La política de deportaciones a terceros países continúa mientras el Tribunal Supremo de EE. UU. prepara para diciembre una audiencia sobre su legalidad.
Hay viajes que empiezan con una promesa de protección y terminan en un lugar que nunca estuvo en el mapa personal de quien los hace. Un hombre etíope de 35 años lo sabe bien.
Había huido de su país tras ser encarcelado y torturado, y un juez estadounidense había decidido que no podía volver allí porque existía la probabilidad de que fuera torturado de nuevo. Aun así, su historia no terminó donde esperaba.
Una denuncia que pone cifras al problema
Ese testimonio forma parte de un informe que Human Rights Watch (HRW) hizo público este jueves. La organización sostiene que Estados Unidos ha deportado a naciones africanas a más de 500 inmigrantes de terceros países desde enero de 2025.
Según la ONG, en esos procesos no se permitió que las personas impugnaran la expulsión ni que expresaran sus temores por los traslados. Además: Redadas migratorias de ICE golpean a los negocios latinos en Estados Unidos
El documento se titula “Para asustar a la gente. Expulsiones de EE. UU. de nacionales de terceros países a África”. Allí se explica que los afectados no podían ser enviados a sus países de origen por el peligro que correrían, de modo que fueron llevados a naciones africanas con las que no tienen ningún vínculo.
Entre los países que han recibido a migrantes deportados mediante acuerdos con la Administración del presidente Donald Trump figuran Burundi, Esuatini, Liberia, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana. Lea también: Europa endurece su política migratoria y abre la puerta a centros de retorno en África
Vuelos de 18 horas y destinos desconocidos
Las personas entrevistadas por HRW describen un trato abusivo desde el mismo momento del despegue. Algunos migrantes permanecieron esposados durante 18 horas o más y recibieron poca o ninguna información sobre adónde los llevaban.
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La situación no mejoraba al aterrizar. Esuatini, Ghana y Sudán del Sur detuvieron de manera arbitraria a los deportados, quienes relataron malos tratos durante su reclusión.
Camerún, Guinea Ecuatorial y también Ghana fueron más lejos, según la ONG, porque enviaron a algunas de estas personas a sus países de origen, donde corrían el riesgo de ser perseguidas o torturadas.
Esa práctica viola el principio de no devolución del derecho internacional, que prohíbe mandar a alguien a un lugar donde su vida o su integridad estén en peligro. Además: Doral, el “pueblo fantasma” de Florida que se siente traicionado tras las redadas migratorias
El director interino del programa de HRW para Estados Unidos, Michael Garcia Bochenek, afirmó que deportar a personas a países donde nunca han estado hace parte de una política diseñada para causar sufrimiento humano como medio para disuadir la migración.
Agregó que varios gobiernos africanos no solo son cómplices de los abusos estadounidenses, sino que además han violado los derechos humanos de los deportados, incluso con detenciones arbitrarias y, en algunos casos, devolviéndolos a países de los que huyeron del peligro. Siga informado: ICE rompe récord de arrestos de migrantes y crece la presión sobre Donald Trump
Cuando el destino criminaliza la identidad
Uno de los puntos más delicados del informe tiene que ver con la orientación sexual. HRW documentó que al menos una docena de deportados se identificaban como Lgtbiq+ y fueron enviados a países africanos que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo o las conductas románticas públicas entre ellas.
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Entre ese grupo había refugiados a quienes Estados Unidos les había concedido protección precisamente por la posibilidad de sufrir persecución en sus países de origen debido a su orientación sexual o identidad de género. Le puede interesar: Identifican al agente de ICE que mató al bumangués Johan Sebastián Durán en Maine
Una firma que nadie pidió
El hombre etíope contó además otro episodio. Cuando se negó a firmar un formulario de salida voluntaria, un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) lo firmó por él.
Ante este panorama, HRW exigió a Estados Unidos que paralice las expulsiones de solicitantes de asilo y refugiados a terceros países. También instó a los gobiernos africanos a rescindir los acuerdos firmados con Washington, que a menudo implican pagos millonarios por parte del Gobierno estadounidense. Además: Trump defiende al ICE y cuestiona suspensión de controles de tráfico en EE. UU.
Un pulso judicial que se define en diciembre
El debate legal sigue abierto. El pasado 29 de septiembre, el Tribunal Supremo estadounidense autorizó al Gobierno de Trump a reactivar de manera temporal su política de enviar deportados a terceros países.
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Con esa decisión quedaron en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a las personas sobre el país al que serían enviadas y darles la posibilidad de impugnar el traslado antes de la expulsión.
Así, el programa puede continuar mientras el alto tribunal escucha en diciembre los argumentos sobre la legalidad de la política. La decisión definitiva llegaría probablemente a mediados de 2027.
Mientras tanto, las cifras siguen creciendo. Según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses, desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, más de 25.000 migrantes han sido enviados a 29 terceros países bajo esta política.
