En 2025 más de 40 periodistas salvadoreños han decidido exiliarse ante amenazas de captura y acoso por parte del gobierno de Bukele.
Publicado por: Redacción Mundo
Un gremio de periodistas de El Salvador denunció este miércoles, 2 de octubre, que por lo menos 43 comunicadores se fueron del país por “miedo” a ser detenidos por su labor crítica contra el gobierno de Nayib Bukele.
En un informe denominado ‘La Curva del silencio’, la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) señaló que la mayor parte de los casos sucedió en mayo pasado, cuando fueron detenidos activistas de derechos humanos críticos del mandatario. La asociación registra los casos ocurridos entre el 1 de enero y el 9 de junio de 2025.
“Los afectados explicaron que el principal motivo para salir del país era una posible orden de captura en su contra”, además de“razones de acoso y miedo a ser detenidos”, señaló el informe de la Apes. En varios casos, los periodistas denunciaron que fueron advertidos de la supuesta existencia de una lista con nombres de comunicadores y defensores que serían “objetivos próximos de captura por parte del gobierno”.
De acuerdo con el documento, los periodistas exiliados pertenecen principalmente a medios independientes o nativos digitales, que han mantenido una postura crítica frente a la administración Bukele. Estas salidas, según Apes,se producen en un contexto de creciente hostigamiento legal y político contra la prensa salvadoreña.
#COMUNICADO 📢 La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informa que ha decidido trasladar su personería jurídica a otro país de la región para continuar con su misión de defender la libertad de prensa y expresión. #ElSalvador #LibertadDePrensa pic.twitter.com/DMyMukEAbY
— APES (@apeselsalvador) October 1, 2025
Bukele, quien mantiene altos índices de popularidad por su “guerra” contra las pandillas, acusó en junio a medios y oenegés de participar en lo que calificó como un “ataque organizado” para desprestigiar a su gobierno con denuncias de violaciones a los derechos humanos y supuestos casos de corrupción.
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La organización también anunció que decidió “trasladar” su personería jurídica “a otro país de la región” centroamericana, sin precisar cuál, para poder operar sin restricciones. La medida responde a los obstáculos impuestos por la Ley de Agentes Extranjeros, que entró en vigor el 7 de junio y que, según organizaciones de derechos humanos, busca silenciar a las voces críticas.
