaculizar el curso de la justicia, perturbar su funcionamiento e intimidar a quienes trabajan en ella, y recordó que fue creada mediante un tratado internacional. Siga informado: Trump volvió a la ONU con un mensaje que elevó la tensión internacional
La mujer que defendió a Mandela y ahora gana el Nobel
En medio de esa tensión, el Comité Nobel reconoció a Navanethem “Navi” Pillay por su labor en favor de la paz y el derecho internacional, y destacó su papel para que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente.
La misión de la Unión Africana ante la ONU la felicitó y resaltó su dedicación a la justicia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Lea también: América Latina reclama la Secretaría General de la ONU y pide mayor representación
Pillay nació en Durban, en el este de Sudáfrica, en 1941, en plena época del apartheid, que rigió entre 1948 y 1994, dentro de una familia de origen tamil indio.
Fue pionera del derecho en su país y defendió a presos políticos y activistas del régimen segregacionista, entre ellos Nelson Mandela, quien luego se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica.
Más adelante fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que llegó a presidir, y magistrada de la CPI.
Entre 2008 y 2014 ejerció como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y, hasta 2025, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados.
Así, el mismo día en que el mundo celebró la trayectoria de una de las voces más reconocidas de la justicia internacional, la institución a la que perteneció quedó en la mira de la mayor potencia del planeta.
Los próximos seis meses dirán si prevalece el diálogo o si la cuenta regresiva de las sanciones se convierte en el siguiente capítulo de esta disputa.
