El cierre de una tienda venezolana en Georgia refleja el temor de comerciantes y clientes ante los operativos migratorios y la caída de las ventas.
Durante siete años, el local de Laurinda Pestana fue mucho más que un lugar donde se servían empanadas y cachapas. Era una parada obligada para quienes extrañaban los sabores de casa y un rincón donde el acento venezolano se escuchaba sin pedir permiso.
Hoy esa cocina está apagada, y su dueña recorre un camino que muchos comerciantes latinos en Estados Unidos temen tener que transitar.
Pestana, madre de tres niños, había sorteado ya una prueba que parecía imposible de superar. Ella y su pareja resistieron el “vendaval” de la pandemia de la COVID-19 en 2020 y mantuvieron a flote su negocio.
Lo que no lograron esquivar fue la ofensiva migratoria del segundo mandato de Donald Trump, que terminó por obligarla a bajar la persiana de Venezuelan Store, en Alpharetta, al norte del área metropolitana de Atlanta, en el estado de Georgia. El cierre ocurrió el pasado septiembre. Además: Europa endurece su política migratoria y abre la puerta a centros de retorno en África
Para anunciarlo, la empresaria recurrió a un emotivo video en sus redes sociales. “Esto pasa debido a la situación migratoria que estamos viviendo todos los latinos y a la situación económica, que para nadie es un secreto lo que está pasando”, lamentó.
Se refería a los constantes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que han sembrado zozobra en la comunidad, y también al alto costo de la vida, que lleva a muchas familias a salir menos y a recortar gastos.
Pestana fue aún más directa. “Los clientes tienen miedo de salir a la calle a comprar o a pasear, y eso era precisamente nuestra tienda, el punto de encuentro de los venezolanos en Georgia”, manifestó. Hoy está desempleada y busca una nueva oportunidad para seguir en Estados Unidos. Lea también: Doral, el “pueblo fantasma” de Florida que se siente traicionado tras las redadas migratorias
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Cuando el miedo vacía las plazas comerciales
Su caso no es aislado. Otros empresarios hispanos han tomado medidas drásticas, como reducir su plantilla, mientras esperan que “escampe el temporal”. A la presión migratoria se suman la caída de las ventas y una creciente incertidumbre económica.
En Gainesville, una localidad del noreste de Georgia con una de las mayores poblaciones hispanas del estado, el dueño de un pequeño taller mecánico tuvo que despedir a parte de su equipo.
Se trata de Misael, un mexicano oriundo de Pachuca que además vende artesanías de su país junto con su esposa, una ciudadana estadounidense. “Han bajado demasiado las ventas, sobre todo entre los hispanos, la gente tiene mucho miedo de salir, incluso para ir a trabajar. Es demasiado triste lo que está ocurriendo”, relató. Siga informado: ICE rompe récord de arrestos de migrantes y crece la presión sobre Donald Trump
Los domingos, las plazas comerciales hispanas ya no lucen igual. Los paseos familiares son menos frecuentes y más breves, y los pequeños empresarios lo sienten en la caja registradora.
Nancy, una mexicana que vende frutas y verduras en un popular mercado a una hora de Atlanta, lo resume así: “Está muy lento el negocio por las personas que están nerviosas por lo de ICE y no están saliendo, y las ventas no están cuadrando”. Su deseo es sencillo. “En este momento estamos sobreviviendo, pero ojalá vengan mejores tiempos”.
Una mujer de origen colombiano, que dirige una empresa en Atlanta y prefirió no identificarse, recurrió a una expresión muy de su tierra. “Esto es la tapa”, dijo, para explicar que se ha llegado al límite. Y advirtió que, con las elecciones, “la situación se puede poner peor”. Además: Identifican al agente de ICE que mató al bumangués Johan Sebastián Durán en Maine
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Cifras que encienden las alarmas en Los Ángeles
Aunque no se conocen cifras actuales del impacto a escala nacional, Los Ángeles ofrece una pista contundente. En una de las ciudades con mayor población hispana del país, un informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) reveló que el 59 % de los empresarios latinos vio caer sus ventas más del 50 % después de las redadas de 2025.
Además, el 68 % cerró temporalmente o redujo sus horarios, y el 51 % aseguró que sus empleados dejaron de presentarse a trabajar por miedo.
La Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC, en inglés) ha encendido la voz de alerta. El gremio, que representa a más de cinco millones de empresas de propietarios hispanos, instó a los líderes políticos a unirse en “apoyo a soluciones migratorias bipartidistas”.
Según la organización, las empresas enfrentan “disrupciones históricas” derivadas de la crisis de seguridad pública que, a su juicio, provocan las operaciones federales de control migratorio en comunidades de todo el país. Advirtió que estas alteraciones amenazan la prosperidad compartida, en especial para los pequeños negocios locales y familiares. Además: Más de 310.000 dólares recaudados: el masivo respaldo a familia de Johan Sebastián Durán
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El negocio detrás de los centros de detención
Mientras tanto, el Gobierno federal ha movido sus fichas en otro frente. El Departamento de Seguridad Nacional compró por 950 millones de dólares tres centros de detención para migrantes en Adelanto, California, con capacidad para unas 2.600 personas. Así lo anunció este lunes GEO Group, la empresa vendedora y una de las mayores operadoras privadas de centros de detención y prisiones del país.
Aunque el complejo pasará a manos del Gobierno, GEO Group seguirá administrando todas las instalaciones, en virtud de un contrato con ICE que vence en diciembre de 2034.
La dimensión de ese vínculo es considerable, pues alrededor de un tercio de los migrantes detenidos por ICE se encuentra en centros que gestiona la compañía, y casi la mitad de sus ingresos proviene de contratos con el Departamento de Seguridad Nacional. Además: Muertes durante operativos de ICE reavivan críticas contra la política migratoria estadounidense
En medio de este panorama aparece un nombre que ha generado debate. David Venturella, director interino de ICE desde mayo de este año, trabajó en GEO Group entre 2012 y 2023 y luego fue consultor de la empresa hasta 2025.
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Su nombramiento fue criticado por legisladores demócratas, entre ellos la senadora Elizabeth Warren, quienes señalaron posibles conflictos de interés y cuestionaron una trayectoria marcada por el tránsito entre cargos en el Departamento de Seguridad Nacional y empresas privadas operadoras de centros de detención.
Tras los cuestionamientos, Venturella aseguró que vendió sus acciones de GEO Group y que se apartó de “todos los contratos y obligaciones relacionados” con los centros de detención.
