En muchas familias la autonomía de los hijos está atada a la generación de recursos propios. Una vez trabajan, toman decisiones, hay flexibilidad en el horario y empiezan a obviar la opinión de los padres y/o a aportar en los gastos de la casa. Más o menos lo mismo sucede con las entidades territoriales y el Gobierno nacional, que debe distribuir el recaudo de renta e IVA, en parte según su plan de desarrollo y en parte para atender necesidades ya definidas de los territorios. En el caso del Sistema General de Participaciones que se traslada a departamentos y municipios, los fondos están orientados a temas concretos como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, y una pequeña porción para propósito general, es decir, para lo que el municipio defina.
Sobre esas transferencias y la recentralización se ha discutido mucho, pues la Constitución de 1991 procura un modelo más autónomo y descentralizado. El SGP que hoy se gira a los entes territoriales se destina al pago de la nómina de educadores y un bajo porcentaje para programas de calidad educativa, al sistema de aseguramiento en salud y un porcentaje menor a programas de promoción y prevención o subsidios a la oferta; y, en agua potable, regularmente se dedica a cubrir los subsidios en la tarifa de los estratos más bajos y una pequeña parte a otras inversiones. Solo queda el porcentaje de propósito general (11,6 %), con el que Bucaramanga resolvió recientemente cubrir por 15 años un gasto recurrente que debía atenderse con otras fuentes, pero, en teoría, debe orientarse a programas sociales o culturales.
La discusión sobre la autonomía territorial permitió en 2024 una reforma constitucional que amplía sustancial y progresivamente la transferencia del SGP a los entes territoriales, pero esa decisión debía tener consecuencias. Los amantes de la descentralización consideramos que la Nación puede entregar más recursos y los municipios asumir la responsabilidad de atender las necesidades particulares de cada territorio, pero también es cierto que puede generar un grave impacto en la sostenibilidad fiscal, riesgos de corrupción y baja capacidad administrativa en algunos territorios y, obviamente, se necesita definir claramente las competencias para evitar duplicidades entre Nación y entidades territoriales, para lo cual se requiere una ley.

Para eso, entre 2022 y 2024 la misión de descentralización dio pautas interesantes sobre reclasificación de los municipios y pertinencia de los esquemas asociativos. Sin embargo, la ley de competencias no ha sido expedida y aún no podremos hacer realidad el país de regiones con descentralización y autonomía territorial. Lindo reto para el Ministerio del Interior y el DNP que ahora sí pueden hacer realidad este principio constitucional con toda la gradualidad, rigor y pertinencia necesarias.











